La gigantesca movilización de los secundarios del año pasado abrió una nueva situación en Chile.

Desde entonces tuvieron lugar grandes luchas, como la de los subcontratados de la minera estatal Codelco el año pasado, o la de los trabajadores forestales de abril/mayo de este año. La huelga de la Codelco, y más marcadamente la de los forestales, se caracterizaron por los piquetes y los cortes de ruta. La represión contra la huelga forestal —en la que fue asesinado el obrero Rodrigo Cisterna— no pudo impedir la victoria de los trabajadores.

En los últimos 14 meses el número de huelgas aumentó un 700%.

En estos momentos se desarrollan dos importantísimos conflictos en la gran minería, el corazón económico de Chile.

Los subcontratados de Codelco volvieron a la lucha. Reclaman igual salario, condiciones de trabajo y beneficios sociales que los contratados. Los subcontratados cobran un cuarto (o menos) del salario de los contratados, tienen jornadas más largas, con mayores exigencias de producción; virtualmente carecen de cobertura jubilatoria o de salud. Constituyen el grueso de la fuerza de trabajo en la minería: en Codelco, dos tercios de los trabajadores (28.000 sobre 42.000) son subcontratados; en las privadas, el porcentaje es mucho mayor. Un creciente proceso de organización dio lugar al nacimiento de un sindicato de los subcontratados de la industria minera, que agrupa a 80.000 trabajadores. La huelga que se lanzó hace dos semanas se caracteriza por su combatividad y por los piquetes, que ejercen una fuerte coerción sobre los rompehuelgas y los personeros de la empresa.

En la mina Collahuasi, operada por Xtrata y Anglo American (los operadores de La Alumbrera en Catamarca), salieron a la huelga los contratados. Reclaman un aumento salarial del 8% y mejores condiciones contractuales. La empresa, que sólo el año pasado anunció beneficios por 1.800 millones de dólares, ofrece el 4%…

Para llevar estas luchas a la victoria, es necesaria una huelga nacional minera y un paro general de la CUT. Sin embargo, la burocracia sindical del PS y el PC —que no llamó siquiera a un minuto de paro ante el asesinato de Rodrigo Cisterna— se mantiene en la más completa pasividad.

Rechazo popular

La presidenta Michelle Bachelet enfrenta un creciente rechazo popular que sorprende a los encuestadores: el descrédito del oficialismo no hace crecer a la oposición derechista.

Uno de sus grandes causas es el fracaso del Transantiago, el nuevo sistema de transporte público de la capital. El Transantiago desquició la vida de los trabajadores. Fue establecido con “criterios básicamente financieros”, según un documento de dirigentes “críticos” de la Concertación (El Mostrador, 26/6), lo que llevó a la reducción de los servicios, de los recorridos, de las frecuencias, del horario nocturno y a la ‘maximización’ del uso de las unidades (los trabajadores viajan como ganado después de varias horas de espera). “El ejemplo más conocido es lo que sucede en el paradero de Santa Rosa con Alameda; su hora más complicada es alrededor de las doce de la noche, donde miles de trabajadores hacen una enorme fila de más de dos horas, para poder llegar a sus respectivos hogares” (El Observatodo, 10/7). El fracaso del Transantiago provocó varios estallidos populares en la capital.

No es la única razón. Los trabajadores viven en la miseria (el 81% de los trabajadores son subcontratados) mientras el cobre, la principal exportación chilena, bate récords históricos. El gobierno acumuló un gigantesco superávit fiscal. Lejos de utilizarlo para satisfacer las necesidades populares (salarios, educación, salud) o realizar obras de infraestructura, estableció un “fondo anticíclico” (un seguro para los capitalistas y especuladores)… cuyos recursos fueron girados al exterior.

Hace unos días, el gobierno hizo aprobar en el Congreso la elevación del salario mínimo a 144.000 pesos (274 dólares), equivalente al 45% de la canasta familiar… que tendrá una vigencia de tres años. La inmensa mayoría de los subcontratados y de los trabajadores rurales cobran el mínimo. La CUT, que reclamaba un mínimo de 180.000 pesos (un poco más de media canasta familiar), convocó a un paro de protesta… para el 29 de agosto. Un paro que se convoca con 45 días de anticipación es, en el mejor de los casos, un saludo a la bandera.

Crisis en la Concertación

El fracaso del Transantiago, la desilusión con las promesas ‘redistributivas’ de la Bachelet y las luchas de los trabajadores están dividiendo a la Concertación. “Existe una crispación del escenario político”, advierte un comentarista (Infolatam, 4/7). Las divisiones atraviesan a la coalición y a cada uno de sus partidos. El senador demócrata-cristiano Adolfo Zaldívar fue acusado de “escisionista” y enviado al tribunal de disciplina partidario; el senador Jorge Schaulsohn fue expulsado del PPD; en el PS, las fracciones en disputa son varias.

Esta crisis se hizo evidente con las dificultades que tuvo el gobierno para aprobar dos leyes decisivas.

La primera, un subsidio de 290 millones de dólares para los operadores del Transantiago. Si la ley no hubiera sido aprobada, a partir del 1º de agosto habrían aumentado las tarifas. Seis senadores (de la DC y del PS) rechazaron el subsidio; el fracaso de la ley planteaba la segura caída de medio gabinete y un muy probable estallido de cólera popular. Una combinación de presiones y sobornos hizo ‘recapacitar’ a cinco senadores… pero no alcanzaba. La propia Bachelet debió ‘operar’ ante un senador opositor para evitar la catástrofe del gobierno.

Con pocos días de diferencia, las divergencias entre los oficialistas estuvieron a punto de impedir el ‘aumento’ del salario mínimo.

“La crisis de descrédito y desintegración de los partidos, que recorre América Latina, entró a Chile como un viento helado”, reconoce un analista (El País, 7/7).

Bienvenida Chile a América Latina.