No había pasado una semana de la decisión de Evo Morales de dar marcha atrás con el gasolinazo que tuvo en vilo a Bolivia durante una semana, cuando la rebelión popular contra el aumento del combustible se trasladó desde el altiplano al extremo sur del continente latinoamericano. Un acuerdo entre la estatal Empresa Nacional de Petróleo (Enap) y la privada distribuidora Gasco derivó en un incremento de casi un 17% del gas natural en las regiones de Magallanes y Antártica, las más australes del país.

La medida afecta también al transporte y otros rubros, pero castiga con dureza en particular a los hogares más pobres que lo utilizan como fuente de calefacción durante todo el año. El gas es un producto de extrema necesidad en la región. Vital para sortear las bajas temperaturas, cuenta con un subsidio especial. Magallanes es no sólo usuaria, sino que prácticamente es la única zona productora del producto en el país. “El gas es nuestro”, repiten los vecinos.

El aumento desató un levantamiento popular en las principales ciudades. Durante días, la Asamblea Ciudadana de Magallanes -donde intervienen los gremios locales, pero también entidades patronales y funcionarios municipales- impuso un plan de lucha con huelgas, piquetes y bloqueos que paralizó completamente la región. La contundencia de la medida varó a miles de turistas en Punta Arenas. Las medidas recrudecieron luego de que una camioneta, conducida por un oficial de crucero, embistiera un piquete y asesinara a dos mujeres e hiriera de gravedad a una niña y a otras tres personas. La crisis tomó un alcance nacional y forzó la renuncia de cuatro ministros (Defensa, Trabajo, Transporte y Energía). La lucha hizo recordar al Puntarenazo, que también en verano -pero de 1984- enfrentó a la dictadura de Augusto Pinochet.

El gobierno fundamenta el aumento del gas en la quiebra de la Enap (que según cifras oficiales arrastra una deuda de unos cuatro mil millones de dólares) y en la necesidad de regular el consumo de combustibles y terminar con los subsidios especiales -los mismos argumentos de Evo. “El gobierno no puede esconder la cabeza como el avestruz hasta que el gas y el petróleo se acaben”, argumentó Piñera para luego agregar que “no queremos que a Chile le pase lo que llevó a graves problemas y a la ruina de países que son mucho más ricos que nosotros, como Irlanda, Grecia y España” (Página/12, 14/1). Enap ya había anunciado el despido de 530 trabajadores, es decir el 15% de su planta nacional, muchos de ellos de la propia región de Magallanes (Dow Jones, 8/1). En la actualidad, Enap suministra cerca del 80% de las necesidades de combustible de Chile y exporta productos refinados a Perú, Ecuador y Centroamérica. Gran parte de ello se hace vía las privadas Gasco y Methanex, las que terminan llevándose la parte del león de los subsidios estatales. La trampa es que Enap compra el fluido a precios internacionales -sin relación con el costo de producción. La crisis chilena baja directa de la crisis mundial desatada por la especulación con las materias primas y la devaluación inducida del dólar por la banca norteamericana.

También se anunció, la semana pasada, el aumento del precio de las gasolinas en todo Chile. Piñera decide copiar a Morales, pese a la rebelión popular que desató el gasolinazo, por la presión de la crisis mundial. El último número de Prensa Obrera advertía que “el aumento descomunal de los precios del crudo y de la gasolina -decidido por Evo Morales- es una expresión de la incapacidad de los llamados países emergentes para seguir bancando la explosión de los precios de las materias primas, incluso no agrícolas, por medio de subsidios”. Otra manifestación de este proceso es el levantamiento popular victorioso en Túnez.

Los trabajadores petroleros de Enap denuncian que el cacareo sobre la inviabilidad de la empresa es para preparar su privatización, lo que obliga al gobierno a asegurar a los futuros inversores los mayores márgenes de ganancia posibles. Codelco, la principal compañía estatal del cobre chileno, acaba de desprenderse en un 40% de Edelnor, una empresa eléctrica que forma parte de un activo estratégico para la compañía.

Hasta el momento, todas las tentativas mediadoras se hunden en el fracaso. La mayoría de la Asamblea rechazó las propuestas del gobierno de bajar el alza del hidrocarburo a un 3%, equivalente a la inflación de 2010, y establecer una mesa de trabajo para elaborar un ajuste tarifario a largo plazo. Exigen que se congele completamente la medida y no haya ningún aumento. Una minoría de la Asamblea -integrada por los alcaldes y empresarios del comercio y turismo- ha llamado a acatar la propuesta del gobierno y abandonar la lucha. En la misma línea están los partidos de la Concertación, que depositan sus esperanzas en la gestión de Laurence Golborne, ministro de Minería que ahora también se hizo cargo de la cartera de Energía. Golborne se hizo famoso por su gestión con los mineros del norte. Mientras tanto, invoca la ley de Seguridad Interior (uno de los tantos legados jurídicos de la dictadura pinochetista) para militarizar la zona y desactivar los piquetes que, pese a todo, se mantienen firmes. En los últimos días hubo manifestaciones de solidaridad en varias ciudades del país. Trabajadores petroleros, metalúrgicos y del cobre están discutiendo sumar medidas de lucha nacionales en solidaridad con el pueblo magallánico.