En el Consejo Directivo del 14 de abril se presentó un proyecto de resolución para acordar un convenio con las empresas Papel Prensa S.A. y Altos Paraná S.A. Se trata por un lado, de la empresa apropiada bajo la dictadura militar por Magnetto y Herrera de Noble y por el otro de la empresa forestal más grande de la Argentina con fuertes denuncias de contaminación y destrucción del medio ambiente. El convenio tiene por objeto el estudio de dos plagas que afectan a las plantaciones forestales.

Según el texto del convenio, la facultad aporta sus investigadores y sus laboratorios y a cambio recibe una suma fija de 285.000 pesos -aclarando que “todo eventual gasto que puede generarse por la Facultad será afrontado por la UBA con fondos propios”. Es un claro ejemplo de cómo opera la privatización en la universidad pública: la facultad se coloca como una prestadora de servicios, incluso utilizando recursos del Estado para financiar investigaciones para las grandes empresas. Se trata de un subsidio al capital y una degeneración de la universidad.

Propiedad intelectual

La clausula cuarta reza: “La información que se obtenga y los resultados de las investigaciones y sus alcances serán propiedad de la facultad, Papel Prensa y Altos Paraná en las siguientes proporciones: 50% de la Facultad, 25% de Papel Prensa, 25% de Altos Paraná”. Está clausula transforma el convenio privatista en un acto contra la facultad, el desarrollo científico nacional y el pueblo argentino. Las autoridades cristinitas le entregan la propiedad de la investigación -realizada en Exactas y por investigadores de Exactas- a la empresa de Clarín y La Nación y a una forestal contaminante.

Los consejeros oficialistas se aprestaban a votar el proyecto sin ningún tipo de debate al respecto y fue nuestra intervención en el Consejo Directivo la que los obligó a dar explicaciones. El decano Reboreda defendió el convenio por ser “iniciativa de un profesor”, avalando la privatización desde cada grupo de investigación. El vicedecano, acosado por nuestro cuestionamiento, pidió la vuelta del proyecto a comisión porque “no tenía presente el tema de la propiedad intelectual”. Pasada la comisión y sin modificación alguna, se preparan para aprobar el convenio en el próximo Consejo.

Finalmente, este convenio sirve como botón de muestra de la decadencia de la política científica del gobierno y de las camarillas profesorales. Es que para los K la “vinculación con el sector productivo” equivale a investigar para Magnetto.

En la misma sesión, inmediatamente a continuación del convenio con Papel Prensa, se trato un convenio con la Fundación YPF para publicitar las carreras de Exactas ligadas a la energía. En medio del pago multimillonario a Repsol y del acuerdo con Chevron se trata de una convalidación de la política de vaciamiento petrolero, de tarifazos y de entrega al capital extranjero. En este marco es que nuestro consejero rechazó el acuerdo. Sin embargo, los consejeros del FEM-Marea Popular -que habían rechazado el convenio con Papel Prensa- apoyaron el acuerdo con la Fundación YPF. Sus argumentos fueron que se trataba de una empresa estatal y que le sirve a la facultad el apoyo de YPF. Revelan una vez más su kirchnerismo explícito.

Juan Winograd