fbnoscript
12 de diciembre de 2018

Expulsan a un joven estudiante de una escuela católica salteña por ser homosexual

La lucha de sus compañeros y familiares y el amparo del Estado provincial a los colegios confesionales.

La historia de Santiago Coraita y sus compañeros se convirtió en noticia nacional. El “prestigioso” Colegio Santa María al que pertenecían, hostigó hasta el hartazgo al primero por su orientación sexual y luego expulsó a otros cuatro estudiantes que motorizaron una campaña en favor de su compañero.

El gobernador Juan Manuel Urtubey se pronunció contra la institución por Twitter, cuando previamente su Ministerio de Educación la había respaldado.

Familiares y amigos denuncian que Santiago Coraita, de 16 años, había tenido que vivir, dentro del colegio Santa María, situaciones de claro avasallamiento a sus derechos básicos. El motivo no era su comportamiento, o el hecho de haber transgredido el reglamento ni mucho menos su desempeño académico, sino su orientación sexual. Sus familiares denunciaron en la justicia y en los medios cómo, a pesar de haber sufrido un sistemático bullying por parte de compañeros y tutores, las autoridades siempre hacían eje en él y en su “provocación”, que no era otra que la de usar una pulsera con los colores que representan al colectivo LGBT.

En septiembre de este año los directivos convocaron a Santiago en solitario y de imprevisto a una reunión. Le pidieron que se quitara la pulsera pues “significa lo mismo que el pañuelo verde” de la causa por la legalización del aborto. Con firmeza, el joven defendió su derecho a la expresión; luego los directivos le dieron la razón pero le dijeron que “las pulseras en sí están prohibidas”. Una clara mentira que dejaba al desnudo la arbitrariedad.

En una entrevista dada a diario El Tribuno, el padre de Santiago lo explica claramente: Violaron todas las normas. Hubo una intromisión indebida a su privacidad. Es un hecho grave, en cuanto a quienes tienen la tutela de nuestros hijos se dirijan de esa manera, en un claro abuso de autoridad. Todas las normas hablan del interés superior del niño” (11/12).

Santiago abandona el colegio y sus compañeros iniciaron una movida en su apoyo, mandándole mensajes, subiendo fotos en las redes y criticando con dureza a la institución. Los descargos de estudiantes contra sus colegios son comunes en las redes, pero esta vez las autoridades no podían permitir que la campaña por Santiago prosperara y decidieron expulsar a los promotores. No hicieron más que desatar un repudio mil veces mayor que llegó a los medios nacionales y obligó a Urtubey a responder: "Di instrucciones al Ministerio de Educación para que hagan valer los derechos de Santi y sus compañeros", en medio de la presión y luego de que su ministra hubiese apoyado al Santa María.

Las resoluciones del ministerio todavía no se conocen, pero es claro que el repudio social va inclinando la balanza a favor de los estudiantes.

Colegios confesionales: subsidios públicos, reglas arbitrarias

El Ministerio de Educación salteño amparó la discriminación, al defender a los directivos bajo la idea de un “derecho de admisión de una institución privada con normas propias”. Amparándose en ello, varios colegios han viabilizado arbitrariedades y censuras, como la negativa clerical a la implementación de la Educación Sexual Integral –en línea con el artículo 5 de la ley votada durante el kirchnerismo, que deja su aplicación al criterio de las instituciones.

Se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la organización estudiantil para luchar por una educación sexual, científica y laica que barra con la discriminación y los prejuicios. El propio padre de Santiago lo señala con claridad en su entrevista cuando dice: “Eso pasa porque estamos en una cultura homofóbica. Porque hay otro chico que es diferente a su orientación sexual y sin que haga nada genera miedo o bronca. Eso hay que cambiar, eso se logra con educación. Si mi política como institución educativa deliberadamente es no dar educación, lo que estoy haciendo es dejar impunes esas conductas homofóbicas y tantas otras. Hay una naturalización de esto. Anteriores situaciones, como otros chicos que habían pintado carteles en son de burlas contra Santi, pegados dentro del colegio. Eso ocurrió dentro del colegio y no en las redes, pero no hubo sanciones”.

Estas instituciones son tratadas por la ley como “públicas de gestión privada” y su pomposa denominación sirve para recibir subsidios estatales, los que en Salta suman 800 millones en 2018 y 1.100 para 2019. Todos estos recursos sin dar la menor rendición pública, a pesar de los seis pedidos formales hechos por la bancada del Partido Obrero en Diputados. De fondo, se plantea la necesidad de la nacionalización de la educación, para terminar con el oscurantismo dominante en los colegios confesionales y las arbitrariedades contra la docencia, a la que en muchos casos no se le respeta el estatuto ni la pauta salarial.

A diferencia de decenas de episodios en los que las familias, por diversos motivos, no actuaron contra la discriminación, el caso del colegio Santa María ha quedado registrado por los medios y denunciado en la Justicia. La movilización de las mujeres durante 2018 por el aborto y contra los femicidios y las del colectivo LGTB han tenido una enorme respuesta entre la juventud salteña, sobre todo la que asiste a instituciones religiosas y vive la discriminación diariamente. Es una muestra de la vitalidad de un movimiento que tiene mucho desarrollo por delante.

En esta nota:

Compartir

Comentarios