Las ocupaciones de tierras que se dieron en todo el país son la máxima expresión de la profunda crisis habitacional que golpea a la clase obrera en su conjunto. Esta problemática no se reduce solamente a un sector social de desocupados, sino que cada vez son más las familias con empleos estables que terminan hacinadas en sus casas familiares, o incluso siendo parte activa de las ocupaciones.

Esto es la muestra clara del deterioro de las condiciones de vida de toda la clase obrera argentina. No sólo la desocupación masiva, agravada por la pandemia, es un factor que alimenta la crisis habitacional. El congelamiento salarial suma a toda una franja de la población a este padecimiento. Trabajadores formales, los que aún conservan un trabajo en blanco, se han visto imposibilitados de sostener el pago de los alquileres que se dispararon en los últimos meses.

Particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires, la crisis habitacional y la imposibilidad de acceder a una vivienda son una de las principales problemáticas. 300 mil personas viven en villas o asentamientos y la falta de una urbanización real, que se refleja en la ausencia de servicios básicos, afecta constantemente las condiciones de vida de miles de familias.

En los últimos 30 años, el porcentaje de población que vive en asentamientos aumentó del 1,3% al 8% (este último data del año 2017).

¿Cómo afecta esto a la juventud?

Como nunca antes en los últimos años, la pandemia del Covid-19 ha colocado sobre la mesa la brutalidad que se descarga sobre la juventud: el desempleo y la precarización laboral.

Producto de la ofensiva patronal que fue avalada por el gobierno de Alberto Fernández y por la burocracia sindical, el 60% de la juventud recurre a trabajos informales y la tasa de desempleo ronda el 20% y asciende mientra avanza la crisis.

La idea de acceder a una casa propia, el ser propietario, es una perspectiva que ha desaparecido casi completamente para la juventud trabajadora. Incluso, hoy en día, hasta conseguir un alquiler accesible es un objetivo difícil de alcanzar. Teniendo en cuenta el salario promedio ronda los $25.000, y los alquileres oscilan entre los $15.000 y $20.000 (uno o dos ambientes). Entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo hace la juventud para acceder a una vivienda si, ni siquiera puede afrontar el pago de un alquiler?

Cada vez son más les jóvenes que viven en asentamientos o villas en la Ciudad, o que tienen que irse hacia PBA para intentar alquilar, en general, compartiendo ese alquiler con 1 o 2 personas más, y poder mantenerse todo el mes al mismo tiempo.

Organicémonos por el derecho a la vivienda

El Estado devela su carácter de clase a la hora de apelar al código de propiedad, a las leyes de la propiedad privada para justificar los desalojos, como el de Guernica, y como los que se vienen dando en las últimas semanas, en lugar de resolver la necesidad social que expresan las familias al tener que tomar tierras.

Las ocupaciones de tierras son hoy la única vía de muchas familias trabajadoras para acceder al derecho elemental de la vivienda. La lucha por este derecho tiene que ir de la mano de la defensa incondicional de las ocupaciones y el rechazo a la percusión judicial y la represión estatal que pesa sobre quienes permanecen en esas tierras.

Para una salida de fondo es necesario un programa integral, que debe incluir un límite a los precios de los alquileres para que no superen el 10% del salario, la quita de los impuestos inmobiliarios a familias con una única propiedad, la imposición de un impuesto progresivo a las viviendas ociosas y su entrega en comodato a los jubilados, el cese de la entrega de terrenos públicos al capital inmobiliario, y un plan de viviendas populares y urbanización de villas y asentamientos precarios bajo control obrero.

En ese sentido, la juventud tiene que salir a intervenir activamente para defender este derecho y para luchar de conjunto contra la precarización laboral y por trabajo genuino. Esto, sólo puede ser conquistado con la organización independiente y de lucha de la juventud trabajadora.