Venezuela en una encrucijada

La grave dolencia que aqueja a Hugo Chávez ha creado una situación política delicada en Venezuela. Chávez se encuentra impedido, en forma absoluta, de asumir su tercer mandato de gobierno en la fecha prevista por la Constitución. La información sobre su estado de salud no es transmitida en forma directa por el equipo médico que lo atiende. La versión oficial, por su lado, no permite conocer de un modo incuestionable el grado de su impedimento ni las perspectivas y plazos de su recuperación. En previsión de una situación de este tipo, Hugo Chávez había designado al vicepresidente, Nicolás Maduro, como el candidato que debía representar su legado político a partir de la convocatoria a nuevas elecciones. No es éste, sin embargo, el rumbo que ha decidido tomar el oficialismo, el cual ahora busca refrendar el tercer mandato de Chávez con una movilización popular e incluso con la asistencia de algunos mandatarios latinoamericanos. El gobierno efectivo pasaría, entonces, a manos del vicepresidente Maduro, sin el requisito de un juramento previo.


De acuerdo con un analista político, Jorge Gómez Barata, en circunstancias "imprevistas" como lo es la actual, la Constitución de Venezuela "no establece lugar, fecha ni plazos" para la jura presidencial, lo que deja la facultad de aplicar el procedimiento de asunción del nuevo gobierno a la Asamblea Nacional o al Tribunal Supremo de Justicia. En la sesión parlamentaria del martes 8, la mayoría chavista estableció que no era necesaria la formalidad del juramento de Chávez, porque se trataría de una continuidad, sin interrupción legal, del mandato precedente. Como consecuencia de esta situación, se han establecido en Venezuela tres poderes. Por un lado, el del presidente Chávez, electo en forma plebiscitaria, quien, sin embargo, no puede ejercer su mandato, pero tampoco lo ha transferido a otra persona; por otro lado, la Asamblea Nacional, que legitima el ejercicio efectivo del gobierno en el vicepresidente electo, Nicolás Maduro; finalmente, Nicolás Maduro, que pasa a ser un presidente provisional sin término de mandato. Este esquema podría cambiar si una mejoría en su salud le permitiera a Chávez prestar juramento ante el Tribunal Superior de Justicia, incluso en La Habana, y el gobierno pasara al vice por impedimento temporal del titular.


La oposición al chavismo se ha trazado, en estas circunstancias, una política diferente al planteo oficial. Entiende que el impedimento de Chávez para asumir un mandato nuevo ha creado una acefalía de poder, la que debe ser superada por la asunción interina del presidente de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones en un plazo determinado. Si la salida decidida por el oficialismo equivale al establecimiento de un ‘gobierno de facto’, respaldado por la Asamblea Nacional; la que impulsa la oposición constituye, en principio, una tentativa de golpe de Estado -esto porque privaría a Hugo Chávez del mandato electoral que lo ratificó como Presidente, con independencia de la posibilidad de que se recupere físicamente en un tiempo previsible. La oposición se encuentra en el peor momento político desde que se unificó en un frente hace dos años, luego de haber perdido las elecciones presidenciales en octubre pasado, y después de la derrota severa que sufrió en las de gobernadores en diciembre. En este último evento, una parte considerable del electorado opositor boicoteó la asistencia a las urnas, en un claro síntoma de desmoralización política. Con la ofensiva por la convocatoria a nuevas elecciones, estaría pretendiendo explotar el desconcierto que ha provocado en el chavismo la incapacidad física de Chávez. Un sector de la oposición, por su parte, ha decidido apretar el acelerador: desde redes sociales, con sede en Miami, se ha convocado a manifestaciones de protesta contra la decisión de la Asamblea de legalizar el nuevo gobierno sin juramento previo de Chávez. La crisis agarra a la oposición en el peor estado desde el fracaso del sabotaje petrolero de 2002/3. Incluso es mayor su aislamiento internacional, como lo demuestra el respaldo de los gobiernos de Unasur a la salida provisional a la acefalía de gobierno decidida por el oficialismo.


La incertidumbre acerca de la sede del poder y de las personas que lo detentan tiene una importancia excepcional en Venezuela, debido al carácter único del poder ejercido por Chávez. Más allá de la obsesiva exhibición que el chavismo hace del libro de la Constitución bolivariana, el régimen chavista se caracteriza por el poder personal, asentado en un apoyo plebiscitario de la población pobre a Chávez. Se trata de una capacidad de arbitraje excepcional ante los conflictos de clases en el país. Un gobierno que se asiente en una referencia al chavismo, sin obtener para él una demostración de apoyo plebiscitario, no podría sustituir esa capacidad de arbitraje. Chávez entendió esto perfectamente cuando designó a Maduro como candidato en una nueva elección, que debía operar como un referendo popular hacia un chavismo sin Chávez. La dirección chavista ha vacilado, sin embargo, en seguir ese rumbo y se refugia en la expectativa de una rehabilitación, al menos parcial, de Chávez.


El asunto es álgido, porque Venezuela enfrenta desequilibrios económicos importantes que se manifiestan en la inflación, en un mercado de divisas paralelo que se cotiza tres veces por encima del oficial, en la falta de divisas para importar, en la expectativa de una nueva maxidevaluación. Un gobierno sin mandato popular propio, que solamente se asiente en el legado de Chávez, tendría, en principio, una enorme dificultad para tomar decisiones drásticas y una dificultad aún mayor para hacer frente a las protestas populares que no dejarían de generar. Es claro que si adoptara el reclamo de la oposición de llamar a elecciones, aparecería ante el pueblo como cómplice de una prematura decapitación de Chávez. Visto desde esta perspectiva, un gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional podría servir de cultivo a una enorme crisis política.


En los términos de las fuerzas en presencia, la situación creada en Venezuela parece empantanarse en un impasse, agravado por el cerco informativo sobre el estado de salud de Chávez. Es necesario, entonces, encarar esta crisis desde una perspectiva más amplia, que permita convertirla en preludio de desarrollos revolucionarios. En primer lugar, es obvia la necesidad de exigir una información médica directa de lo que está ocurriendo en La Habana, para que los trabajadores puedan evaluar la situación con un conocimiento cabal. El propósito de sustituir un poder plebiscitario personal por el de una camarilla que pretende recoger ese poder como una herencia, sólo puede conducir a nuevas crisis y a salidas anti-populares. Lo que sería realmente un avance es que las masas se reapropien del poder que cedieron a Chávez en forma plebiscitaria, esto por medio de un régimen asambleario -o sea formando consejos obreros, populares, comunas- con la finalidad de establecer un programa propio frente a la crisis social y económica, y de convertir a esos organismos en instrumentos de lucha social y política.


En Venezuela existe un árbitro potencial, frente a una crisis política, que no es otro que la cúpula de las fuerzas armadas, que controla la mayor parte del aparato de gobierno. Pero no sería un arbitraje popular y, por el contrario, podría convertirse en el punto de partida para revertir un ciclo histórico que comenzó con el caracazo de 1989; siguió con el levantamiento militar y popular de 1992, y tuvo su apogeo en la derrota del golpe de abril de 2002 y del lockout patronal de 2002/3.