En la Jornada Nacional “Basta de Travesticidios y Transfemicidios / Cupo Laboral Trans Ya”, alrededor de dos mil personas marchamos hasta Casa de Gobierno para exigir políticas concretas de inclusión social y laboral, y que erradiquen toda violencia de la que la comunidad de diversidad sexual y de género somos blanco a diario. Con una fuerte denuncia al Estado y a los gobiernos, en una columna independiente de la comisión organizadora de la marcha, desde la agrupación 1969 exigimos educación sexual científica y laica, separación de la Iglesia del Estado y fuera el FMI. Al finalizar el acto, participamos en el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito.

Algunos de estos espacios nos habíamos concentrado a la mañana en el Concejo Deliberante de la Municipalidad para exigir la inmediata aprobación de un cupo laboral trans, que desde hacía tiempo venía cajoneándose. El cuerpo de concejales sancionó en forma unánime la ordenanza que permitirá que cinco personas por año puedan insertarse laboralmente en el ámbito de la Municipalidad. La normativa contiene un articulado que exime de impuestos a empresas estatales y privadas, y los ediles resolvieron revisar algunos puntos referidos a la idoneidad del personal que se contratará. La lucha por el cupo queda así supeditada a las maniobras oportunistas del Estado municipal, sus estímulos al capital y su reivindicación de la expulsión de la posibilidad de un trabajo genuino.

Para culminar la jornada, desde la 1969 conmemoramos la fecha del levantamiento de Stonewall (hito de las actuales luchas por los derechos de la comunidad LGBT+) con un cine debate en el que participaron compañeros secundarios, allegados a la agrupación y público en general.

El Estado y los gobiernos son responsables

La falta de implementación del cupo laboral trans, de educación sexual laica y científica, el vaciamiento de la salud pública, los despidos, el ajustazo, nos transforman a diario en blanco de ataques LGBTfóbicos y todo tipo de vejaciones, que la comunidad trans sufre con creces. Estos ataques sistemáticos son el correlato del papel determinante del Estado en la reproducción de la desigualdad y de la operación de sectores clericales “profamilia” contra los derechos de la comunidad LGBT+.

En el marco del reciente fallo histórico por el que se condenó al asesino de la referente trans Diana Sacayán bajo la figura de travesticidio –precedente para pelear contra la impunidad que encubre los asesinatos de nuestras compañeras–, exigimos justicia por Vanesa Zabala, Pamela Tabares, Karlos Ledezma, Chiche Castañeda, Coty Olmos, Mónica Chiviro Ortiz, Sol Gómez y Adriana Cuqui Bonetto.

En Santa Fe, los funcionarios de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual provincial corren el eje de la responsabilidad del Estado y del progresismo por la situación de emergencia de hecho a la que nos empujan con sus políticas al conjunto del colectivo LGBT+. El gobierno avala a las redes de trata por medio de sus negocios con puertos privados en toda la provincia y a un descompuesto aparato policial que regentea la explotación sexual.

Las oficinas asimiladas a los gobiernos de la heteronorma y del ajuste pretenden encerrar al movimiento con la subordinación al Estado y al clero, en un intento de poner fin a la violencia –que esos mismos aparatos permean a la sociedad– a través de encuestas “inclusivas” direccionadas y más demagogia a través de una seguidilla de aprobación de cupos laborales en nueve municipios santafesinos.

Sin embargo, el lavado de cara del gobierno frente a la comunidad LGBT+ no ha significado ningún cese de la escalada de violencia hacia la identidad u orientación sexual y de género. En la ciudad de Rosario, el día anterior a la jornada, tres mujeres trans que se dirigían al centro de día LGBT para organizar la marcha en esa localidad fueron agredidas con insultos, palos y piedras por un grupo de manteros en plena peatonal céntrica, ante la mirada impávida y burlona del Comando Radioeléctrico. 

A mediados de año, el país entero lleva una lista de casos de impunidad con más de 40 casos de crímenes de odio, de los cuales la mayoría no han sido investigados, un verdadero genocidio silenciado. La expectativa de vida promedio del colectivo trans es de 35 años, como consecuencia de las condiciones de marginalidad y violencia que encuentran en el Estado y la Iglesia sus principales responsables.

Por una organización independiente

Las grandes movilizaciones con las que logramos la media sanción por el aborto legal y la victoria en el juicio por Diana Sacayán nos tienen que impulsar a continuar organizándonos en un movimiento independiente del Estado, los gobiernos y la Iglesia frente a la violencia a que nos someten esas instituciones. No podemos depositar ninguna expectativa de mejoras materiales para el colectivo LGBT+ bajo un gobierno que fomenta la discriminación y la explotación de clases.

Sigamos la tradición de lucha de Stonewall contra el sistema y ganemos las calles junto a la clase trabajadora con un programa de salida a la brutal opresión de clase y género que estamos sufriendo. En un marco de ajuste, reforma laboral, represión, despidos generalizados, la implementación efectiva de la inclusión laboral trans requiere de una gran movilización y presión popular.

Basta de persecución y criminalización a la comunidad LGBT: absolución para Joe, Higui y Mariana; basta de crímenes de odio; exigimos aborto legal para las personas gestantes, separación de la Iglesia y el Estado y educación sexual laica y científica; derrotemos el protocolo LGBT; repudiamos el pacto con el FMI y el ajuste que viene llevando a cabo el Gobierno nacional con todos los gobernadores; por el pleno desarrollo y libertad de las identidades de género, sexuales y afectivas.



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