El 6 de octubre, en la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, salió a la luz la resolución rectoral 1878/2015, que aprueba un convenio marco de colaboración entre la UNC y la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side). El acuerdo fue digitado desde las sombras por el propio rector kirchnerista Tamarit, a espaldas de la comunidad educativa, y lo suscribió su vicerrectora Silvia Barei, ligada a Patria Grande. La defensa política del acuerdo quedó en manos de la agrupación estudiantil K La Bisagra.
El convenio, que no especifica cuál sería la colaboración mutua, es una caja de pandora que autoriza la intromisión de los aparatos de espionaje y represión estatal en la UNC. Las mafias paraestatales ejercerán un poder paralelo a los órganos de gobiernos universitarios para regimentar cualquier movilización estudiantil en defensa de la educación pública. Y como si eso fuera poco, se pretende reclutar entre los estudiantes mano de obra barata para reforzar los programas de espionaje, tipo Proyecto X.
La resolución ha sido planificada hasta en los últimos detalles ya que establece que “el financiamiento de las actividades derivadas será conjunto”. Estamos ante la tentativa de redireccionar parte del presupuesto universitario, el más grande en Córdoba luego del de la provincia y el municipio capital, para la caja negra del crimen organizado y el espionaje de la ex Side.
No se trata de un exabrupto local. De la mano del propio Parrilli, existen cinco universidades en el país que ya sellaron pactos con la flamante AFI, entre ellas la Universidad de Villa María. El acuerdo tiene una función reaccionaria porque se ha establecido como una nueva maniobra del kirchnerismo para lavar el rostro de los servicios de inteligencia nacionales luego de la muerte de Nisman -es decir para mantenerlos en pie y preservar todo el régimen de impunidad que los rodea. Se profundiza la línea que se desarrollo con la designación del represor Milani, la aplicación de la Ley antiterrorista y el Proyecto X. El reforzamiento del aparato represivo es la regla oficial para contener las reacciones populares frente al ajuste en curso y su agudización poselectoral. Tamarit lo sabe y pone la UNC a disposición, para autorizar la operación frente a la comunidad.
Sin embargo, estos intentos no podrán encubrir que en los servicios siguen actuando más del 80% de los agentes de la dictadura y que estos aparatos son los responsables del gatillo fácil y la represión, y se encuentran profundamente entrelazados con el delito, en particular con el narcotráfico y la trata de personas.
Las libertades democráticas y la educación pública son incompatibles con los servicios de espionaje y represión. Desde la UJS rechazamos de plano el convenio y no cesaremos la movilización hasta derogarlo, comenzando con un acto frente al propio Consejo Superior. Planteamos el desmantelamiento de los aparatos represivos y de espionaje que conspiran contra el pueblo trabajador y los luchadores, y la apertura integral de los archivos de inteligencia.
