Las grandes potencias capitalistas están mostrando por estos días sus límites insalvables a la hora de enfrentar la pandemia de coronavirus. La privatización de los servicios de salud y el deterioro del sistema público, sobre todo a partir de los recortes presupuestarios posteriores a la bancarrota de 2008, ilustran cómo la crisis mundial y la gestión capitalista se transforman en un factor agravante de la enfermedad.

Después de varios intentos por subestimar el alcance de la pandemia, el presidente Donald Trump se vio obligado a declarar la emergencia nacional en los Estados Unidos, que libera 50 mil millones de dólares para asistencia sanitaria. En paralelo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que establece test gratuitos (aunque sólo disponibles para personas con síntomas), un reforzamiento del seguro de desempleo y de la asistencia alimentaria (este punto es importante debido a que las escuelas han cerrado), y licencias pagas para aquellos que están infectados por coronavirus o que tienen a su cargo algún familiar enfermo. En la principal potencia capitalista del mundo no existían hasta hoy las licencias pagas. Más aún, estas licencias serán sólo por dos tercios del sueldo (NBC, 14/3), o sea que implican una rebaja salarial. Y excluyen a millones de trabajadores, porque sólo valen para empresas de menos de 500 empleados, en tanto que aquellas compañías que tienen menos de 50 trabajadores pueden solicitar una exención si se ponen en riesgo sus negocios. Aun con todos los “peros” de la ley votada por demócratas y republicanos en Representantes, el bloque que responde a Trump en el Senado quiere diluir aún más la iniciativa en esa cámara en nombre de los intereses de la pequeña y mediana empresa.

El trasfondo de estas decisiones es la bancarrota del sistema de salud yanqui. En las vísperas de los anuncios, las noticias sobre cobros de hasta 4 mil dólares por una prueba para diagnosticar la enfermedad despertaron una enorme indignación popular. En el privatizado sistema de salud norteamericano, el 33% de los habitantes han pospuesto tratamientos médicos debido a su elevado costo (Vox, 16/3). Son 27 millones de personas las que no tienen acceso a un seguro médico, y otras decenas de millones se clasifican bajo la categoría de “seguro insuficiente”, o sea un seguro básico que sólo cubre una parte de la atención (BBC Mundo, 16/3). Durante la administración de Obama, se impulsó un plan (“Obamacare”) para subsidiar la contratación de un seguro de salud para quienes no lo poseen (a cargo de las patronales o el gobierno), y que pone límites a las aseguradoras a la hora de rechazar afiliados o encarecer costos por enfermedades preexistentes, pero se trata de una medida que no sale de la lógica privatista. Aun así, Trump judicializó la medida reprochando sus costos.

Muchas personas son empujadas a la quiebra debido a los altos costos médicos. Las deudas por salud ascienden a 81 mil millones de dólares. “Uno de cada seis estadounidenses tiene una factura médica sin pagar en su historial crediticio” (El Diario, 21/11/19). 

En medio de este cuadro calamitoso, que pone seriamente en duda la capacidad de afrontar la enfermedad en la mayor potencia del globo (donde las proyecciones hablan de hasta dos millones de casos posibles), las enfermeras se pusieron en pie de lucha y desarrollaron una jornada nacional el 11 que sirvió para denunciar el mal estado de los hospitales y centros de salud.

Reino Unido

Del otro lado del Océano Atlántico, el timonel del Brexit, Boris Johnson, ha ganado cierta notoriedad por poner en cuestionamiento los métodos de cuarentena o distanciamiento social. Según sus expertos de salud, la mejor salida sería algo así como no hacer nada. “La inmensa mayoría de los contagiados sufrirá trastornos leves, y de ese modo conseguiremos construir cierta inmunidad de grupo”, según uno de ellos (Clarín, 13/3). El problema de este enfoque no sólo es el desamparo de aquellas personas que morirán en el camino, sino que la falta de medidas para aplanar la curva de la enfermedad puede llevar a un colapso sanitario. Detrás de la apelación al concepto de “inmunidad de grupo”, se disfraza el intento de no perturbar el metabolismo capitalista. O sea, poner el beneficio empresario por encima de la salud de las masas. En Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, el gobierno se ha resistido a suspender la producción fabril, lo que ha desatado una oleada de huelgas en reclamo del cese de labores.

Pero el verdadero talón de Aquiles del Reino Unido podría ser el agudo deterioro de su sistema público de salud, el NHS. Las imágenes de un niño enfermo durmiendo en el piso de la sala de urgencias de un hospital levantaron hace algunas semanas las alertas.

Como medida de ahorro, en el Reino Unido los pacientes son enviados muchas veces en forma directa a urgencias sin pasar por el médico de cabecera, incluso cuando se trata de afecciones leves, lo que empuja al colpaso en los hospitales (La Vanguardia, 7/1/18). Fuera de las urgencias, “la media para iniciar un tratamiento contra el cáncer es de 62 días, mientras que el tiempo de espera para recibir un tratamiento ordinario llega a superar los cuatro meses en el 15% de los casos. A día de hoy, hay cuatro millones de pacientes que aguardan una operación” (RTVE, 12/12/19).

En los últimos años, el sector privado ha ido aumentando su participación en el NHS, como parte de una política tendiente a la privatización completa. De hecho, se dice que Trump aspira a que se lo queden empresarios de su país, en el marco de las negociaciones por un tratado de libre comercio post-Brexit.

Tras el estallido financiero de 2008, los presupuestos de salud padecieron todo tipo de recortes en los países centrales. Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus, está sufriendo también ahora las consecuencias de una desinversión en el sector. Ese ahorro es de 37 mil millones de euros en los últimos diez años (Clarín, 14/3).

A contramano de las reiteradas advertencias de expertos y organismos de salud, sobre las posibilidades de nuevas pandemias, las principales potencias capitalistas han recortado el presupuesto sanitario y han entregado la salud a las fauces del capital privado, a expensas de un derecho básico de las masas.

En su estrecha concepción de asegurar el beneficio privado, el capitalismo pone en evidencia sus límites insalvables ante el estallido de la pandemia.