El gobierno de Evo Morales ha tenido un comienzo bastante distinto a los de Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez o incluso Chávez. Lula, que llevaba como vice a uno de los principales capitalistas brasileños, ya antes de asumir había puesto su firma a un acuerdo con el FMI, y enseguida anunció un gabinete de industriales, terratenientes y banqueros, que hizo las delicias de las Bolsas de San Pablo y de Nueva York. El presidente argentino, por su lado, comenzó su mandato ratificando a más de la mitad del gabinete de Duhalde, o sea de los monopolios exportadores y del pulpo Techint. Tabaré, exponente de la izquierda democratizante unificada de Uruguay, puso a un agente del FMI en el Ministerio de Economía y a diversos funcionarios colorados y blancos en otros lugares estratégicos del aparato estatal. Hasta el propio Chávez tuvo que esperar al golpe de abril de 2002 y al ‘lock-out’ patronal de finales de ese año para enfrentarse a una verdadera crisis política y al inicio de una ‘revolución bolivariana’. La inauguración del gobierno del MAS de Bolivia, en cambio, hundió las cotizaciones de Repsol en casi un 15%, por dos mil millones de dólares, en pleno auge del precio internacional del petróleo y del gas. Sólo una semana más tarde, el anuncio, por parte de otra petrolera, la norteamericana Exxon, de las ganancias trimestrales más altas de la historia del capitalismo, hacía subir todo el panel general de Wall Street.

 

Aunque la historia tenga tendencia a repetirse, no siempre lo hace de la misma manera. El centroizquierdista Morales no llega al gobierno de Bolivia en las mismas condiciones históricas de sus otros compañeros de ideas.

 

Repsol se va a la guerra

 

Andrés Solís Rada, el ministro de Hidrocarburos del Altiplano, interpretó el anuncio de Repsol, que daba cuenta de una reducción en el cálculo de sus reservas de petróleo y gas, como un reconocimiento de la propiedad estatal de los combustibles y como un paso hacia la nacionalización de los hidrocarburos. Repsol contabilizaba como propias las reservas de los yacimientos que explota en Bolivia, porque los consideraba de su propiedad, no sujetos a las disposiciones de la legislación boliviana. Solís Rada denunció incluso que los contratos de exportación de gas licuado, que Repsol decía haber firmado con México, habían sido fraguados con el mismísimo presidente Fox, con la única finalidad de aumentar el cálculo de reservas comprobadas y por lo tanto la cotización bursátil de Repsol. Según la prensa boliviana, Solís Rada es el primer ministro de Hidrocarburos que no ha sido designado por las petroleras en los últimos cuarenta años. El funcionario ya ha dicho que desconoce a la Cámara que las representa.

 

La ‘movida’ de Repsol, sin embargo, es la clásica de los capitalistas que se disponen a ‘dar pelea’. Al afectar una parte del valor de su capital, pretende aislar la futura cotización de la empresa de las alternativas de la re-negociación de los contratos que deberá encarar en Bolivia. El gobierno de Evo Morales no solamente pretende cobrar mayores impuestos sino también establecer un “precio fiscal” de los combustibles, para contrarrestar las maniobras de subfacturación. Ha anunciado también una modificación legal que le permite al Estado definir los compromisos de inversión de las empresas. Los pulpos petroleros rechazan esta tentativa ‘estatista’ de redistribución de la renta petrolera. Por de pronto, han paralizado por completo sus inversiones. Por otro lado, Repsol ha vuelto a anunciar el propósito de exportar gas licuado desde sus yacimientos en Perú. En forma coincidente, el presidente del ‘movimiento cívico’ de Santa Cruz de la Sierra, Germán Antelo acaba de tomar partido abiertamente a favor de los reclamos de los pulpos: “Advirtió que no permitirá la política del gas ‘made in Caracas’”. Los intereses nacionales no pueden subordinarse a amistades o alianzas partidarias. Tenemos el derecho a defendernos” (Los Tiempos, 31/1). Repsol, Petrobras y la francesa Total tienen un frente único, que se acaba de manifestar en un ‘coloquio’ del Banco Mundial en París. Los anuncios de un gasoducto que bajaría desde Venezuela tienden claramente a cercar al proceso boliviano. La suba espectacular de las acciones de Techint no obedece tanto a la perspectiva de contratos que ofrece este quimérico proyecto, como a la circunstancia de que pone de manifiesto un frente único de Lula-Kirchner-Chávez para condicionar el proceso boliviano. Desde otro ángulo, en un ‘replay’ de lo ocurrido con la crisis bancaria en Argentina, los yanquis ‘miran desde afuera’, probablemente para aprovechar la ‘desgracia’ de sus competidores.

 

Es decir que luego de la publicitada gira de Evo Morales por América Latina y Europa, la ‘guerra del gas’ no se ha atenuado. En oposición a esta ofensiva de los pulpos petroleros y de sus gobiernos contra los proyectos del gobierno boliviano, planteamos la confiscación de los pulpos petroleros y la gestión obrera.

 

Renegociar el coloniaje

 

Una reciente declaración del flamante presidente de YPF de Bolivia define con toda claridad el contenido del proyecto nacionalista. Jorge Alvarado afirma que el propósito es “reconstruir” la empresa de petróleo boliviana para convertirla en una Petrobras, o sea gestionada como una empresa privada. El capital de Petrobras, aunque de mayoría estatal, está bajo el control de la Bolsa, más específicamente de los fondos de inversión de los Estados Unidos, que tienen el 49% de sus acciones. De acuerdo a algunas informaciones, la participación privada sería, incluso, de cerca del 70%. De cualquier modo, su actividad es regulada por el capital financiero internacional.

 

Pero incluso para convertirse en una Petrobras, Alvarado debería propugnar una medida que rechaza en forma absoluta: recuperar las instalaciones y redes de distribución de YPFB que fueron entregadas (‘capitalizadas’) a los pulpos, siguiendo el modelo de las privatizaciones menemistas. El parque industrial petrolero de Bolivia es virtualmente el que existía en el período anterior; las nuevas inversiones son mínimas y se encuentran atadas a préstamos extranjeros. Sin recuperar la condición anterior de YPFB, lo único que le queda al gobierno de Morales es una suerte de Enarsa, o sea un sello administrativo. Querer convertir a este sello en una empresa operativa real a fuerza de capitalizar el cobro de regalías, es un proyecto sin destino; lo más probable es que se convierta en una canal de desvío de los fondos que deberían ir al presupuesto estatal. Las limitaciones enormes del planteo nacionalista oficial dejan como única alternativa al despojo privatista la estatización de todos los recursos naturales, sin indemnización, bajo gestión de los trabajadores. En esta perspectiva alternativa reside la fuerza de la reivindicación de nacionalización integral sin indemnización.

 

La llamada renegociación de los contratos de petróleo deberá ocupar los próximos seis meses, precisamente cuando debe reunirse la Asamblea Constituyente. La crisis que se avecina tiene, desde el vamos, una forma política definida. El flamante prefecto de Santa Cruz, que responde a la derecha terrateniente y a los pulpos petroleros, ya declaró que pretende que se le otorgue a las provincias potestad sobre el régimen de propiedad, no solamente con la vista puesta en los yacimientos de petróleo sino en la propiedad agraria. La disputa por la tierra es fundamental en Santa Cruz, y la oligarquía no esconde que quiere los recursos políticos para una guerra civil. La unidad nacional de Bolivia, sobre la base de estas pretensiones, se convierte en una pura ficción. La cuestión de la unidad del país exige la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y la confiscación de los terratenientes. Una lucha por la tierra daría un fuerte impulso a los movimientos sin tierra del lado brasileño.

 

La cuestión del poder

 

El gobierno de Evo Morales no apunta a desarrollar estas contradicciones a favor de una mayor y más decidida acción popular sino a contenerlas. Se trata de un gobierno pequeño burgués de contenido capitalista, lo que en definitiva significa un acuerdo con el imperialismo. La prueba más clara de ello es que se ha echado atrás del compromiso de triplicar el salario mínimo a 1.500 pesos bolivianos (550 pesos argentinos). Reclama mantener la “estabilidad económica” (equilibrio fiscal) para desarrollar sus proyectos. Pero esos proyectos no dependen de la “estabilidad económica” sino de la movilización popular; los capitalistas podrían acabar con esa ‘estabilidad’, cuando lo necesiten como medio de presión, con una ‘corrida’ bancaria y cambiaria. Otra prueba de la tentativa de contener un proceso popular es la designación como ministro de Abel Mamani, que había sido presidente del Frente de Juntas Vecinales del Alto. Mamani está acusado de sabotear la municipalización del servicio de aguas y de haber favorecido a la empresa con un aumento faraónico de la tarifa de levantamiento de la basura. Curiosamente, antes de conocer, claro, que sería nombrado funcionario, Mamani había pronosticado públicamente un fracaso inevitable al gobierno de Evo Morales.

 

El flamante gobierno radió de las fuerzas armadas a los mandos que autorizaron la salida de misiles bolivianos para ser desmantelados en Estados Unidos, pero se detuvo allí, cuando hay una exigencia popular de castigo a los que perpetraron las masacres de 2003 y cuando toda la situación política exige neutralizar al aparato armado de la oligarquía y proceder a un armamento de los trabajadores. El nuevo ministro de Defensa es un viejo privatizador, que sólo alega en su favor “el derecho a cambiar de campo”.

 

En Bolivia está planteada una lucha por la independencia nacional y por la satisfacción de las necesidades de tierra, pan y techo para las masas. Por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y la gestión obrera; por la confiscación de los terratenientes y la entrega de la tierra a los campesinos; por un salario mínimo y móvil de 1.500 pesos y por el reparto de las horas de trabajo. Para desarrollar estas tareas es necesario construir una alternativa obrera y socialista al gobierno de Evo Morales. En Bolivia se encuentra planteada la tarea de formar un bloque revolucionario para intervenir en la Asamblea Constituyente, no ya con métodos parlamentarios sino formando comités de bases en las ciudades y en el campo. Hay que preparar en forma sistemática la emergencia de un gobierno obrero-campesino.