“De la crisis hemos pasado al caos. Hoy Uruguay tiene un caos económico, un caos en la producción, un caos social, un caos financiero, y el gobierno está sumergido en un caos político que no es mayor por tener una fuerza política de oposición muy seria, muy responsable, leal institucionalmente y con una gran madurez” (Tabaré Vázquez, declaraciones radiales reproducidas en Brecha, 26/7). El máximo dirigente del Frente Amplio-Encuentro Popular no falta a la verdad en su descripción del derrumbe del régimen social y político de Uruguay; mucho menos cuando afirma que el eje de la “gobernabilidad” del Uruguay reside en el sostén del FA-EP a un gobierno repudiado.

El FA-EP, subraya Brecha, desarrolla “una enorme colaboración en evitar la profundización de la crisis”. Y lo hace con plena conciencia de los intereses que defiende: “Por más que trabajemos para defender la estabilidad política – dijeron legisladores del Partido Socialista y del MPP – tenemos bien en claro que la actual línea económica no depende del flaco Atchuigarry (nuevo ministro de Economía); depende de lo que diga el FMI” (ídem).

El FA-EP respaldó en forma “expresa” (ídem) al nuevo ministro de Economía (a sabiendas de que es un títere del FMI) e integró una “Comisión” formada a instancias del nuevo ministro con la coalición de gobierno, la asociación de banqueros, para estudiar los mecanismos de salvataje de la banca. La participación de los banqueros anticipa quienes van a ser los beneficiarios de las “soluciones” que encuentren los partidos uruguayos. En esta “Comisión” también revista la dirección del sindicato bancario (AEBU): la burocracia sindical frenteamplista lleva a los trabajadores bancarios a remolque de los banqueros que saquearon Uruguay.

El FA-EP está dispuesto a llegar mucho más lejos en el cogobierno. En las últimas semanas hubo insistentes versiones de que el gobierno le ofrecería un puesto en el directorio del Banco Central: “Existe una corriente de opinión notoriamente mayoritaria en la izquierda dispuesta a colaborar con la ‘tarea de contralor’ en el BCU” (ídem), el organismo encargado de la ‘tarea sucia’ de salvar a los bancos en quiebra… con el dinero del presupuesto.

Esta “enorme colaboración” de la Izquierda Unida uruguaya con el régimen político de los banqueros y el FMI obedece al hecho de que en la última semana la crisis se aceleró violentamente: en los tres días que fueron del despido de Bensión a la designación de Atchuigarry, los bancos perdieron depósitos por 260 millones de dólares, lo que ha llevado al establecimiento de un corralito de hecho para los depósitos superiores a los 2.000 dólares; las reservas del BCU cayeron por debajo de los 800 millones de dólares (a principios de año había más de 3.000 millones); el “riesgo país” llegó a los 2.700 puntos; la cadena de pagos se quebró en varios eslabones y el Estado se encuentra en cesación de pagos interna: los hospitales, la Universidad y la policía han dejado de recibir fondos y el pago de los sueldos de los estatales y las jubilaciones de fin de mes depende del adelantamiento del giro de préstamos comprometidos por el FMI.

En este cuadro de derrumbe, cuando la inflación devora los salarios, la desocupación crece, la educación y la salud se derrumban y los salarios y las jubilaciones no se pagan, cuando el pueblo reclama “que se vaya Batlle” y comienzan los escraches a los bancos y las asambleas autoconvocadas de ahorristas, el papel del FA y de la burocracia sindical frenteamplista es decisivo: maniatar a las organizaciones de masas para impedir que los explotados uruguayos intervengan en la crisis política en defensa de sus reivindicaciones.

El objetivo conscientemente contrarrevolucionario del FA-EP es impedir que en Uruguay aparezcan trabajadores piqueteros, Asambleas Populares, manifestaciones de ahorristas, ocupaciones de empresas en quiebra, es decir que se reproduzca el vasto movimiento de luchas populares independientes que en Argentina ha transformado un colapso financiero en una crisis de poder.