¿Quién es el verdadero responsable del atentado que destrozó el Mahané Yehuda en Jerusalén? Apenas tres días antes, The Economist (28/7) hablaba de “una explosión en espera”.

El responsable es el gobierno sionista de Netanyahu. En marzo pasado, después del ‘retiro’ sionista de Hebrón —donde quedó una fuerte guarnición israelí para‘proteger’ a un puñado de colonos sionistas enclavados en medio de la población palestina—, Netanyahu relanzó su agresiva campaña de asentamientos en los territorios palestinos. El más famoso es el complejo habitacional del Har Homa, en el corazón del sector árabe de Jerusalén. Se trata simplemente de una provocación, porque “la política de las construcciones civiles no obedece a las necesidades reales de la población israelí, sino a la intención de ‘ocupar’ tierras palestinas en discusión” (El Cronista, 1/8). Distintas informaciones dan cuenta de que la mayoría de las últimas construcciones se encuentran desocupadas. La retomada de la política de asentamientos bloquea, desde hace cuatro meses, las negociaciones entre los palestinos e Israel.

En junio, Netanyahu publicó un mapa de las tierras que su gobierno estaba dispuesto a devolver a la Autoridad Palestina: mucho menos de la mitad de los territorios ocupados en 1967.

Durante todos esos meses, el gobierno sionista se negó a liberar a los presos palestinos, un compromiso establecido en los ‘acuerdos de Oslo’.

Finalmente, Netanyahu hizo votar una ley que impone la necesidad de una mayoría de dos tercios de los votos parlamentarios y un plebiscito, para aprobar un eventual retiro israelí del Golán.

No es exagerado, por lo tanto, sostener que el atentado fue ‘buscado’ por el régimen sionista para liquidar las negociaciones pendientes con los palestinos, que deberán resolver cuestiones tan espinosas como el ‘status final’ de Jerusalén, el destino de los asentamientos sionistas en Cisjordania, el retorno de los cuatro millones de refugiados palestinos y el dominio de las escasísimas fuentes de agua de la región. O al menos, para imponerle a la Autoridad Palestina “condiciones que significan una virtual rendición”: “impedir que cualquier parte de Jerusalén se convierta en la futura capital palestina; mantener más de la mitad de Cisjordania; ligar los asentamientos judíos a las instalaciones militares y condenar a las áreas bajo administración palestina a una inviable colección de cantones” (Financial Times, 1/8).

Pero para el imperialismo en su conjunto, “no existe alternativa al cuadro, sin duda imperfecto, de los acuerdos de Oslo” (Le Monde, 1/8).

El gobierno de Netanyahu está profundamente dividido. Poco antes del estallido de la bomba, su gobierno superó, por un muy estrecho margen (55 a 50), un ‘voto de confianza’ parlamentario: “nueve miembros de la coalición (de gobierno) se rehusaron a proclamar su confianza. Incluso entåre los 55 leales, algunos están discutiendo abiertamente la posibilidad, y la conveniencia, de remover al primer ministro” (The Economist, 28/7). El régimen sionista carece de ‘músculo’ para llevar a término la política que plantea Netanyahu, incluso desde el punto de vista militar: “el mes pasado, los comandantes militares israelíes, después de unos‘juegos de guerra’ para determinar la factibilidad de retomar (las zonas administradas por la AP), llegaron a la conclusión de que el precio en bajas israelíes sería muy alto” (Financial Times, 1/8).

En este cuadro, aparece inevitable una crisis política. Esto ya se expresa en la fractura del gabinete, en los rumores de un gobierno de coalición con los laboristas y en”las discusiones de un plan, entre Sharon (miembro del gabinete) y la oposición, para destituir al primer ministro” (O Estado de Sao Paulo, 21/7).

Brutal represión contra el pueblo palestino

A una semana del atentado, los servicios de inteligencia sionistas aún no han logrado identificar a los comandos que lo cometieron; ni siquiera han logrado establecer de dónde llegaron: si de los territorios administrados por la Autoridad Palestina, de los ocupados por Israel, del sur del Líbano o, directamente, del exterior.

Nada de esto impidió, sin embargo, que con la excusa del atentado, el Estado sionista lanzara una bárbara campaña represiva contra el pueblo palestino, que no mereció la más mínima condena de las ‘democracias’ occidentales.

En las horas siguientes al atentado, fueron detenidos —virtualmente secuestrados— centenares de militantes palestinos. Ninguno de los detenidos, que se sepa, tenía ninguna relación con el atentado. En las cárceles sionistas, los presos palestinos son sistemáticamente torturados … como lo autoriza la ley israelí.

Al mismo tiempo, Israel cerró las fronteras y prohibió el acceso de los palestinos que trabajan en Israel. También prohibió el ingreso de cualquier producción de Cisjordania a Israel. Esto equivale a condenar a la miseria y al hambre más extrema a los millones de palestinos que dependen enteramente de los ingresos que obtienen en Israel. Para reforzar el ahogo económico, Israel bloqueó ilegalmente los impuestos que recibe la Autoridad Palestina, “que corresponden a los impuestos que pagan los trabajadores palestinos y sus empleadores israelíes en Israel, el IVA sobre productos vendidos en Israel, impuestos aduaneros y otros que fueron fijados y acordados como de mutuo interés al firmarse los acuerdos entre Israel y la OLP” (Clarín, 3/8).

El Estado sionista le ha dado, asimismo, ‘carta blanca’ a la extrema derecha religiosa para atacar a los palestinos: el grupo Kach al que pertenecía Baruch Goldman, el hombre que masacró a decenas de palestinos en la mezquita de Hebrón— secuestró a cuatro palestinos de la localidad de Dahariye (de donde se suponía inicialmente que provenían los comandos que volaron el mercado) y los asesinó a sangre fría.

En nombre de la ‘preservación de los acuerdos de paz’, Arafat se ha adaptado a esta política: apenas ocurrido el atentado, fue retomada la coordinación de los organismos de inteligencia sionista y palestino, que había sido puesta en suspenso como consecuencia del bloqueo de las negociaciones durante los últimos cuatro meses.