En estos días, comenzó a funcionar el Grupo Internacional de Contacto ante la crisis de Venezuela, fogoneado por las principales potencias de la Unión Europea. Este bloque postula una negociación entre el chavismo y la oposición que culmine en elecciones presidenciales ‘libres’ –una impostura dado el reconocimiento previo de un golpista como presidente y la confiscación de activos venezolanos en el exterior. En todo caso, se trataría de elecciones bajo la tutela del imperialismo. A esta política se han plegado Ecuador y Costa Rica y, con algunos reparos, Uruguay.

El bloque postula una transición ordenada ante el temor de las consecuencias imprevisibles de una invasión militar yanqui. En ese sentido advirtieron la semana pasada los editoriales de El País de Madrid y Le Monde de Francia. El primero señaló que la intervención militar es “una línea roja que de ninguna manera debe ser sobrepasada. El siglo XX agotó las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica” (5/2).

Por el lado latinoamericano, quien ha graficado de manera más descarnada el rol artero del Grupo de Contacto es el ex presidente uruguayo, José Mujica. Este dijo, citando a Napoleón, que “cuando tengo una fortaleza sitiada le dejo [al enemigo] una ruta de escape” (Página 12, 7/2), lo que va más o menos en línea con los planteamientos de una “salida incruenta” de  Maduro del poder. El kirchnerismo se ha plegado a la trampa de la política de negociación con los golpistas.

No obstante los objetivos de fondo del Grupo de Contacto, Maduro ha recibido hasta cierto punto con beneplácito sus gestiones y ha reclamado una mediación papal. Aunque Guaidó no la descartó tampoco, son planteos que despiertan el recelo de la oposición venezolana, que teme que un nuevo proceso de diálogo le sirva a Maduro como maniobra dilatoria. Citan, al respecto, el fracaso de los dos últimos procesos de negociación.

Proimperialismo

Con independencia del destino de los planes Grupo de Contacto, el golpe continúa su curso. Guaidó presentó un plan de gobierno y se reunió con las cámaras patronales (Fedecámaras, Federación Nacional de Ganaderos) para discutirlo. Es un plan proimperialista que asegura mayores penurias para las masas: un salto en la privatización del petróleo (permite que el capital privado sea accionista mayoritario en emprendimientos petroleros), privatización de empresas públicas, y ajuste en el precio de los combustibles y las tarifas. El Plan País postula también una reestructuración de la deuda pública, un hecho inevitable dado la bancarrota del país, pero que constituye al mismo tiempo su reconocimiento. Y plantea también un desmantelamiento del aparato oficial de asistencia social y alimentaria (Clap) y su traspaso a las ONG’s y la iniciativa privada, una vía de injerencia para el imperialismo. El documento opositor plantea una asistencia financiera extraordinaria de los organismos multilaterales. El FMI envió un mensaje al golpista Grupo de Lima en que se comprometió a jugar un “papel central” en el proceso (La Nación, 5/2).

La intervención militar

Aunque Maduro conserva el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas, la confiscación de activos de Pdvsa en el exterior es un serio golpe que amenaza con profundizar la bancarrota económica y social. El gobierno ha salido a desprenderse de reservas de oro en busca de liquidez. La producción agropecuaria e industrial se ha derrumbado. El crédito chino se ha paralizado como resultado de las deudas. La situación de las masas es dramática: faltan alimentos, medicinas, la inflación está fuera de control y el ingreso de trabajadores inclusive muy calificados no supera el dólar diario (Aporrea, 6/2).

La enorme fragilidad del gobierno envalentona a los yanquis en sus provocaciones. El asesor de seguridad John Bolton ratificó que la opción militar continúa en pie al amenazar a Maduro con la cárcel de Guantánamo. La misma “ayuda humanitaria” puede ser un caballo de Troya en la desestabilización del gobierno. El carácter de maniobra que ésta tiene ha encendido las reservas de algunas de las organizaciones que operan en Venezuela. El presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, advierte que "al forzar la apertura [de la frontera] se pueda desatar un enfrentamiento que no queremos” (El País, 7/2). En un tono más duro, un ex jefe de Médicos sin Fronteras afirma que la movida podría “agudizar la tensión entre civiles y fuerzas de seguridad en zonas fronterizas” y advierte que “si las fronteras permanecieran cerradas y la ayuda fuera ofrecida en países limítrofes, la operación podría convertirse en un imán que aumente el número de refugiados cruzando la frontera hacia los puntos de acopio” (La Nación, 6/2). Cabe señalar que las potencias europeas, promotoras de la “salida ordenada”, se han plegado sin embargo a la maniobra desestabilizadora que esconde “la ayuda humanitaria”. Lo mismo ocurre con Macri, Duque y Bolsonaro.

Pero el problema de la intervención militar es materia de debate en los propios Estados Unidos. Mientras habla de la intervención militar en Venezuela, Trump ha sido desautorizado por el Senado, quien votó un texto que advierte contra toda retirada prematura de tropas en Siria y Afganistán. Algunos advierten que la intervención en Venezuela podría ser una caja de Pandora. “Quizás la lección más difícil que Estados Unidos aprendió desde 2001 es que es mucho más fácil deponer a un régimen titular que defender a un sucesor estable” (Real Clear Politics, 5/2), señala Charles Lipson, un politólogo de la Universidad de Chicago, alarmado por las consecuencias de una agresión improvisada.

Campo de disputas

Venezuela se ha transformado en un campo de disputa internacional. Un columnista de Clarín analiza la ofensiva norteamericana contra Venezuela a la luz de un rediseño del “patio trasero” que podría incluir también la recalificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” y la rehabilitación de juicios por la expropiación de bienes durante la Revolución, lo que podría afectar el financiamiento de las inversiones en el país caribeño e implicar el congelamiento de fondos (Clarín, 1/2). Esto provocaría choques con las potencias europeas que tallan en la restauración capitalista en ese país. Actuando en la misma ofensiva contra Venezuela, yanquis y europeos no tienen los mismos intereses.

El chavismo se aferra a sus vínculos con China, Rusia y Turquía, con quienes lo unen lazos de dependencia y que defienden sus propios intereses políticos y económicos en la región. China es acreedor de 20 mil millones de dólares y la mitad de los barriles de petróleo venezolanos van a cubrir esa deuda. El gigante asiático importa también coltán (importante en la fabricación de celulares) y desarrolló inversiones importantes en el sector minero.

En el caso de Rusia, se ha quedado con yacimientos en el Orinoco y Venezuela le debe 6500 millones de dólares. El año pasado, Caracas debió refinanciar su deuda con el Kremlin. Rusia también ha desarrollado un gran negocio con la venta de armas al país sudamericano. Entre 2005 y 2013 Caracas “firmó con Moscú unos 30 contratos de defensa por valor de más de 11.000 millones de dólares” (El País, 30/1). Turquía ha hecho su propio negocio con la refinación del oro venezolano y con el abastecimiento de productos alimenticios para los Clap.

Pero en ningún caso, chinos y rusos tienen una posición inamovible ante la crisis. Guaidó lo sabe, por eso, cuando fue consultado por la deuda con China, aseguró que “respetará los mercados”.

La crisis venezolana se ha internacionalizado y en su desarrollo incidirá la propia evolución de la crisis mundial.

Abajo el golpe

El rechazo al golpismo en Venezuela, en su variante militar o en su pérfida versión ‘negociadora’, es una lucha clave contra el imperialismo en la región y los gobiernos ajustadores y represivos que se han alineado con él (Macri, Bolsonaro, Piñera, etc). Esa lucha no implica ninguna concesión al gobierno de Maduro y la boliburguesía que ha llevado a Venezuela a un callejón sin salida.

A la extorsión imperialista de la ayuda humanitaria, le oponemos el llamado a los trabajadores de América Latina a organizar una ayuda humanitaria internacional bajo control de las organizaciones obreras y de representantes electos en los lugares de trabajo, como parte de una campaña antiimperialista continental contra el golpe.

Una salida positiva para las masas requiere de la intervención política independiente de la clase obrera.

 

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