El gobierno de Bauzer ha desato una une campaña represiva en la zona del Chapare, donde los cocaleros vienen resistiendo la política de “Coca Cero”, que busca erradicar las plantaciones de coca, único medio de subsistencia de 45.000 campesinos de la zona.

Para acentuar su política represiva, el gobierno ha denunciado supuestos secuestros de militares y policías, acusando a los dirigentes cocaleros que encabezaron el último levantamiento campesino en la zona. Siete de los dirigentes han sido arrestados y se están realizando razzias masivas que han obligado a la población masculina de varios pueblos a esconderse. Diversos organis­mos de derechos humanos han denunciado el saqueo de domi­cilios allanados por las fuerzas de seguridad y diversos atrope­llos contra mujeres y niños.

Ahora las FF.AA. están re clamando que se decrete el estado de sitio en la zona, para militarizarla. Simultánea­mente, han pedido el desafuero del diputado Evo Morales, dirigente del movimiento cocalero, acusado de llamar a la autodefensa armada.

El movimiento cocalero ha resuelto, en un plenario ampliado, iniciar el 6 de noviembre una huelga de hambre en la ciudad de Cochabamba y realizar el 13 una marcha campesina a esa ciudad con el reclamo de la libertad de los presos, por el retiro de las fuerzas represivas de la zona y en repudio al plan de “Coca Cero”. La Csutb, Confedera­ción campesina que preside Felipe Quispe, decidió apoyar a los cocaleros. Un pronuncia­miento similar se votó en el Seminario Internacional, Denunciamos la ofensiva represiva y reclamamos la li­bertad de los cocaleros pre­sos.