El aberrante fallo de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, reduciendo la condena de un abusador por considerar como atenuante la supuesta orientación homosexual de la víctima de sólo seis años, desató la indignación e inmediata respuesta del movimiento estudiantil, para exigir que sean desafectados como profesores de la Facultad de Derecho de la UNLP.

 

No es la primera vez que los estudiantes de La Plata nos movilizamos este tipo de cuestiones. En 2007, en la Facultad de Derecho, la lucha estudiantil impidió que Soria, ex funcionario de la dictadura, fuera elegido como decano. Al calor de esa pelea se incorporó, en la reforma del estatuto de la UNLP, un artículo que establece que ningún funcionario público que haya cumplido funciones en la dictadura puede ejercer como docente en la universidad.

 

A partir de esa conquista se han dado otras luchas victoriosas, como la toma del Rectorado de febrero del año pasado que obligó a renunciar al vicedecano de Medicina, Pérez Albizu, por su colaboración en la desaparición de los cuerpos de quienes eran secuestrados y asesinados, firmando certificados de defunción como NN. Horacio Piombo, además de misógino y homofóbico, es también un juez de la dictadura. La UNLP está plagada de esta clase de elementos reaccionarios sostenidos por las autoridades.

 

Cuando el miércoles 20, una asamblea de más de 300 estudiantes votó la toma del decanato de Derecho para exigir la suspensión y el juicio académico, la camarilla radical maniobró postergando el Consejo Directivo e impulsó, desde sus cátedras y, sobre todo, a través de la Franja Morada (que conduce el centro), una campaña contra la medida. Lo mismo vale para el sector kirchnerista del Rectorado, que a través de la Dirección de Derechos Humanos expresó su “preocupación”, evitando posicionarse por la destitución de los jueces.

 

La movilización de casi un millar de estudiantes al Rectorado el jueves 21 puso contra las cuerdas a la presidencia de la UNLP, que debió asumir el compromiso público de que apoyarán la destitución inmediata de Piombo y Sal Llargués en la próxima sesión del Consejo Superior. Con este compromiso y teniendo fecha el Consejo Directivo de Derecho, la asamblea resolvió levantar la toma del decanato y preparar con fuerza una movilización hacia estas instancias, para conquistar definitivamente la separación de sus cargos en la universidad.

 

Esta lucha fortalece, objetivamente, al movimiento estudiantil contra las autoridades porque debió quebrar la resistencia que estas opusieron a la destitución efectiva de los jueces. Es, además, una expresión de la convivencia de las camarillas progresistas y reaccionarias que desenvuelven la misma política privatizadora. Nos esforzaremos, además, por agrupar a todo el activismo que participó del conflicto para echar a la Franja Morada del Centro de derecho para que deje de ser una dependencia más de las autoridades.

 

Ahora vamos con todo, con la Fulp a la cabeza -junto a organizaciones de derechos humanos que nos acompañarán, entre ellas Apel, que intervino en el conflicto-, al Consejo Directivo de Derecho y al Consejo Superior por la destitución de Piombo y Sal Llargués.