En asambleas masivas, los trabajadores petroleros en los estados de Zulia, Carabobo (refinería El Palito) y Anzoátegui (Puerto La Cruz) repudiaron el convenio c olectivo acordado entre PDVSA y la burocracia sindical. Reclaman que sea sometido a la revisión de las asambleas y que la burocracia baje a dar explicaciones a los trabajadores.

En la refinería de Puerto La Cruz las actividades están paralizadas y en las áreas de operaciones sólo se atienden casos de emergencia. En el estado de Zulia, los trabajadores están retrasando las operaciones. Están convocadas nuevas asambleas para decidir acciones de protesta. El Palito (estado de Carabobo) y Puerto La Cruz han anunciado que coordinarán sus movilizaciones. Los trabajadores rechazan el aumento de 12.000 bolívares diarios (alrededor de 12 pesos), y el bono por retroactividad que debería compensar la demora de un año en la firma del nuevo contrato. Vienen reclamando, desde un principio, un aumento de 30 mil bolívares diarios.

Regimentación

La demora en establecer el convenio petrolero obedece a un conflicto político de fondo, que tiene que ver con la disputa por la representación sindical; PDVSA y el Ministerio de Trabajo han promovido a las burocracias sindicales integradas al Estado y proscripto a sus corrientes más combativas, que son también mayoritarias. José Rivero, ministro de Trabajo, es un burócrata proveniente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y un firme impulsor de la integración de los sindicatos al Estado. Los integrantes de la corriente C-CURA (Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Antiimperialista), que conforman el ala izquierda del sindicalismo venezolano, fueron excluidos de la comisión negociadora.

Poco tiempo antes de que Rivero designara la “comisión negociadora”, el propio Chávez había atacado a la C-CURA denunciando como “contrarrevolucionarios” a los defensores de la autonomía de los sindicatos respecto del Estado.

Las negociaciones entre PDVSA y la “comisión” burocrática se extendieron durante diez meses sin ningún resultado.

Provocación y represión

A fines de septiembre, la empresa hizo una oferta miserable: 5.000 bolívares diarios de aumento (más otros mil cada año de vigencia del convenio). Con una inflación del 50% significaba una pérdida del 30% del salario real.

Las asambleas de trabajadores, además de rechazar la oferta exigieron el reemplazo de la comisión designada por el Ministerio por otra electa por las bases. Más de mil trabajadores de Puerto La Cruz se movilizaron para ser recibidos por el ministro de Energía y presidente de PDVSA, de visita en la ciudad. Cuando los obreros estaban cantando sus consignas, comenzó la represión. La policía del estado de Anzoátegui lanzó gases, palos y balas contra los manifestantes. Un trabajador resultó gravemente herido de bala; otros dos, sufrieron heridas leves; decenas con perdigonazos. Hubo 30 trabajadores detenidos y una activa provocación: la policía secuestró los micros que habían transportado a los trabajadores y les plantó armas para acusar a los petroleros de “acciones violentas”. La represión comenzó sin exhibición de orden judicial ni, tampoco, advertencia a los manifestantes para que desalojaran el predio.

Tarek William Saab, el gobernador de Anzoátegui, que ordenó la represión, es un connotado partidario de Chávez. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 presidió la “Comisión de Derechos Humanos”. Ni Chávez ni sus ministros han repudiado la represión.

Nuevas maniobras

Luego de la represión, las asambleas ratificaron el reclamo de los 30.000 bolívares diarios, que se reemplace la comisión designada a dedo por una comisión electa, y aprobaron nuevas medidas de movilización. La C-CURA aparece a la cabeza de estas movilizaciones, así como la corriente clasista que se nuclea en el histórico periódico La Jornada.

En estas condiciones, la patronal, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical resolvieron en el lapso de 48 horas lo que habían dilatado durante diez meses, pero los petroleros igualmente lo rechazan.

El Ministerio, la patronal y la burocracia están sometiendo a los trabajadores a un chantaje: o aceptan este aumento miserable o seguirán sin convenio y sin aumento por mucho tiempo.

La lucha está abierta. Los petroleros no están dispuestos a aceptar lo que firmó una comisión que no eligió nadie y que, según se denuncia en las asambleas, “se arrodilló a la directiva de PDVSA”.

En esta lucha se juega un objetivo estratégico: la independencia del movimiento sindical frente al Estado, lo cual plantea, en forma simultánea, la independencia política de la clase obrera frente al nacionalismo militar bolivariano.