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21 de noviembre de 2017

Santa Fe: comenzó el juicio por el travesticidio de Vanesa Zabala

Fue asesinada brutalmente en Reconquista, al norte de la provincia.
Este 21 de noviembre comenzó el juicio por el travesticidio de Vanesa Zabala en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, luego de la inquebrantable lucha por justicia de sus familiares, vecinos, amigos y organizaciones LGBTI y de mujeres, como el Plenario de Trabajadoras Reconquista.
 
Vanesa Zabala, una chica trans de 31 años de la localidad de Reconquista (noreste santafesino), sin oportunidades laborales por su condición de género, recurría a la prostitución para poder subsistir. En la madrugada del 29 de marzo de 2013, fue asesinada en un descampado del acceso sur a la ciudad, en la denominada “zona roja”: fue salvajemente golpeada, estrangulada, violada y empalada.
 
Ante la falta de investigación de las autoridades, familiares, amigos y organizaciones LGBTI y de mujeres marcharon pidiendo por el esclarecimiento del asesinato. Dos semanas después, la policía, los fiscales y el juez de Instrucción, cuestionados por su lentitud en la búsqueda de sospechosos y de testimoniales, dieron con los asesinos con pruebas genéticas obtenidas de la autopsia.
 
Cuatro adultos –José Daniel Villasboas, Ana Virginia Abastos, José Luis Petroni y Gustavo Daniel Vallejos– y dos menores de edad fueron procesados y puestos en prisión preventiva acusados del travesticidio. Los menores, hoy mayores de edad, quedaron a disposición de la Subsecretaría de la Niñez y de sus familias. La Fiscalía daba por hecho que el juicio se iniciaría en el corto plazo.
 
En el marco de la transformación del sistema judicial penal de la provincia de Santa Fe, el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Reconquista se constituyó como querellante. Pero a un año del atroz crimen y con los imputados detenidos, unas mil personas volvieron a movilizarse pidiendo que se esclareciera el crimen: la modernizada justicia no había avanzado un solo paso en la conformación de un tribunal de jueces que emitiera sentencia, debido a las inconsistencias del nuevo sistema que, con bombos y platillos, el exgobernador Antonio Bonfatti (Frente Progresista, Cívico y Social) acababa de implementar. Además, este nuevo sistema judicial era garante de la impunidad: las causas del antiguo Código prescribirían.
 
En 2016, uno de los jueces que constituía el tribunal –Nicolás Muse Chemes, conocido por sus fallos misóginos– fue removido del cargo, situación que agravó la demora, ya que no se cubrió la vacante ni se retomó el proceso judicial. En marzo de ese año, tras haber cumplido tres años de prisión preventiva y al vencerse los plazos procesales establecidos por la reforma, se dispuso la liberación de los imputados. Con el nuevo sistema, a los acusados se les otorgó una suerte de prisión domiciliaria, que violaron sistemáticamente.
 
Pasaron casi cuatro años del crimen de Vanesa sin ninguna respuesta de la justicia, y su hermana Sandra pudo reunirse con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, y con el subsecretario de Diversidad de la Provincia, Esteban Paulón, a quienes interpeló por las demoras del proceso judicial y las irregularidades en torno al patrocinio del CAJ. La causa, encuadrada en el sistema judicial penal antiguo, quedaría archivada, ya que en abril comenzaría a regir por completo el nuevo sistema. Sandra también denunció que el tribunal –por entonces compuesto por los conjueces Aníbal Marchetti, Julio D. Thomas y Gustavo Ocaño– continuaba demorando la fecha del juicio, y solicitó poder constituirse como querellante con sus hermanas.
 
Los conjueces manifestaron que debido a la ausencia por licencia de uno de ellos no podían dar curso a ninguna resolución y, como remate, plantearon la ilegitimidad de la querella con la excusa de que las hermanas de Vanesa no eran figuras “personalísimas, como sí lo serían hijos, descendientes o padres”...
 
Aún así, la lucha y el reclamo por justicia de la familia de Vanesa no se restringirían a las maniobras del Estado que ampara y promueve estos crímenes. Al cumplirse cuatro años del brutal travesticidio, familiares y organizaciones volvieron a movilizarse masivamente en Reconquista para exigir justicia, que sus hermanas puedan constituirse como querellantes y que se ponga fecha de inicio al juicio oral. Varias organizaciones LGBTI realizamos una radio abierta frente a la Casa de Santa Fe en Buenos Aires; el PdT y  la 1969 replicamos el reclamo en Santa Fe, Catamarca y Córdoba con distintas acciones de visibilización de este terrible crimen de odio contra toda la comunidad LGBTI.
 
Finalmente, la presión popular logró que la causa no prescribiera por el cambio de sistema judicial penal, que Sandra pudiera constituirse como querellante, que se recusara el tribunal de conjueces y que se conformara uno nuevo (Gonzalo Basualdo, Ireneo Berzano y Claudia Bressán) para que se logre justicia de una vez por todas. El pedido de que el juicio se realizara en Reconquista fue desestimado y las audiencias empezaron en los tribunales de la aledaña ciudad de Vera. El caso cuenta con más de 60 testigos, entre los que hay varios policías que intervinieron en la investigación.
 
A cuatro años y ocho meses de demoras e irregularidades, la lucha y la organización popular han sido las herramientas claves para el desarrollo del reclamo y las denuncias hacia la responsabilidad del Estado.
 
¡Justicia por Vanesa Zabala! Basta de travesticidios. Inclusión laboral trans ya.

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