El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba tratará este jueves 10 el proyecto de Cupo Laboral Trans. La normativa, que obliga al Municipio a destinar “una proporción no menor al 3% del total de su personal” a la incorporación de personas trans, ya cuenta con el despacho positivo de las comisiones de Equidad y Género, Economía y Legislación General.

Los despachos favorables fueron arrancados por una larga y persistente lucha que vienen desarrollando los diferentes colectivos trans y LGTBI. Les compañeres de la Agrupación 1969 LGTBI, junto a Ser Trans, ATTTA Córdoba y activistas independientes han protagonizado varias concentraciones frente al Concejo Deliberante y diversos recorridos por los bloques, mientras copan las redes sociales con una intensa campaña de adhesiones que recoge el apoyo de periodistas, artistas y personalidades de organizaciones sociales y políticas.

Paralelamente, desde la 1969 se encuentran en la ardua y necesaria tarea de desarrollar un empadronamiento de personas trans en situación de prostitución. Recorriendo las zonas rojas de la ciudad, las compañeras trans han tomado la iniciativa de organizar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esta intensa organización por el cupo laboral responde a la delicada situación que vive el colectivo. A pesar de la ausencia de estadísticas oficiales, según datos parciales difundidos por diversas organizaciones civiles como el  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (COPADI) y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), el 90% de las personas trans se encuentra trabajando de manera informal, mientras que el 85% está en situación de prostitución. 

Expuestes a la exclusión familiar, social y laboral, la situación del colectivo trans se ve agravada al calor de la profunda crisis económica. La violencia que supone trabajar en la calle, como así también al constante riesgo de contraer enfermedades fatales, arroja un promedio de vida de 35 años. A esta situación se suman las mutilaciones por intervenciones médicas de riesgo, a las que se someten ante el incumplimiento de los derechos establecidos por la Ley de Identidad de Género (reasignación sexual, tratamientos hormonales, etc.).

En este cuadro de exclusión y vulnerabilidad, fijar un cupo mínimo del 3% para permitir el acceso al trabajo genuino en la órbita estatal constituiría un enorme avance para las personas trans, particularmente aquellas en situación de prostitución.

Sobre el proyecto y la polémica con el PJ

El texto que cuenta con despacho por mayoría fue firmado finalmente por la concejal radical Miriam Acosta, y surge de una serie de proyectos presentados por las diversas organizaciones trans y LGTBI. El 3% fijado alcanza a todas las dependencias municipales, organismos descentralizados, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, las empresas privadas con participación mayoritaria del Estado Municipal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Asimismo, cuenta con una serie de modificaciones a las propuestas originales, dejando en manos del Ejecutivo municipal la definición de los criterios de “idoneidad para el cargo”, como así también los criterios de concurso, sin prever el acceso a la formación y/o capacitación laboral necesarios, lo que supone un principio de exclusión para las personas más afectadas, que no cuentan con estudios o formación académica. Quedará pendiente la lucha por la reglamentación para el libre y democrático acceso a este derecho, mediante la formación estatal.

Aun así, el proyecto es abiertamente superador frente a la propuesta iniciada por el bloque del PJ, quién asumirá como el oficialismo municipal en los próximos meses. Con la creación de un “programa de inclusión”, el proyecto del peronismo intenta trasladar los programas socio-laborales que tiene en la provincia a la municipalidad. Sin reconocer relación de dependencia alguna con el Municipio, este programa crearía una especie de “beca de trabajo” por un plazo determinado de tiempo y una remuneración que no alcanza el salario mínimo, al mejor estilo de los programas Primer Paso (PPP) y de Inserción Profesional (PIP). Es decir, a la exclusión laboral el PJ le responde con más precarización.

Que sea ley

Con la fortaleza de la intensa campaña desarrollada por el colectivo trans, vamos este jueves a una gran concentración a las 10:30 h frente al Concejo Deliberante, para rechazar cualquier tipo de maniobras, y garantizar la inmediata aprobación del cupo laboral, que garantice el acceso al trabajo genuino a todas las personas trans. Asimismo, nos alistamos junto a una delegación de compañeras trans para participar en el 34° Encuentro de Mujeres y Disidencias y conquistar un plan de lucha nacional por la verdadera inclusión laboral y sanitaria trans.

Desde el Plenario de Trabajadoras llamamos al conjunto del movimiento de mujeres a abrazar esta lucha, como un primer paso para poner freno al genocidio silencioso al que está expuesto el colectivo, que ya se ha cobrado en lo que va del año la vida de más de 30 mujeres trans.