Luego de masivas movilizaciones de los docentes y estudiantes del interior de Chaco, se le arrancó gobernador Domingo Peppo el veto a la “Ley CRES”, que avanzaba en el desfinanciamiento de la educación superior y su tercerización en municipios, cooperativas o asociaciones. 

Este viraje político de los legisladores y del gobernador se da en el marco de una situación provincial crítica a nivel económico y social: con paritarias del 10% para los docentes y estatales, con aumentos tarifarios del orden del 60-70% y trabajo en negro y precario. 

El vaciamiento de la educación superior es la continuación de una línea que el gobierno viene aplicando ya en la educación, desde el gobierno menemista y pasando por los nac&pop, al que el pejotismo y radicalismo de la provincia rinden tributo. Esta iniciativa es la línea que marca el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), para abaratar la mano de obra, bajando el nivel de la educación y al mismo tiempo empeorando la situación de los docentes. Esta política se manifiesta en el ataque del estatuto docente, las pésimas condiciones de las aulas, la falta de becas para los estudiantes, la eliminación de las libertades democráticas tanto de los estudiantes (eliminación del cogobierno y regimentación de los centros de estudiantes) y docentes.

En la sesión especial de la Cámara de Diputados en San Martín, el único bloque que denunció y votó en contra fue el del Partido Obrero, que además  desarrolló una intensa campaña por redes sociales para romper el cerco mediático impuesto por el gobierno. Esto alimentó un fuerte repudio de los estudiantes y docentes, que fue encontrando un canal en la organización de marchas y repudios contra la ley sancionada, principalmente, en Villa Ángela, Tres Isletas y Castelli, en las que participó el diputado del PO, Aurelio Díaz.

Esto llevó a los diputados que habían votado a favor de la ley a pronunciarse en contra -intentando despegarse de lo que habían votado en San Martín- y al gobernador a vetarla, pese a que la norma se integra con su política de ataque a la educación –parte de la avanzada al área por parte de oficialistas y opositores en todo el país, aplicando el ajuste que dicta el FMI.

El veto debe ser tenido en cuenta como un punto de partida y de apoyo de los métodos utilizados y de los resultados obtenidos. Está planteado avanzar por todas nuestras reivindicaciones: exigir Educación Sexual Integral en los colegios, triplicación del presupuesto para educación, indexación de los salarios de los docentes y auxiliares, pase a planta de los porteros -que cobran becas de $ 2.000. 

Para conquistar esto es necesario reforzar los centros de estudiantes independientes de los partidos de la burguesía. Y en los sindicatos es necesario una intervención de líneas antiburocráticas que se encargue de recorrer los lugares de trabajo, escuela por escuela, propiciando que se hagan asambleas y se voten delegados por mandato de escuela para rediscutir la paritaria, y un congreso de delegados para votar un plan de lucha.