El golpe de Estado de 1976 y el desarrollo de la última dictadura cívico-militar apuntó a eliminar el ascenso de un enorme movimiento de masas, cuyo punto de partida podemos establecer en el Cordobazo. En el proceso de insurrección obrera, la juventud jugó un papel clave, que la encontró en primera línea junto a la clase trabajadora, y también blanco de la represión. Casi el 50% de los detenidos- desaparecidos tenía entre 16 y 25 años. El caso más emblemático de la persecución y represión al movimiento estudiantil a partir del último golpe militar es el operativo realizado el 16 de septiembre de 1976, conocido como La Noche de los Lápices. La Policía Bonaerense- al mando de Ramón Camps y secundado por Miguel Etchecolatz, y el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, secuestraron a estudiantes secundarios que eran dirigentes de sus centros de estudiantes en La Plata. La pelea por la educación pública y los reclamos estudiantiles siguen vigentes.

Aún en democracia, la Bonaerense de la última dictadura militar mantiene un hilo de continuidad con la actual. Solo algunos jefes puntuales han sido llevados a juicio, manteniendo todos los gobiernos en pie a la estructura policial heredera de la represión, persecución y desaparición de trabajadorxs y estudiantes. El accionar de las fuerzas represivas como brazo armado del Estado capitalista siempre ha sido guiado por el afán de regimentar las luchas obreras en curso.

Los crímenes contra la clase obrera

El asesinato de Darío Santillán y Maxi Kosteki el 26 de junio de 2002 a manos de efectivos de la policía bonaerense y Gendarmería durante la represión de Puente Pueyrredón, marca hasta qué punto puede llegar el accionar criminal del Estado con la finalidad de contener la movilización popular. Se trató de un operativo centralizado desde el propio Poder Ejecutivo con la finalidad de escarmentar la lucha piquetera, del cual participaron todas las fuerzas: la policía federal y bonaerense, Gendarmería, Prefectura y hasta infiltrados de la ex Side. Aquella jornada dejó un saldo de 30 heridos de balas de plomo, sin embargo, solo se encuentran presos y condenados el ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta -producto de la organización y movilización popular. Los principales responsables políticos de la “Masacre de Avellaneda”, Eduardo Duhalde y Felipe Solá, quienes en 2002 ocupaban los cargos de Presidente de la Nación y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires respectivamente, y Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia en aquel entonces, no solo quedaron impunes, sino que actualmente, tanto Solá como Fernández, son funcionarios del gobierno nacional.

Hace 3 años, Santiago Maldonado participaba de un corte en la Ruta 40 de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, Chubut, que reclamaba por sus tierras. Esta acción fue reprimida de forma brutal por la Gendermería Nacional al mando de Patricia Bullrich, quien a balas de plomo persiguió a los manifestantes. Allí se lo vio por última vez con vida, y los responsables de su desaparición y asesinato siguen impunes. Bajo el mismo mando, el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, ilustra el motivo de fondo que motoriza el procedimiento de las fuerzas represivas: la defensa de la propiedad privada capitalista.

A instancias de la movilización popular se han logrado una serie condenas en materia de represión estatal. El movimiento de lucha por justicia por Mariano Ferreyra, encabezado por el Parido Obrero, logró arrancar la prisión de los responsables políticos y materiales del crimen, sobreponiéndose a todo tipo de maniobras a lo largo del juicio. De esta forma, fueron condenados los principales dirigentes gremiales de la Unión Ferroviaria (José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz), responsables de la patota que asesinó a Mariano e hirió gravemente a Elsa Rodríguez, así como también, fueron juzgados cinco efectivos de la policía federal, responsables de liberar la zona que permitió el accionar de la patota paraestatal. Detrás del crimen de Mariano se hallaba el entramado anti obrero compuesto por el Estado, los empresarios del ferrocarril y la burocracia sindical para perpetuar la tercerización laboral, y la lucha por justicia tuvo la virtud de ponerlo de manifiesto.

La militarización en los barrios y la persecución de la juventud

Bajo la carátula de “gatillo fácil”, la policía se presenta como una asociación ilícita de amenaza a la juventud trabajadora. El accionar criminal de las fuerzas cuenta con el total amparo de los gobiernos en garantizar su impunidad. Tal es el caso de Ismael Sosa, entre tantos otros, un joven de 24, que en 2015, mientras se dirigía a un recital de La Renga en Villa Rumipal, fue interceptado por la policía cordobesa, la cual le propició una golpiza, lo mantuvo desaparecido dos días y luego arrojó su cadáver en Río Tercero con el objetivo de hacer pasar el asesinato por muerte accidental, lo cual fue desmentido posteriormente por la autopsia.

Pero la Bonaerense heredera de Champs y Etchecolatz sostiene su historial de íntimamente ligazón al narcotráfico, la trata de mujeres y niñxs y el delito organizado. Es la Bonaerense que secuestró, torturó y asesinó hace 11 años a Luciano Arruga en La Matanza, quien se había negado a robar en zonas liberadas por la policía. La misma “maldita policía” que en una persecución policial en San Miguel del Monte, ocasionó el choque de un auto con 5 adolescentes, 4 de ellos murieron, luego de que los jóvenes habían presenciado una situación que vinculaba a la policía con la venta de droga en la zona.

El empoderamiento de las fuerzas durante la cuarentena

El despliegue de las fuerzas represivas montado con el argumento de “hacer cumplir la cuarentena” y “asistir a los barrios populares”, que denunciamos desde el comienzo del aislamiento en Prensa Obrera, se ha demostrado como un operativo de control y disciplinamiento social para reprimir a las luchas populares y a la juventud. La represión está a la orden del día en las luchas obreras y populares (la ocupación de tierras, Penta, UTA, Andacollo). El gobierno de Alberto Fernández pretende llevar adelante los planes fondomonetaristas y necesita empoderar a las fuerzas represivas para aplicarlos a fondo.

Pero el “empoderamiento de las fuerzas” de la Bonaerense, alentado por el propio ministro de Seguridad Sergio Berni, se ha agravado con la desaparición por 3 meses, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Pero solo es la punta del iceberg: 3 desapariciones forzadas y 113 casos de gatillo fácil han perpetuado las fuerzas represivas estatales este año.

Hoy más que nunca, los Fernández y Kicillof sostienen a Berni, que continúa acumulando a su prontuario de represión y ataque a la organización de lxs trabajadores. Y el gobierno pone todas las fichas en el empoderamiento de la «maldita policía». En una misma semana ha brindado $37 mil millones en un «megaplán» de reforzamiento represivo en Buenos Aires, y ha reculado aumentando un 40% a la policía amotinada. Y para sacarle jugo a esta inversión en represión, la Bonaerense reprimió cuanto reclamo popular exista: desde el desalojo en San Fernando, la protesta de vecinos por la muerte de un pibe de 6 años o la familia y amigos que reclamaban justicia por el femicidio de Ludmila, de 14 años. Esta semana la policía de Berni prepara un violento desalojo en las tomas de tierras en Guernica, ocupadas por decenas de familias desocupadas.

El accionar de la Bonaerense no es «violencia institucional» efectuada por manzanas podridas dentro del sistema, es una política de Estado abonada por el conjunto del gobierno. El mensaje de empoderamiento de las fuerzas de seguridad no es otra cosa que darle el visto bueno a su accionar criminal: la policía está íntimamente ligada al narcotráfico, la trata de personas y una historia de represión y gatillo fácil que tiene como principales víctimas a los trabajadores y la juventud.

El sábado 19 participamos del primer plenario antirrepresivo nacional, donde votamos en conjunto con organizaciones de DD.HH. y familiares de víctimas de gatillo fácil una movilización a Plaza de Mayo el 8 de octubre. Es fundamental redoblar la organización y movilización para que se vaya Berni.

Vamos a organizarnos: ¡fuera Berni!

Se hace necesario para la juventud organizarse de forma independiente, tanto del gobierno como de la oposición patronal, para luchar contra la represión, la precarización laboral, en defensa de la tierra y la vivienda. La independencia política de estas variantes resulta fundamental a la hora de luchar contra la impunidad de ayer y de hoy. No se puede pelear contra la impunidad de los crímenes a lxs trabajadores y la juventud perteneciendo al mismo gobierno que los fomenta y avala. La pelea por el ¡fuera Berni! es fundamental para asestar un golpe a la política represiva nacional de conjunto. El Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo, este 25 y 26 de septiembre, será una parada importante para organizar todas estas campañas a nivel nacional. ¡Sumate junto a lxs jóvenes que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy!

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