Venezuela: el nacionalismo militar

El periódico venezolano El Topo Obrero acaba de publicar una entrevista a su dirigente sindical Ricardo Galíndez, que aporta numerosos elementos acerca de la situación social en su país, en especial en el movimiento obrero (ver Argenpress, 30/11).

La administración de Hugo Chávez, explica Galíndez, golpeada por la crisis, la descarga sobre los trabajadores, en primer lugar con un aumento del IVA de entre el 9 y el 12 por ciento, una reducción presupuestaria importante y el endeudamiento por más de 15 mil millones de dólares con la banca privada. Las consecuencias inmediatas de tales medidas han sido despidos, la no renovación y las rescisiones de contratos temporales en gobernaciones y alcaldías. La desocupación en Venezuela ha trepado al 7,7 por ciento y se mantiene en aumento.

Mientras la inflación oscila entre el 26 y el 27 por ciento, los salarios en el curso de este año sólo subieron un 10 por ciento, de modo que por segundo año consecutivo se registra un descenso en el poder adquisitivo de la población trabajadora. Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) indica que el consumo en ese país se ha replegado un 4,8 por ciento.

Entretanto, 2,2 millones de empleados públicos han visto vedado su derecho a los contratos colectivos por parte del gobierno desde hace cinco años; 100 mil petroleros desde hace uno; y unos 80 mil empleados del sector eléctrico desde hace tres.

La lucha obrera tiende a radicalizarse. Ricardo Galíndez declara: “Es de hacer notar que con toda la fuerza creciente del descontento laboral, la derecha golpista no se ha fortalecido, sino que lo hacen a la izquierda del PSUV gubernamental”.

Presiones y represión

Frente a la lucha obrera, el gobierno asume una actitud cada vez más represiva. Hay dirigentes sindicales presos, como los de Ferrominera del Orinoco, y otros hacen frente a procesos judiciales. Eso en el mejor de los casos, porque en otros la represión ha costado muertos: dos de la planta Mitsubishi, en Barcelona, a manos de la policía estatal; y heridos, como en la fábrica Molvenca, en Chinaloa, cuyos trabajadores fueron reprimidos por la Guardia Nacional Boliviariana. A los obreros de Molvenca se les aplicó además la Ley de Seguridad Alimentaria, que en la práctica es una ley antihuelgas contra los trabajadores de la alimentación.

Esa ley antihuelgas fue usada a comienzos de noviembre contra los trabajadores de Maxi Pollo, en Yaracuy. Sin embargo, la rebelión no cesa: los obreros de las grandes cafetaleras piden la nacionalización de esas empresas; y los de Matesi, en Guayana, mantuvieron una toma durante tres meses por la violación a la convención colectiva de trabajo.

Incluso los movimientos indígenas en la zona de Zulia, en la frontera con Colombia, han sido reprimidos por el gobierno cuando se movilizaron en reclamo de sus derechos a la tierra. El cacique Sabino, de la etnia Yucpa, por ejemplo, está preso y ha sido acusado penalmente. Más serias aún se presentan las cosas en las empresas estatizadas (las Empresas de Producción Social, EPS), en las que abundan las “tercerizaciones” y el trabajo precario. Incluso se llega a desconocer en ellas a los sindicatos y no hay convenios colectivos de trabajo, lo cual genera en una franja retrasada de la clase obrera un rechazo a las nacionalizaciones en general.

En Sidor, la siderúrgica comprada por el gobierno a Techint, los trabajadores lograron una enorme victoria, a la que ahora el gobierno intenta poner límites. Por ejemplo, ya entraron en la planta las llamadas “patrullas obreras” del PSUV, lo que Galíndez considera un principio de militarización de la planta. Galíndez advierte que en Sidor “el gobierno se está preparando para la próxima discusión del convenio colectivo, con un arsenal de argumentos que presagia una confrontación tan fuerte o más que cuando la empresa estaba en manos de Techint”.

Además, hay una larga serie de denuncias contra las “gerencias bolivarianas” de empresas nacionalizadas, por atropellos contra los trabajadores, violación de convenios y corrupción. Esas denuncias han sido acompañadas con paros y movilizaciones en Alcasa, Venalum, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera del Orinoco y la misma Sidor. En PDVSA, sólo después de una larga lucha de sus trabajadores, el gobierno debió aceptar que se hicieran elecciones sindicales.

Ahora se habla de un nuevo plan, llamado Plan Guyana 2009-2010. Según Chávez, ese proyecto aumentará lo que él llama “control obrero” en las fábricas, pero, en los hechos, ese supuesto control no es más que una severa limitación del derecho de huelga, cuando no su lisa y llana supresión. Con el argumento de conseguir “calidad total” en la producción, las “patrullas” del PSUV procuran eliminar la organización sindical, imponen jornadas de trabajo extenuantes y reemplazan los convenios colectivos por contratos basura. En las empresas gasíferas recién nacionalizadas, los trabajadores, a pesar del “control obrero”, no tienen el menor poder de decisión, se les impide discutir convenios de trabajo nuevos y se violan sistemáticamente los viejos.

En Mitsubishi se siente especialmente la represión gubernamental contra trabajadores y direcciones sindicales rebeldes. Después del asesinato de dos obreros y el levantamiento por la fuerza de la ocupación de la planta, fueron suspendidos once dirigentes del sindicato y se preparan 153 despidos, de modo que es de esperar allí otra lucha importante.

Como se ve, la mejor forma de enfrentar al golpismo y a las agresiones internas y externas contra Venezuela, es fortalecer las tendencias a la independencia de clase del movimiento obrero.