Tras las escandalosas denuncias publicadas por La Nación (ver PO N° 1.335), el silencio de la UBA fue atronador. El matutino difundió con lujo de detalles el funcionamiento de una red de desvío de fondos a través del otorgamiento fraudulento de subsidios del Ministerio de Industria, cuyas ramificaciones llegarían a empresas vinculadas con el secretario de Hacienda y el decano de Económicas, entre otros funcionarios de la UBA. Sin embargo, ni el rector ni sus secretarios emitieron comunicación pública al respecto. Tampoco los decanos “Carta Abierta”, porque el negociado involucra por completo a Kicillof y su gobierno, a la vez que desnuda su entrelazamiento con la oligarquía profesoral, más allá de que sean radicales, peronistas o del PRO.

El PO, por el contrario, inició una campaña para reclamar la formación de una comisión investigadora. Desde nuestro lugar en la mayoría estudiantil del Consejo Superior, reclamaremos su formación, integrando a las representaciones de estudiantes y trabajadores. No estamos frente a un problema “que solamente deberá resolver la Justicia”. Las denuncias ponen al desnudo el rol de las “asesorías” y servicios de “consulta” que brinda la universidad como tercerizada de empresas u organismos públicos. Lejos de cualquier interés académico, priman la descomposición y los negocios que degradan y desnaturalizan a la UBA. Esa orientación social es el cemento del que está hecho, finalmente, el pacto entre el gobierno K y las camarillas profesorales para repartirse el Rectorado.

Vamos por una campaña para exigir el esclarecimiento de los hechos denunciados, la apertura de todas las cuentas de “recursos propios” y el desmantelamiento de las cajas negras en la universidad. Propondremos a la Fuba y la AGD que tomen estos planteos en sus manos.