Los estudiantes Cristian Jurado y Patricio Finoli, y el docente Mariano Rodríguez Otero han sido llamados a declarar como imputados por ocupar el edificio del profesorado Joaquín V. González para luchar contra la reforma de los planes de estudio que intenta imponer el gobierno nacional.

La reforma del gobierno y el Rectorado pretende estirar el plan de estudios, aumentar las correlatividades y dificultar las condiciones de cursada; por ejemplo, introduce prácticas en contraturno. Los estudiantes y un sector de los docentes han elaborado un plan alternativo, que ha sido votado en elecciones, certificadas por escribano público, por más de 700 estudiantes y docentes (un 80% de la carrera).

Las autoridades pretendieron montar una elección trucha, con voto ponderado, para plebiscitar la reforma. Fue convocada en una sesión ilegal del Consejo Directivo, a puertas cerradas, sin la presencia de representantes estudiantiles.

Los macristas, incluso, prestaron el ministerio al Consejo Directivo para la sesión en la cual se convocó a las elecciones truchas. El gobierno llegó a la medida extrema de eliminar la validez nacional del título de Historia del profesorado. El año pasado se inauguró un nuevo edificio sin capacidad para albergar al conjunto de las carreras y que, con sólo un año de funcionamiento ya ha sido cerrado dos semanas por haberse inundado un sector.

El gobierno y el Rectorado no han logrado hacer pasar aún la reforma del plan, pero el título no tiene validez nacional y tampoco se ha avanzado en reconocer el plan estudiantil. El gobierno anunció que, de no aprobarse la reforma, podría levantar las inscripciones para los ingresantes 2011.

Desarrollemos una fuerte movilización contra la persecución judicial, contra la reforma y por la validez nacional del título.