01/02/1994 | 411

Una operación de masacre y exterminio

El régimen mexicano desató una política de exterminio contra la rebelión campesina.


La fuerza aérea bombardeó indiscriminadamente con aviones y helicópteros de combate, mientras que el ejército empleó tanques y artillería pesada contra las ciudades y los poblados, causando bajas entre la población civil y destruyendo decenas de viviendas. Cuando el Ejército penetró en las ciudades abandonadas por el EZLN, comenzaron a llover las denuncias y evidencias de secuestros, torturas y asesinatos contra la población campesina. En su edición del 6 de enero, Clarín  presenta la fotografía de una media docena de cadáveres de campesinos, sin uniforme militar, alineados sobre la acera, con las manos atadas a la espalda y con un tiro de gracia en la cabeza. El International Herald Tribune (12/1) reproduce la denuncia sobre el descubrimiento de tumbas comunes, de las que se exhumaron cadáveres sin uniforme militar y con las manos atadas a la espalda. Página 12 (16/1) y The Washington Post (25/1) reproducen la denuncia de un campesino detenido y luego liberado por el ejército, que sostiene que en su poblado los militares prendieron fuego a una bodega llena de cadáveres. Todo esto revela que se montó una política de exterminio.


Durante los primeros días de combate, el gobierno no permitió a las organizaciones humanitarias entrar en Chiapas. La prohibición para acceder a las cárceles se prolongó durante mucho tiempo más. Amnistía Internacional  denunció que la totalidad de los detenidos muestran signos de haber sido brutalmente torturados y sostiene que las “confesiones” que se les imputan fueron arrancadas bajo tormento.


Aministía Internacional ofrece un dato significativo: entre los presos reconocidos por el gobierno mexicano no se registra ningún militante zapatista detenido o herido en combate. Esto sólo puede significar que los zapatistas heridos o prisioneros se encuentran detenidos en prisiones secretas o han sido asesinados sumariamente.


Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que a pesar de las pruebas que incriminan a los mandos militares en la violencia y el terrorismo contra la población civil y contra los guerrilleros rendidos o heridos, no existe investigación oficial alguna sobre las denuncias ni se han instruido sumarios contra los mandos acusados. A la política de exterminio le sigue la política de encubrimiento e impunidad.


Nos sumamos a la denuncia internacional de los crímenes cometidos por el régimen capitalista contra los explotados mexicanos y de la impunidad que se está montando en nombre de la “pacificación nacional”. Exigimos el juicio y castigo de todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre y denunciamos la complicidad política del gobierno argentino, que por boca del propio Menem respaldó reiteradamente a Salinas en el mismo momento en que éste ordenaba y ejecutaba la masacre.

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