El 22 y 23 de febrero se realizará un juicio oral a tres estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de la UBA, procesados hace ocho años por el “delito” de protestar contra el arancelamiento de su facultad; o sea, defender la educación pública. La carátula por la cual se los juzgará es “privación ilegítima de la libertad agravada”, en una causa que se originó con la acusación llevada a cabo por el entonces subsecretario académico shuberoffista y actual secretario de Infraestructura de la UBA, Marcelo De Cusatis. El funcionario cargó contra los estudiantes, logrando el procesamiento de los dirigentes de la lucha: Gabriel Trebino (entonces presidente del Ceadig), Sebastián Goldfarb (consejero estudiantil en el 2002) y Lucas Giono (entonces consejero estudiantil y ex presidente del Ceadig, actualmente docente-investigador de la Fadu, consejero directivo por la mayoría del claustro de graduados y miembro de la Comisión Directiva de la AGD-Fadu y de la Mesa Ejecutiva de la AGD-UBA).
Luego de haber sido sobreseídos en el año 2004, se reabre la causa a instancias del actual procurador general del gobierno nacional, Esteban Righi, en ese momento abogado defensor de los shuberoffistas. No es casual que tanto las camarillas de la UBA como un alto funcionario kirchnerista estén involucrados, pues este juicio se da en el marco de un proceso de persecución política y criminalización de la protesta social a nivel nacional. Este caso se suma al de los diez dirigentes estudiantiles imputados por defender al CBC de Merlo y cuyo sobreseimiento conquistado fue apelado; a los sumarios en Veterinaria, a la reapertura de las causas por la lucha contra la Asamblea Universitaria del 18 de diciembre de 2006; así, pretenden silenciar y socavar la lucha del movimiento estudiantil y docente.

No es casual, en este cuadro, que la elevación a juicio haya sido comunicada cuando culminaba el año y que la fecha del propio juicio sea en febrero, cuando la clases todavía no comenzaron. Así piensan impedir una movilización estudiantil de envergadura.

Justamente para superar estas maniobras es necesario una fuerte campaña. En ese sentido, la Fuba y la AGD-UBA ya han lanzado un afiche de denuncia y han sacado un petitorio para ser firmado de manera masiva. En una reunión con organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos realizada en esta semana se votaron nuevas iniciativas de movilización al juzgado y de reunir una cantidad mayor de adhesiones.

Todos los esfuerzos deben estar colocados en garantizar una gran movilización al juicio oral los días 22 y 23 de febrero instalando un campamento de protesta frente a los Tribunales, por la absolución y el cierre de la causa.