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17 de noviembre de 2018

Alerta: Quieren frenar en el Congreso la ley de cupo laboral travesti-trans

Las presidencias de las comisiones que deberían tratarlo, en manos del PJ y de Cambiemos, se niegan a hacerlo. 
Por Sofi Tau

Días previos a una Marcha del Orgullo que llevó el reclamo por el cupo laboral trans como una de sus consignas principales, comenzaron a tratarse en asesores de Diputados los distintos proyectos presentados sobre el tema –en algunos casos, como el proyecto del PO-FIT, desde hace más de 3 años cajoneado. Se trata de buscar una salida para la situación de emergencia en la que se encuentran las personas travesti-trans, cuya expectativa de vida es de 35 años.

El acuerdo suponía que el próximo martes el dictamen se trataría en la Comisión de Trabajo, lo que hubiera presentado condiciones favorables para su tratamiento en sesión antes de que concluya el año parlamentario. No obstante, a última hora del viernes, el presidente de Trabajo, Sergio Ziliotto (PJ), dio marcha atrás con su compromiso. 

El proyecto que se niegan a tratar

El proyecto sobre el cual llegaron a consenso los asesores, si bien es progresivo frente a la nula legislación nacional en torno al cupo laboral travesti-trans, implicó realizar importantes concesiones para que prospere. El proyecto de “consenso” contempla la posibilidad de que el colectivo lgtbi+ sea incorporado a la planta del Estado bajo cualquier modalidad de contratación –nuestro proyecto establecía que debía ser en planta permanente y con un salario igual al costo de la canasta familiar– y el cupo para la contratación en el Estado quedó fijado en sólo un 0,5% – el   mismo porcentaje vale para las empresas privadas–, lejos de lo reclamado por las organizaciones travesti-trans. 

Mención aparte merece que el bloque del FPV –con la adhesión del oficialismo– insistía en aplicar exenciones impositivas a las empresas que cumplieran con la ley. Finalmente quedará en manos del Poder Ejecutivo el diseño de “políticas de incentivo a las empresas”. Pero las leyes son coercitivas por sí mismas; a los trabajadores y trabajadoras no nos incentivan para cumplirlas: por el contrario, nos castigan si las incumplimos. Las travestis y trans de los barrios son quienes llenan las comisarías por tener que salir a las calles en situación de prostitución chocando de lleno con sus primeros agresores, la policía. ¿De qué premio por cumplir la ley nos vienen a hablar si los códigos contravencionales se imponen a la fuerza?

Un Congreso dominado por el lobby clerical

En un Congreso que viene de rechazar el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, vuelven a evidenciarse una vez más su completo divorcio de cualquier causa democrática y popular y sus compromisos con el clero. Es cierto que en el impulso a este proyecto han trabajado diputados de casi todos los partidos (a excepción del Frente Renovador), pero que no pueden garantizar el voto afirmativo de sus bloques. 

Algo similar ocurre con la reforma de la ley de educación sexual para garantizar su carácter laico, obligatorio y respetuoso de la diversidad, que tiene dictamen de comisiones desde septiembre, pero no llega al recinto debido a que ninguno de los firmantes mueve un pelo para que se trate. Romina Del Plá organizó una audiencia pública para denunciar esta situación e impulsar su inmediato tratamiento, mientras los bloques patronales se subordinan a la presión de las iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de la comunidad lgbt+. El movimiento de las disidencias tiene que salir a enfrentar esta ofensiva y defender sus derechos en las calles 

Organización y lucha, el único camino

En este panorama, es fundamental que el movimiento lgbt+ se organice con los métodos de lucha que supo adoptar el movimiento de mujeres. Tenemos que movilizarnos para reclamar que se trate la ley de cupo laboral travesti-trans en las comisiones y el recinto. 

Llamamos a todas las organizaciones de lucha de las disidencias sexuales y de género, a organizarnos y votar en conjunto un plan de lucha que garantice la conquista de este derecho fundamental para mejorar las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero.

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