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12 de abril de 2020

Perú: continúa la persecución y criminalización a la comunidad LGBT+

Por
Candelaria Benjamín Castro Agrupación LGBTI 1969y Lu Martínez

En los últimos días salió a la luz un video donde se muestra a tres mujeres trans siendo maltratadas por la policía. En el mismo se ve como las obligan a hacer sentadillas y decir en voz alta “quiero ser un hombre”, por haber incumplido la cuarentena. 

La comunidad LGBT+ en Perú enfrenta una lucha histórica por el reconocimiento legal de la unión de personas del mismo sexo, imposibilitado por la ausencia total de educación sexual, la falta de información y la influencia de las iglesias y organizaciones conservadoras que ejercen una presión política insistente para que no haya un avance en derechos hacia nuestra comunidad. 

Tampoco existe una ley de identidad de género que les reconozca como sujetos de derecho, teniendo que hacer el cambio de documento por vía judicial y eximiendo la responsabilidad del Estado de que se garanticen los derechos básicos para una persona que desea transicionar. Incluso estando en vigencia un decreto legislativo desde enero del 2017 que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBT+.

Perú es actualmente uno de los países de América Latina que menos respeta a la comunidad LGBT+. Este video es un ejemplo de muchos sobre la violencia que ejercen las fuerzas represivas hacia la comunidad LGBT+ y en particular a las personas travesti trans, sobre todo en este periodo de cuarentena donde las fuerzas represivas, al igual que en Argentina, están en las calles para garantizar el cumplimiento de la misma ya que en Perú el Estado tampoco provee a les trabajadores los recursos para poder mantener la cuarentena, además de que el desfinanciamiento en salud se demuestra en la falta de recursos para enfrentar un posible pico de casos. 

La situación de la comunidad travesti-trans en Perú no dista mucho de lo que sucede en Argentina, a pesar de que en nuestro país estamos más avanzados en materia de derechos. La no implementación de la identidad de género y el transodio es algo que se replica a nivel continental e internacional, donde el Estado no se hace responsable de las violencias que sufre la comunidad LGBTI ni el movimiento de mujeres. Incluso en nuestro país, teniendo un flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, no se respeta la ley de Identidad de Género, que actualmente está en el poder y no se preocupa por el financiamiento y el cumplimiento de la misma, una ley que ellos mismos se adjudicaron como conquista y son los primeros en incumplirla. 

El desfinanciamiento en salud provocado por el compromiso del pago de la deuda externa de Alberto Fernández se refleja en los faltantes de hormonas a nivel nacional desde fines de 2019, cuando la ley especifica que es responsabilidad del Estado proveer de hormonas a toda persona que desee hacerse el tratamiento de reasignación de género.

Tampoco hay una adopción de políticas que permitan sostener la cuarentena teniendo en cuenta que la mayoría viven de la prostitución. Por el contrario, vemos recomendaciones por parte de Ammar, sindicato reconocido por la CTA, sobre cómo las personas en situación de prostitución deben tratar a los clientes para evitar contagios. Es reconocido el papel que están cumpliendo los sindicatos durante esta cuarentena, donde les trabajadores están siendo afectades y donde la situación de desocupación está agravándose por los despidos que están habiendo a lo largo y a lo ancho del país, a pesar del decreto de Alberto Fernández. Una vez más la burocracia sindical juega en contra de les trabajadores, y las recomendaciones de Ammar van en la misma línea con su intención de legalizar la prostitución, y mantener el negocio proxeneta incluso en este período de cuarentena, en vez de luchar por trabajo genuino para la población travesti-trans.

Es necesario organizar los reclamos de toda la comunidad LGBTI de manera independiente denunciando al estado y los “sindicatos” que buscan la permanencia de la opresión y la violencia hacia nuestras identidades. 

Desde la agrupación LGBTI 1969 repudiamos la violencia por parte del estado hacia la comunidad LGBTI peruana y reclamamos trabajo genuino para la comunidad travesti trans a través de la existencia de una ley de cupo laboral trans a nivel nacional, cumplimiento real de la ley de Identidad de Género incluida la producción por parte del estado de las hormonas para personas trans, cupo laboral travesti-trans y el desmantelamiento de las redes de trata. 

Solo a través de la organización independiente del movimiento LGBT+ y de todos los estados, luchando codo a codo con la clase obrera es que podremos lograr la conquista de todas nuestras reivindicaciones.

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