24/04/1997 | 536

‘Sin tierra’ copan Brasilia

La marcha de los campesinos ‘sin tierra’ que llegó a la capital brasileña es la mayor manifestación política de masas que ha debido enfrentar el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.


Decenas de miles de campesinos, provenientes de todos los rincones del país, ocuparon la plaza que se extiende frente al Congreso, donde planean permanecer por dos semanas, después de transitar a pie distancias de hasta 2.000 kilómetros.


La marcha campesina entró en Brasilia al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Carajás, en la cual 19 ‘sin tierra’ fueron asesinados a sangre fría por la Policía Militar. Ningún policía ha sido juzgado —mucho menos condenado— por esta masacre. La justicia militar cerró el caso; en cuanto a la justicia civil, «la primera década del siglo XXI es una fecha optimista» para el dictado de la sentencia (Folha de Sao Paulo, 17/4). Desde la creación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, más de 1.600 de sus militantes y dirigentes fueron asesinados por la policía y las bandas armadas de los terratenientes; sólo hay tres responsables condenados.


La masividad de la marcha campesina obligó a Cardoso a reunirse con la dirección del MST, al que todo el gobierno calificaba —hasta hace pocas semanas— como «criminal» por organizar la ocupación de tierras. Este encuentro fue caracterizado como «la primera derrota del gobierno en sus veintiocho meses y medio de vida» (ídem).


La marcha campesina —que empalmó con el inicio de un importante movimiento huelguístico en Santos, el principal puerto del país— contó con el apoyo y la adhesión de varias decenas de miles de trabajadores, que manifestaron en Brasilia junto a los ‘sin tierra’. Los desocupados, los trabajadores sindicalizados y los estudiantes encontraron en la marcha campesina un canal de movilización que ni la CUT (la central sindical dirigida por el PT) ni los propios sindicatos fueron capaces —o tuvieron la voluntad— de abrir.


La satisfacción de las más elementales reivindicaciones de los ‘sin tierra’ plantea la necesidad de un programa claramente anticapitalista, que unifique en una lucha común a los explotados del campo y la ciudad.


Cuando la marcha campesina se acercaba a Brasilia, Cardoso prometió «acelerar la reforma agraria» si los campesinos suspendían las ocupaciones de tierras. En la actualidad, más de 50.000 familias campesinas, en 168 campamentos en todo el país, se encuentran ocupando haciendas o viven en campamentos precarios al borde de los caminos.


Según el gobierno, la ‘aceleración’ de la reforma permitiría asentar a 180.000 familias para fines de 1998, a un ritmo de 18.000 familias por mes. Pero según sus propias estadísticas, apenas asentó a 32.000 en todo el año pasado y, según los ‘sin tierra’ sólo asentó a 12.000.


Con cuatro millones de familias sin tierras, lo que Cardoso está ‘prometiendo’ es que, incluso en el mejor de los casos, la solución de la cuestión de la tierra llevará varias décadas. Para colmo, el presupuesto de 1997 establece una reducción del 25% de las partidas destinadas a financiar el asentamiento de familias campesinas (Folha de Sao Paulo, 16/4).


Esto no es todo, sin embargo, pues los campesinos asentados no reciben créditos para iniciar la producción y, además, deben sufrir las consecuencias de que los mercados de insumos para el campo, y de productos cosechados, estén dominados por los latifundistas, lo cual los pone en el riesgo de ir a la quiebra y sufrir una nueva expropiación. Es lo que ha ocurrido con los pequeños campesinos que apenas cuentan con una pequeña parcela: más de 800.000 pequeños propietarios fueron expulsados de sus tierras desde que Cardoso llegó al gobierno. Así, el gobierno que promete ‘acelerar la reforma agraria’ es el protagonista de una de las mayores expropiaciones de campesinos de la historia rural brasileña.


Cardoso tampoco puede darle una solución a los campesinos a través de la promocionada reforma al impuesto a la propiedad rural, que sufre una evasión del 85%. El nuevo régimen eleva las tasas, pero deja en manos de los propios terratenientes la fijación del valor de la tierra gravada.


En una reunión que sostuvo en mayo de 1996 con los representantes del Movimiento Sin Tierras, Cardoso ‘prometió’ destinar 234 millones de reales para la reforma agraria, movilizar a su bancada parlamentaria para aprobar tres leyes reclamadas por los ‘sin tierras’ y castigar a los responsables de las masacres de Corumbiará y Carajás, en las que fueron asesinados decenas de campesinos. Casi un año después, se destinaron apenas 40 millones, las tres leyes duermen en el Congreso y los responsables de las masacres continúan en libertad.


Contra todas las ‘promesas’, nuevas y viejas, de Cardoso, la situación en el campo se ha agravado. Los terratenientes arman sus propias bandas con el apoyo de las policías y los jueces locales, mientras que los dirigentes del movimiento campesino son sometidos a juicio y detenidos. Los campesinos responden ocupando las haciendas y tierras públicas.


Este cuadro de guerra civil es la consecuencia del abismo insuperable que existe entre los intereses de los grandes terratenientes y las reivindicaciones más elementales de la enorme masa de campesinos expropiados, sin tierras, que viven en condiciones de extrema miseria en los campamentos al borde de los caminos o en las haciendas ocupadas. El 2% de los propietarios posee el 50% de las tierras de labranza brasileñas.


El conjunto de los grandes capitalistas financieros e industriales respaldan a los terratenientes en su lucha contra los campesinos. No sólo por la defensa abstracta del ‘derecho de propiedad’, vulnerado por las ocupaciones de tierras, sino también por sus intereses concretos.


Los títulos de propiedad de la tierra respaldan créditos bancarios e hipotecas por billones de dólares, que se desvalorizarían instantáneamente si esas tierras pasaran a manos de los trabajadores. Existe, además, una íntima asociación entre los grandes terratenientes y la élite financiera e industrial, ya que una buena parte de las tierras improductivas del Brasil está constituida por ‘inversiones’ de los financistas e industriales de San Pablo y Río, que las guardan como ‘reserva de valor’. Resulta evidente que el gobierno de Cardoso —que representa a estos intereses y que está integrado por estos hombres— no tiene la menor intención de satisfacer las reivindicaciones campesinas.