“Con las barras colmadas”, el 7 de noviembre la Cámara de Senadores uruguaya dio media sanción, por 18 a 13 votos, a una ley sobre salud reproductiva que autoriza la interrupción del embarazo por razones de salud o de penuria económica, sociales, familiares o etarias. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia hasta 30 días después de su promulgación.

La aprobación fue precedida por una comedia de enredos. Tres semanas antes, el mismo Senado no había logrado aprobar ese artículo (hubo un empate en 15). En una segunda sesión, el ex presidente Julio Sanguinetti (colorado) y Julio Lara (blanco), que en la primera sesión estaban de licencia, votaron a favor. Con sus 17 senadores, el FA tenía el número necesario de votos para que el artículo fuera aprobado. Pero dos de los tres legisladores de Asamblea Uruguay (el grupo de Danilo Astori) votaron en contra.

Así, la criminalidad del aborto se mantenía gracias al FA, lo que generó un escándalo mayúsculo. Tanto que el senador frenteamplista Alberto Cid resolvió cambiar su voto. Las explicaciones acerca de por qué había votado en contra en la segunda sesión fueron bochornosas: como Tabaré Vázquez dijo repetidamente que vetará la ley, Cid dijo sentirse “en la responsabilidad de no incentivar un conflicto legislativo-ejecutivo (y) no exponer la figura” del presidente.

Ahora, el proyecto pasará a Diputados, donde el FA tiene 52 legisladores. En caso de que la ley se apruebe, un veto dejaría a Vázquez “en la situación de estar exactamente en la posición del Partido Nacional y la Lista 15, enfrentado a la casi totalidad del FA, lo cual es un esquema muy incómodo para el presidente, pero también para el Frente” (El Espectador, 9/11).

Todos están tratando de patear la pelota afuera: “Los tiempos electorales pueden distraer el debate o estirarlo hasta hacerlo naufragar” (Brecha). Ya han surgido “algunas voces en la bancada del Frente Amplio de evitar el problema con el Presidente y dejar el tema para el próximo gobierno” (UPI, 8/11).

En Uruguay, las cifras oficiales reconocen que se practican unos 30.000 abortos clandestinos por año. No obstante, fuentes judiciales estiman que la cifra real es más del doble y deriva en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes anuales.