Juventud

7/8/2008|1049

NACIONAL BUENOS AIRES, ACOSTA, PELLEGRINI

Abajo la represión a los secundarios

La rectora del Colegio Nacional Buenos Aires sentó precedente cuando judicializó la toma del colegio que reclamó el cumplimiento del Acta de Compromiso firmada por el Rectorado de la UBA un año antes. Ahora, el gobierno de la Ciudad inició una causa penal por la toma del Mariano Acosta, imputando, incluso a los padres.

La intentona represiva contra el movimiento secundario no se reduce a la apertura de causas judiciales. En el Buenos Aires se aplican sanciones que pueden dejar a algunos estudiantes libres, sin discusión previa en los Consejos de Convivencia del colegio. González Gass ha evitado por todos los medios justificar públicamente su conducta. En el Pellegrini, pretenden también colocar sanciones a un compañero por pasar por cursos “sin autorización de los directivos”.

A esto se le suman las claras pretensiones de los directivos de quebrar la lucha estudiantil en la Técnica 8; en el Normal 1, donde contrataron matones de seguridad privada para amedrentar a los estudiantes, y en el Nacional 17 y el Mariano Acosta.

El gobierno de Macri acaba de dictar una nueva reglamentación de la ley 223 que “en 1999 creó los Consejos y abolió las amonestaciones” (Clarín, 3/8). “A partir de ahora el rector vota y desempata en los Consejos de Convivencia y antes sólo tenía voz”; “los docentes pueden aplicar sanciones leves en forma directa sin pasar por el Consejo” a “inconductas” como, por ejemplo, “desobedecer indicaciones de los profesores o directivos” (ídem).

Es decir que le da piedra libre a las autoridades y a los docentes de la burocracia de UTE para quebrar la movilización estudiantil. El gobierno macrista y la dirección de Ctera en la Capital se han unificado en una campaña contra la organización independiente de los estudiantes.

El Estado y los directivos enfrentan con represión y persecución el surgimiento de una nueva generación de luchadores que pone en cuestión el régimen social que vacía y destruye la educación pública.

Rechazamos los intentos de judicializar nuestra lucha, exigimos el levantamiento de cualquier sanción por luchar, vamos a enfrentar los amedrentamientos y la persecución.