El gobierno ha desatado una ofensiva racionalizadora contra las escuelas normales que tienen en la Normal de San Miguel de Tucumán a uno de los institutos educativos de mayor tradición y prestigio en la provincia. Esta escuela cobró resonancia el año pasado, cuando una asamblea de 1.500 chicos vapuleó a la ministra de Educación cuando se debatió sobre la censura al programa de Lanata en la provincia. A su vez, las escuelas normales de ciudades del interior tucumano (Simoca, Alberdi y Monteros) son las casas de estudio más importantes de esas localidades.

El gobierno dispuso la baja de 32 docentes contratados e interinos, pero con varios años de docencia. Apunta a liquidar el régimen educativo, el cual le garantiza una relativa autonomía y conquistas al personal docente, inexistentes en el ámbito de la educación pública provincial. En el caso particular de la Normal de la capital provincial, incluso existe un negocio inmobiliario en puerta, pues el colegio ocupa una gran extensión en una zona privilegiada del microcentro.

En esta ofensiva, el gobierno cuenta con el apoyo de la burocracia de los sindicatos docentes. Es el caso de Atep y de Apem, las que agrupan mayoritariamente al personal de estas casas de estudio. Lo que el gobierno no se esperaba es que un sector docente se autoconvocara y -con el apoyo masivo de los estudiantes reunidos en asamblea- decidieran iniciar un plan de lucha, ganando la calle al grito de “la Normal no se toca” con el objetivo de voltear la medida.

Tribuna Docente y la UJS están interviniendo. Planteamos la necesidad de poner en pie una coordinadora de lucha docente-estudiantil de las normales, la que resuelva un plan de acción y una campaña dirigida a ganar el apoyo de los egresados, de los padres y de la comunidad, para obligar al gobierno a recular en su ofensiva antieducativa.

La lucha recién comienza.