El pasado domingo, desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo Disidente se convocó a un #Banderazo como respuesta al ataque sufrido por un grupo de antiderechos que atentaron contra la bandera Lgtbi queriéndola bajar en una clara provocación y acto de odio hacia nuestra comunidad. Además, se cuestionó la demagogia de quienes gobiernan y se niegan a aprobar el cupo laboral trans.

En ese sentido se cuestionó al gobierno del PJ liderado por Martín Llaryora que había declarado que quedaría izada de manera permanente y solo la dejaron hasta las 12 de la noche del domingo que fue bajada y entregada al activismo disidente que se encontraba en el lugar. Con el banderazo se condenó la pasividad de la Policía provincial que actuó protegiendo a los violentos en total connivencia con ellos.

Cabe recordar que los antiderechos también rompieron la placa de homenaje por el día del orgullo, y agredieron violentamente con cadenas a activistas de la diversidad que se congregaron masivamente contra este avance oscurantista.

Con el banderazo también se rechazaron los dichos de Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, quien izó la bandera argentina junto a los antiderechos, diciendo que esta nos incluía a todos en un claro acto de postración al oscurantismo que en su gran mayoría se identificaba con los pañuelos celestes de la campaña de las “dos vidas”. El gobierno municipal no exigió justicia ni pronunciamiento frente a los ataques recibidos por los agresores perfectamente identificados.

Señalamos que esta violencia es la expresión de un conjunto de ataques materiales y discriminaciones contra el colectivo que se agravaron durante la pandemia, y cuya responsabilidad es del gobierno.

Además este banderazo se despegó del nuevo izamiento que hizo el gobierno municipal en otra parte del Parque Sarmiento donde realizarán un centro cultural para la diversidad sexual. En el acto se denunció enfáticamente que esa decisión se realizó con organizaciones unilateralmente, sin el consenso de las demás; haciéndole una lavada de cara a un municipio que despide trabajadores y utiliza la precarización laboral como “histórica inclusión”, como mano de obra barata contra trabajadores de planta.

Desde la 1969 Lgbti intervenimos en la jornada con las compañeras trans denunciando la impostura de Llaryora y exigiendo la aprobación del cupo laboral trans cajoneado desde el año pasado. Llamamos a unificar un programa independiente del gobierno que pretende hacerse el inclusivo, y ni siquiera puede sostener una bandera cediendo a la presión de un grupo de antiderechos.

La exclusión laboral y la postergación social del colectivo se agravaron durante la pandemia, es necesario una verdadera inclusión, no demagogia.

Desde ahora, nos organizamos para continuar la movilización con toda la fuerza y fortaleciendo la organización independiente del Estado para conquistar cada una de las reivindicaciones pendientes.

 

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