30/04/2015 | 1361

Uruguay: Privatizan las empresas estatales

La Clase, Uruguay

La entrada en negociaciones por parte del gobierno uruguayo para la liberalización del comercio en servicios promocionado por Estados Unidos y la Unión Europea ha desatado los primeros choques con el movimiento sindical y al interior del propio Frente Amplio.

 

Se trata del acuerdo Tisa (Trade in Services Agreement) que fue negociado bajo secreto por el gobierno de Mujica. El objetivo es que las grandes corporaciones de servicios como Microsoft, Deloitte, UPS, Google, IBM -entre otras multinacionales- conquisten una posición hegemónica en las negociaciones comerciales, a partir de la extensión de algunas de las disposiciones del acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) de 1994, tratado creado por la organización mundial del comercio (OMC), buscando ampliar el sistema multilateral de comercio para el sector de servicios.

 

Lo que está en juego

 

Para Uruguay, este acuerdo tiene como consecuencia la entrada del capital financiero para competir en servicios clave que hoy se encuentran estatizados, con cláusulas que impiden legalmente su vuelta atrás. En un contexto de crisis mundial, se han reforzado las presiones del gran capital para que el gobierno de Tabaré Vázquez entregue las ‘joyas de la abuela’.

 

Con el Tisa hay ganadores y perdedores. Los grandes ganadores serán las corporaciones multinacionales que están mejor colocadas para explotar el acceso al mercado interno de telecomunicaciones y energía, entre otros. De acuerdo con el Tisa, estas empresas deberán tener el trato impositivo más favorable que existe en el país -es decir, que van a ser subsidiadas mediante exoneración total de impuestos, como sucede en las zonas francas.

 

Los perdedores son los trabajadores que se enfrentarán a la pérdida de empleos y presión a la baja de salarios. Por ello, la negociación del Tisa es parte de una política de ajuste, que ataca a la clase obrera.

 

Giro a la derecha, salida de izquierda

 

Frente a esta contraposición de intereses, el ministro de Economía, Astori, señaló que «No podemos perder esta gran oportunidad de avanzar con este tratado» (Observador, 15/4). Por supuesto, la oposición patronal apoya esta orientación. A la política de privatización, se suma el ajuste del gasto público que comienza a procesarse de cara al presupuesto quinquenal, así como a los despidos y suspensiones que están ocurriendo en diversas industrias. Asistimos a un verdadero giro derechista del gobierno del FA, que busca que la crisis abierta la paguen los trabajadores.

 

En este cuadro, se ha desatado una enorme deliberación en los sectores populares. A menos de sesenta días de iniciado el gobierno, diversos sindicatos del PIT-CNT ya han llamado a realizar el primer paro general, entre cuyos puntos reivindicativos se encuentra el rechazo a este tratado.

 

En oposición a la política pro-imperialista del Frente Amplio y la oposición patronal, se abre el desafío de intervenir activamente en este combate contra el ajuste y todas las privatizaciones, en la perspectiva de abrir una salida de izquierda para los explotados en Uruguay.

 

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