El movimiento LGBTI conquistó en Orán (Salta) que se apruebe una Ordenanza para la incorporación a la planta permanente de la administración municipal a personas transexuales, transgénero y  travestis, reservando el 2% del personal, para el ingreso del sector.

Es un triunfo de la movilización de las compañeras trans y de un debate político que superó las posiciones oscurantistas de la Iglesia, que tutelan a los gobiernos del intendente Marcelo Lara Gros y de Juan Manuel Urtubey en la provincia.

El Proyecto fue aprobado la semana pasada en el Concejo Deliberante, e inmediatamente fue vetado por Lara Gros, hombre vinculado al Opus Dei. Se necesitaba entonces una mayoría agravada para su insistencia. La movilización de la comunidad trans, acompañada en todo momento por el Partido Obrero, logró que se dé por unanimidad la insistencia de la Ordenanza, lo que le impone promulgación obligatoria.

El proyecto original presentado por un ala del PJ era una carta de intenciones y solo proponía que dos personas ingresaran a trabajar al municipio sin contemplar sus derechos laborales. La intervención de la bancada del PO impuso una serie de modificaciones que transformaron ese proyecto demagógico en un instrumento político, donde se incluyó el cupo de ingreso de un 2% del total de la planta y que los trabajadores ingresen directamente con estabilidad laboral permanente -lo que motivó el veto. El bloque oficialista junto al PJ insistió en sacar ese artículo, pero el PO insistió y se respaldó en la movilización para que finalmente fuera aprobado en esos términos.

La ciudad de Orán se convierte así en el primer municipio de la provincia de Salta en aprobar una ordenanza de inclusión laboral, que atiende la demanda de un sector de trabajadoras marginadas por la discriminación, víctimas frecuentes de crímenes de odio (47 asesinatos durante el 2017). Y esta victoria se produce  en el interior de la provincia de Salta, donde prevalece la desocupación y el trabajo en negro.

La vocera de la comunidad trans hizo uso de la palabra en el recinto del Concejo Deliberante y dijo: “desde muy niñas nos vemos discriminadas, incluso nuestra familia nos da la espalda, nos expulsan de nuestros hogares, luego tenemos que soportar la discriminación de la sociedad, pero lo peor de todo es soportar la discriminación del Estado, por eso nos dolió en el alma el veto del Ejecutivo. Queremos el cupo para terminar con el brutal rechazo y marginalidad social que sufrimos”, concluyó.

A su turno la concejal Nely Díaz, que preside la bancada del PO, sostuvo que “tenemos que derrotar el veto de Lara Gros, que es el veto del Obispo. Es parte de la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. A ellos no les importa que la expectativa de vida de las chicas trans apenas supere los 40 años” y señaló que “quieren disfrazar el veto con argumentos sindicales, en nombre de que hay muchos trabajadores que piden pasar a planta permanente desde hace años. Desde la bancada del PO le decimos a los gremios que nuestras puertas están abiertas para organizarnos y luchar por el pase a planta de todos los trabajadores, y no por ello vamos a resignar el cupo de las minorías explotadas”.

Las repercusiones de la marea verde siguen desbordando en cada rincón del país, la lucha por sus libertades cada vez cobra mayor confianza y valor,  pero el cumplimiento de esta Ordenanza ahora deberá pasar por la prueba de su real aplicación y ese es el indicativo para seguir luchando, sobre todo cuando estamos frente a un Estado que desde hace años aplica el ajuste de Macri y Urtubey, realizando la obra pública y los servicios con trabajadores precarizados y en negro.

La separación de la Iglesia se impone en la práctica para avanzar con los derechos de las mujeres trabajadoras y la experiencia en la lucha así lo demuestra.