Cuando Vladimir Putin llegó al poder en Rusia, a fines de 1999, promovido por la KGB y los “ministerios de fuerza”, decíamos entonces en Prensa Obrera que la desintegración del Estado… es el resultado de la restauración capitalista, que tiene por eje el acaparamiento privado de los recursos y patrimonio del Estado. Para una gran parte de los noveles capitalistas rusos, el Estado central ruso no representa una protección suficiente de sus intereses adquiridos, ni mucho menos una garantía. Esto explica que cada región administrativa de Rusia se encuentre bajo el control de la oligarquía local, más que del gobierno nacional.” (Jorge Altamira, “Todo el poder a los servicios”, en Prensa Obrera, 13/1/2000).

Para alcanzar sus objetivos de contrarrestar la desintegración estatal, Putin desató una sangrienta guerra en Chechenia; impuso el monopolio estatal de la información y “apretó” a la prensa; limitó los poderes casi ilimitados de los gobernadores regionales. Al mismo tiempo, estableció una alianza con el desplazado “clan Yeltsin”, uno de cuyos representantes, Alexandr Voloshin, fue designado como jefe de la administración presidencial, y estableció un “pacto de no agresión” con los oligarcas por el cual las privatizaciones delictivas de los 90 (el 80% de todas las privatizaciones, según la Corte de Cuentas rusa) no serían revisadas. En el plano internacional, Putin acentuó la alianza con Estados Unidos, a quien apoyó en forma irrestricta en la llamada “guerra contra el terrorismo” y en la invasión a Afganistán.

Balance

Pasados tres años, ¿cuál es el balance? “Putin heredó una Rusia débil del presidente Yoltsin en el 2000, y el país ha continuado en una espiral descendente (…) Rusia es una nación que se desintegra lentamente, que se muere…’’ (Stratfor, 31/10).

 

En Chechenia, la guerra no ha resuelto nada. En las recientes elecciones, realizadas bajo ocupación militar, el candidato de Putin sólo se impuso después de que los restantes candidatos se retiraron, comprados o amenazados, y los dirigentes y activistas opositores fueran encarcelados o asesinados.

La llamada “frontera sur” (Georgia, Azerbaiján, Kazajstán y las ex repúblicas soviéticas de Asia Central) escapa al control del Kremlin bajo la presión de los intereses petroleros promovidos por los Estados Unidos.

La economía rusa, bajo el control de los oligarcas, sufre un marcado retroceso (el crecimiento del PBI cayó del 8,5 al 3,5% en un año) y está en las vísperas de una nueva crisis financiera de envergadura.

Jodorkovsky, el principal oligarca ruso, venía demostrando una creciente influencia política en la campaña por la privatización de los oleoductos y, por sobre todo, en el éxito con que bloqueó en el parlamento los intentos gubernamentales de imponer un impuesto extraordinario a las petroleras.

Al mismo tiempo, Jodorkovsky desplegaba una creciente influencia en la política exterior. El representante de los oligarcas en el Kremlin, Voloshin, era un abierto partidario de la integración de Rusia en la “coalición que invadió Irak.

De conjunto, la tendencia de las regiones a separarse de Rusia, el creciente peso de los norteamericanos en el Asia Central, la crisis económica, y la amenaza, representada por Jodorkovsky, del retorno de los oligarcas al poder político, muestran el fracaso de Putin en imponer los objetivos del golpe de 1999. Las tendencias centrifugas desatadas por la restauración del capital se demostraron mas fuertes que todos los poderes del presidente, la KGB y los ministros de la fuerza.

Es en estas condiciones de crisis del régimen y el Estado que Putin lanza su segundo golpe, bajo la forma de la detención de  Jodorkovsky y la incautación de sus acciones en la Yukos.

Guerra

Putin oficiaba de árbitro entre los oligarcas y los “ministerios de fuerza”. Pero con el encarcelamiento del magnate Jodorkovsky,  Putin ha quedado como prisionero de los servicios y, por lo tanto, con menores márgenes de acción.

Como hace notar K. S. Karol, “no todo el gobierno es la KGB” (El Pàis, 3/11). La camarilla de liberales de San Petersburgo, llevada a Moscú por Putin a comienzos de su gobierno, ocupa ahora el papel que tenía la oligarquía en el esquema de gobierno anterior. Su jefe, Medvedev, ha tomado el lugar de Voloshin al frente de la todopoderosa administración presidencial. Pero “la fracción liberal del Kremlin no está dispuesta a dejar que el oscuro clan de los “silovici” (los ministerios de fuerza) maneje el país sin oposición” (The Moscow Times, 31/10). Esto explica las sensacionales declaraciones de uno de sus miembros, el ministro de desarrollo económico Arkady Dvorkovich, cuando advirtió a los inversores externos que es riesgoso hacer negocios en Rusia” ya que “existe el riesgo de que los pecados del pasado sean reexaminados y este riesgo debería ser incluido en los cálculos” (ídem).

Para algunos, la crisis terminará en una nueva tregua entre Putin y los oligarcas. “A pesar de un sustancial influjo de sangre nueva en la elite política, la naturaleza del proceso político y la interacción entre la elite política y los grandes negocios, no cambiará en lo fundamental. Estas relaciones volverán al acuerdo informal alcanzado en el 2000. bajo el cual los empresarios se abstenían de mezclarse en política y las autoridades no interferían en las cuestiones de negocios” (The Moscow Times. 6/11).

Pero la mayoría de los observadores considera que el encarcelamiento de Jodorokovsky fue el primer paso de una guerra por el reparto de la propiedad. Distintos funcionarios advirtieron que las licencias de explotación de la petrolera Yukos pueden ser canceladas. El ministro de Inter ioi. Boris Grvzlov, fue más lejos cuando dijo que ios recursos naturales nunca han sido privatizados” (The Moscow Times, 30/10). “Todos los recursos naturales que posee Rusia. declaró Grvzlov no pertenecen a ninguna corporación ni a ningún individuo sino a pueblo de Rusia (…) las corporaciones los administran pero esto no significa que pue-dan pnvatizar sus beneficios” (ídem). En Rusia, nadie se hace ilusiones sobre el significado de estas palabras: “son un intento del clan de San Peteraburgo de redistribuir la riqueza de la nación en su propio beneficio” (ídem). Lo más importante, sin embargo, es que las declaraciones de Gryzlov dejan en claro la enorme fragilidad social de la oligarquía y la precariedad de la transición al capitalismo tomada de conjunto.

 

La negativa de Jodorkovsky a abandonar Rusia, su renuncia a los cargos en Yukos y su declaración de que en adelante se dedicara a las actividades públicas” son un indicio de que la oligarquía está dispuesta a presentar batalla. Algunos medios autorizados anticipan que la guerra por la redistribución de la propiedad durará un período prolongado y que cada bando recurrirá a todos los medios a su alcance, incluidas sus alianzas con el capital internacional y las cancillerías occidentales. Así, la crisis rusa vuelve a convertirse en un factor de primer orden de la crisis mundial.