Amancay Diana Sacayán, activista y referente del colectivo trans y travesti, fue hallada brutalmente asesinada a puñaladas en su departamento de Flores el 13 de octubre de 2015. Es el primer caso de crimen contra una travesti que es caratulado como femicidio, producto de la lucha de sus amigos y familiares.El horrendo fin de la activista generó una gran conmoción en la sociedad, en particular en el colectivo LGBTI. Recién hoy, la causa de Diana se encontraría próxima a la instancia de juicio oral y público, con dos imputados por el crimen de odio.

 

Diana nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975 y era descendiente del pueblo diaguita. Cuando era una niña, su familia se mudó a la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde vivió la pobreza en carne propia junto a sus 15 hermanos y hermanas. Desde los 17 años asumió su identidad travesti; debido a los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y de género en Buenos Aires, sufrió la persecución policial: sus derechos fueron vulnerados en varias ocasiones con encarcelamiento por el solo hecho de ser travesti.

 

Fue en la cárcel donde Diana comenzó un recorrido político para lograr el reconocimiento de las identidades trans y acciones para la inclusión social del colectivo LGBTI. Diana no estaba dispuesta a resignarse y naturalizar la realidad de violencia y muerte por la que transitaban y transitan cotidianamente las mujeres trans, y junto a sus compañeras de Laferrere se organizó contra el hostigamiento policial y los asesinatos. Fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género y del cupo laboral en la provincia de Buenos Aires.

 

La situación del colectivo trans en nuestro país es crítica. En un marco de crisis, a una persona trans le es casi imposible conseguir un trabajo estable, acceder a la salud integral, al esparcimiento y poder emprender estudios. La vulnerabilidad social empuja a la mayoría de las chicas trans a la prostitución y las redes de explotación sexual; están expuestas a adicciones, al VIH y enfermedades de transmisión sexual; se someten a intervenciones quirúrgicas clandestinas; son perseguidas y amedrentadas por la policía; violentadas y asesinadas por la barbarie de la heterocisnormatividad. La esperanza de vida del colectivo trans es de tan solo 35 años: un verdadero genocidio silencioso.

 

Ayer 12 de octubre, a dos años del travesticidio de Diana, la “Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán -Basta de Travesticidios” mantuvieron un encuentro con la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, y la titular de la Fiscalía de Instrucción N.° 4, Cristina Caamaño, para interiorizarse de los avances en la causa que, respecto a un imputado, se encuentra próxima a la instancia de juicio, en tanto se profundiza la investigación por la responsabilidad de otro acusado.

 

El crimen de Diana Sacayán se ha sumado a una lista de casos resonantes en el país: el de Marcela Chocobar en Río Gallegos, el de Laura Moyano en Córdoba, el de Ayelén Gómez en San Miguel de Tucumán, el de Vanesa Zabala en Reconquista, el de Pamela Tabares en Pérez… los de tantas compañeras más salvajemente asesinadas –cuyos familiares y amigas, que exigen justicia, denuncian la complicidad del poder político, que continúa garantizando la impunidad.

 

Para dar una salida positiva de conjunto al movimiento LGBTI, las mujeres y los trabajadores frente a la escalada de violencia que promueve el ajuste y la represión del Estado y los gobiernos, impulsemos la organización y movilización independiente como método para avanzar en la justicia por todas las víctimas, por educación sexual, para que se implemente la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires aprobada hace ya dos años, y que se trate y se apruebe en el Congreso Nacional el proyecto de cupo laboral trans en el Estado y sus dependencias presentado por la diputada nacional Soledad Sosa del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que aún se encuentra cajoneado.