Mientras las manifestaciones y huel­gas de obreros y de soldados ganan ampli­tud día tras día, en Moscú ha tenido lugar un virtual golpe de estado que “ha con­vertido a un grupo de banqueros en el ‘gobierno de facto’ de Rusia” (Fi­nancial Times, 31/10).

Ocurre que aunque la Constitución establece que, cuando el presidente esté temporalmente impedido de gobernar (Yeltsin está convaleciente de una opera­ción al corazón), sus funciones serán ejer­cidas por el primer ministro, lo que suce­de en la realidad es que “hay dos gobier­nos: el de Viktor Chemomyrdin (pri­mer ministro) y el de Anatoly Chubais (jefe de la administración presidencial)” (Le Monde, 28/10), con organismos y fun­ciones superpuestos. Y es este último el que efectivamente gobierna, aunque no cuente con ninguna atribución constitu­cional para ello. Dentro del ‘clan Chu­bais’ revista la hija menor de Yeltsin, que ha establecido un virtual ‘cerco’ sobre el enfermo y es quien decide quién tiene -o no- acceso al presidente.

El mencionado Chubais -quien fuera el responsable del ‘esquema’ de privati­zaciones que le permitió a los grandes bancos apropiarse, a precios de regalo, de las mayores empresas y yacimientos pe­troleros, diamantíferos y minerales- no es más que el representante del grupo de grandes banqueros que, según alguno de ellos mismos ha reconocido, decidió “ha­cerse del poder” para “asegurar el tránsito de Rusia a una economía de mercado que funcione” (Financial Ti­mes, 31/10).

El nuevo ‘gobierno de facto’ está integrado por los grupos Oneximbank, Most, Menatep, Alpha Bank, Stolichy Bank y Logovaz, todos ellos encabezados por grandes bancos que han diversificado sus intereses’ en el petróleo, los grandes medios de prensa, y el comercio exterior. En conjunto, controlan el 50% de la econo­mía rusa. Además del propio Chubais, otros dos de los miembros del grupo han sido designados en funciones guberna­mentales: el banquero Vladimir Potanin, del Oneximbank, ha sido puesto al co­mando de la economía; más recientemen­te, Boris Berezovsky, del grupo Logovaz (importador de automóviles, banquero, explotador de yacimientos petrolíferos y propietario, en los hechos, de la principal cadena ‘pública’ de TV), ha sido encar­gado de la cuestión chechena. Estos ban­queros decidieron el despido de Lebed después de la firma del ‘tratado de paz’ con los chechenos: según el propio gene­ral, “Berezovsky exigía continuar la guerra porque su imperio financiero se beneficiaba con ella” (Financial Times, 31/10).

La captura del poder político ruso por los grandes banqueros beneficiarios de las privatizaciones acentuó la guerra de clanes por el control de la economía. Un ejemplo reciente es la orden dictada por Yeltsin de congelar las cuentas bancarias del pulpo gasífero Gazprom por incumpli­miento del pago de impuestos. Gazprom es el principal monopolio de extracción y exportación de gas natural ruso y, a dife­rencia de otras grandes empresas energé­ticas, no se encuentra controlado por los grandes bancos. Su principal accionista es el antiguo director del monopolio sovié­tico del gas (del que Gazprom deriva di­rectamente)… nada menos que el actual primer ministro Chemomyrdin.

El ex candidato Georgi Yavlinsky de­claró que “nuestro nuevo régimen está reproduciendo las característi­cas del viejo sistema… su nombre no es bancos y televisión: es oligarquía y mafias” (Financial Times, 1/11). Inclu­so, entre los grandes capitalistas interna­cionales, el ascenso al poder de los ban­queros rusos es visto con preocupación: “Rusia marcha hacia un régimen to­talitario (que defiende) un sistema ca­pitalista de ladrones”, acaba de decla­rar George Soros (Ámbito, 30/10), uno de los financistas internacionales con mayo­res ‘intereses’ en Rusia.

“En la naciente economía de mer­cado rusa, los nuevos oligarcas han decidido asumir el poder en su propio beneficio. Los bancos tienen que te­ner sus hombres en el gobierno… (porque) el futuro de Rusia como una economía de mercado floreciente y estable está lejos de estar asegura­do”; así resume el Financial Times (1/11) el ‘pensamiento’ de los nuevos ‘gober­nantes de facto’. La violenta disputa que se libra por la propiedad tiene lugar en medio de un “serio descontento social” (ídem), que se pone en evidencia en las huelgas y manifestaciones crecientes.