Desde el año 2015 el movimiento de mujeres y LGBT se organiza en contra de la desidia del Estado, primer responsable frente a los femicidios y los travesticidios, en la jornada #NiUnaMenos. En lo que va de la cuarentena se pudo ver cómo el Estado sigue sin responder a los reclamos del movimiento de mujeres y de diversidades sexuales y de género al aumentar drásticamente los casos de violencia doméstica, violaciones, femicidios y travesticidios.

Los travesticidios y transfemicidios no están en cuarentena

La baja expectativa de vida de la población trans es el último golpe que reciben por parte de un Estado discriminador. Pero previo a este destino fatal, sufren la negación del derecho al trabajo y a la educación (solo 1 de cada 10 tiene empleo registrado); la negación a la salud, tema que hoy está en boga, se profundiza por la falta de hormonas a nivel nacional. La negación al acceso a una vivienda digna es la causa de que muchas vivan hacinadas en las villas en condiciones paupérrimas. A esto se suma la expulsión por parte de las familias, que dejan en la calle a la juventud travesti/transexual por romper la heteronorma capitalista. Estas negaciones son ejecutadas por el gran brazo estatal, que en vez de abrir puertas al acceso de derechos, acciona como un gran aleccionador de vidas. A pesar de que existe una ley de identidad de género, no se destinan fondos para financiarla al igual que el flamante Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad creado por el gobierno de Alberto Fernández. Al fin y al cabo, la ley es papel mojado y se desnuda el carácter del Estado como el primer transfemicida.

El juicio de las travas

En junio del 2018 se conoció la sentencia al asesino de Diana Sacayán. Este fallo fue una victoria para las diversidades sexuales y de género que se organizaron en pos del reclamo de que se reconozca el crimen como “travesticidio”, quedando como primer antecedente no solo en Argentina sino también en el resto de América Latina. Dos años antes, en 2016, se comenzó a organizar la marcha “Basta de travesticidios” en memoria de la luchadora travesti matancera; la ley de cupo laboral trans, que obliga al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que al menos un 1% de sus empleados públicos sean personas travestis, transexuales y transgénero, lleva su nombre. Sin embargo, al igual que la ley de identidad de género, este cupo no se cumple.

El suicidio como consecuencia de la discriminación y el desamparo 

La inmensa cantidad de suicidios que suceden dentro de la comunidad Lgbti se desprenden de las condiciones materiales de miseria. Según estadísticas de la Fundación Huésped, un tercio de la población transfemenina ha tenido ideas o intentos de suicidio, mientras que para los transmasculinos hablamos de la mitad. Además, los jóvenes lgbt tienen al menos tres veces más probabilidades de realizar intentos de suicidio en comparación con los jóvenes heterosexuales. La salud, entendida en su sentido amplio, abarca las condiciones ambientales, sociales y culturales, las cuales son ampliamente vulneradas llevando a muchas personas a un estilo de vida dañino para sí mismas. Para poder lidiar con esta situación recurren al consumo de alcohol y sustancias para soportar la explotación sexual a la que se ven sometidas. El aislamiento social debido al rechazo y la baja autoestima, derivada del prejuicio y la estigmatización, concurren a agravar el problema que lleva a les compañeres a contemplar la no existencia antes de soportar el sufrimiento por solo llevar adelante su identidad. La OMS en 2003 declaró al suicidio como un tema de salud pública, sin embargo sigue siendo un tema silenciado donde el estado no provee los recursos para poder abordarlo.

En este contexto de aislamiento obligatorio, los daños psicológicos causados por el retroceso que implica frenar el tratamiento de reasignación hormonal se extienden cada vez más en esta población. La necesidad del financiamiento del sistema de salud y la producción estatal de hormonas son totalmente incompatibles con el pago de la deuda al FMI.

En conjunto con esto, la falta de educación sexual -que implica que la sociedad no tenga información ni elementos sobre la existencia de identidades y sexualidades diversas- cumple un rol fundamental que concluye en la marginación, causa principal del daño psicológico.

Vamos por un 3J de lucha

Pensar que el Estado capitalista va a poder resolver la inmensa cantidad de problemáticas que enfrenta la comunidad Lgbt termina siendo una ilusión. En los hechos, el Estado refuerza aún más la exclusión y la marginación hacia nuestro colectivo. Para poder luchar por nuestros reclamos es necesario un movimiento Lgbti independiente, con un programa político que pueda llevar adelante todas y cada una de las reivindicaciones del movimiento Lgbti. En esta jornada debemos retomar la lucha en las calles. Convocamos al conjunto del movimiento a sumarse a las actividades de agitación barrial y a la concentración en Plaza de Mayo a las 14h. En este día de lucha exigimos: ley de cupo laboral trans ¡ya!, que el Estado otorgue subsidios de $30.000 a la población travesti trans. Implementación y financiamiento de la ley de identidad de género. Frente a la falta de hormonas, producto de las rencillas del Estado con las farmacéuticas privadas, que el Estado se haga cargo de la producción de hormonas a nivel nacional. Presupuesto para combatir las violencias porque la deuda es con nosotres. Aborto legal ya, con el proyecto de la campaña. Separación de la iglesia y el Estado. No al pago de la deuda, que la crisis la paguen los capitalistas y que se financie el sistema de salud público. Rechazamos la formación lgbtiodiante de les profesionales de la salud, exigimos que los programas de estudio contemplen a las diversidades sexuales y de género para formar a les futures profesionales de la salud. Ley de educación sexual integral, laica y científica que contemple a las diversidades sexuales y de género. No al cierre de los Posgrados ESI en la formación docente, por infancias y adolescencias trans libres de violencias. Basta de transfemicidios y travesticidios. El Estado y los gobiernos son responsables. Nuestros derechos no están en cuarentena.