Una corte federal de Estados Unidos detuvo a tres jóvenes millonarios venezolanos y uno uruguayo, y los acusó de ser espías de Hugo Chávez, de ofrecerle 2 millones de dólares a Antonini Wilson –el portador de la valija con 800.000 dólares traída en un avión rentado por Enarsa– y (simultáneamente) de amenazarlo con matar a sus hijas si no callaba el origen y el destino de esa fortuna. Según el fiscal federal Thomas Mulvihill, “la oferta no fue una iniciativa que tomaron sus amigos Carlos Kauffmann y Franklin Durán” sino fruto “de ‘un acuerdo’ entre los gobiernos más afectados por las sospechas de escándalo: el de Hugo Chávez y el de Néstor Kirchner” (La Nación, Clarín, 18/12). No sólo lo apretaron: en conversaciones grabadas dijeron que el dinero iba a la campaña de Cristina Kirchner y que “de saberse el origen y destino de los fondos, ‘esa persona perdería las elecciónes’”.

La acusación arguye que los detenidos “intentaron manipular a un ciudadano americano para mantener tapado un creciente escándalo internacional”. Con esta fabulosa voltereta, Antonini pasó de acusado a víctima y la causa se convirtió en un ariete político contra Chávez y la flamante Presidenta, mencionada -a pesar de las ambigüedades de la Justicia yanqui- en una causa saturada de tráfico ilegal de dinero, financiamiento ilegal de la política, amenazas y extorsión mafiosa. Todo, 48 horas después de asumir.

El Departamento de Estado intentó reducir la causa a “la aplicación de la ley en territorio de Estados Unidos”. Insostenible: la valija y el avión salieron de Venezuela y aterrizaron en la Argentina, los delitos se cometieron fuera del territorio yanqui (donde nadie investiga el tráfico ilegal de dinero ni ninguno de los viajes anteriores de Antonini). El viraje bloquea su extradición, algo que recién ahora reclaman Néstor Kirchner y Alberto Fernández, después de que la causa durmió meses en la Justicia argentina sin que nadie abriera la boca, incluidos Lavagna, Macri y Carrió, que se han arrojado sobre la carroña y sumado con fervor a los embates imperialistas (Página/12, 14/12).

El FBI interrogó a Antonini “cumpliendo un pedido formal de la justicia argentina”, y éste grabó las conversaciones con los ahora detenidos. La historia es de fantasía: como subrayó media docena de expertos y sabe mejor que nadie la inteligencia norteamericana, el dinero negro para la política entra a salvo de cualquier requisa, en valija diplomática. Hasta para Clarín es evidente que el “peculiar” resultado de las investigaciones indica que Antonini “era un colaborador de los servicios de inteligencia de Estados Unidos” (Clarín, 15/12). La certeza de que los detenidos van a “colaborar” rápidamente —o sea van involucrar “a quienes les indiquen los fiscales o el FBI para salvar el pellejo”– es una espada de Damocles sobre el gobierno argentino. El fiscal asegura que tenía más grabaciones, lo que fue entendido como “una amenaza velada” (Clarín, 14/12), Cristina K no desmintió las acusaciones. Pero tachó el asunto como un intento de “cubrirla de basura” por parte de “países que, más que países amigos, quieren países empleados”.

Traidores no hay sólo en Caracas o en Miami. Si todo fue una operación “¿para quién trabajaron la Policía Aeronáutica y su jefe, Marcelo Saín, en la requisa de Antonini y su valija (…) La sola hipótesis desata una tormenta en el kirchnerismo” (La Nación, 14/12). En agosto, Antonini Wilson “contó con cobertura política argentina y venezolana” para fugarse. La Aduana le imputó una simple “infracción aduanera” y lo dejó ir. Diplomáticos venezolanos “despertaron al funcionario de turno en la Cancillería, a las 3 de la mañana” para garantizar que Antonini saliera sin problemas del país.

Interna yanqui y plata sucia

El ex secretario de Estado para América Latina, el halcón Roger Noriega, sugiere que su gobierno esperaba más del matrimonio K. “Si las autoridades argentinas hubiesen hecho su trabajo, las de los Estados Unidos probablemente hubiesen estado dispuestas a presentar cargos de lavado de dinero contra Antonini”, dijo. Pero “tuvieron que armar el caso sin la plena cooperación de las autoridades argentinas” (La Nación, 14/12). ¿Con más “colaboración” el golpe hubiera ido sólo contra Chávez? El incidente muestra una puja en las filas del gobierno yanky: “Los diplomáticos estadounidenses se enteraron de estos cargos penales en el sitio de Internet del Miami Herald”, se burla Noriega. En la misma línea, Andrés Oppenheimer confirma que “el Departamento de Estado fue notificado a último momento o tomado por sorpresa” y lamenta que CFK se acercara “innecesariamente” a Chávez cuando la acusación “en ningún momento sugiere que ella o sus colaboradores estaban al tanto de las contribuciones venezolanas” (La Nación, 18/12)

En verdad, no sólo los venezolanos alentaron la suerte electoral de CK. “¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera conocido durante la campaña electoral? ¿Podrían habernos acusado de intentar entorpecer el proceso argentino?’”, se preguntó una alta fuente de Estados Unidos (La Nación, 13/12) “La administración Bush quiere concentrarse en el régimen bolivariano”, dijeron otros, tratando de “bajar el tono” (Clarín, La Nación, 15/12). La pretensión unánime es que los K terminen “su amistad con el incendiario antiestadounidense Hugo Chávez” (La Nación, 14/12)

Esa ruptura hoy no es posible para el kirchnerismo. No sólo porque está involucrado hasta los tuétanos en el incidente -el avión fue rentado por Enarsa, viajaba allí el hombre de los negocios con Venezuela, Claudio Uberti, y otros– sino por el voltaje de los negocios con Venezuela. Chávez compró 5.000 millones de dólares en bonos argentinos desde 2005; el 72% de maquinaria agrícola exportada en los primeros meses del año fue a Caracas; el señor de la soja, Gustavo Grobocopatel, también hace negocios con Pdvsa y sembrará 100.000 hectáreas de soja. El incidente de la valija y sus derivados “no afectará los negocios” con la República Bolivariana, se apresuraron a coincidir todos los empresarios consultados, que se preguntan para qué necesitaban traer plata negra “si con algunos llamados consiguieron casi dos millones de pesos en blanco entre las empresas…” (La Nación, 14/12).

Lo que parece irrefutable es que el dinero salió de Pdvsa, y que probablemente haya sido un retorno de cualquiera de los negocios binacionales en curso, “de alguna coima a un funcionario argentino para algún negociado” o “se haya originado en negocios turbios de empresarios chavistas y tenía como destino Uruguay, que es una especie de paraíso fiscal” (Página/12, 14/12). Evidentemente, esta operación que tenía el visto bueno de Caracas y Buenos Aires, ha dejado al descubierto que el gobierno del cambio está preso de todas las crisis de su predecesor le legó.