La joven trans Azul Montero, de 23 años, fue asesinada en una pensión ubicada cerca del Puente Alvear, en la ciudad de Córdoba. Azul estaba cuidando la habitación de otra compañera que estaba de viaje y su cuerpo fue encontrado ayer por la mañana por otra joven trans, quien dio aviso a la Policía.

 

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la víctima fue apuñalada.

 

Este es un caso más que se suma a los crímenes de odio en nuestra provincia, como los de Laura Moyano, Estrella Belén Sánchez y muchas otras. Y se añade a la numerosa lista de crímenes contra la comunidad trans en toda la Argentina. La expectativa de vida de sus integrantes promedia los 35 años, en un marco de marginación de todo derecho laboral, educativo o sanitario.

 

Esto pone de manifiesto la necesidad de redoblar la movilización para exigir Justicia por Azul y multiplicar los esfuerzos por la inclusión integral del colectivo trans. Es que, a pesar de haberse aprobado la ley de identidad de género, el Estado sigue sin asignar presupuesto para su efectivo cumplimiento.

 

Un pedido de informes realizado recientemente por nuestra diputada nacional Soledad Sosa al jefe de gabinete Marcos Peña sobre la Ley de Identidad de Género reveló esa ausencia total de asignación presupuestaria y el ajuste que se viene aplicando al colectivo. Esto, en el marco del avance oficial con las reformas tributaria y laboral, que van más a fondo aún contra nuestras necesidades materiales y de vida. 

 

Desde la 1969 LGBTI exigimos Justicia por Azul Montoro y hacemos responsable al Estado, que nos condena al genocidio silencioso y a la marginalidad absoluta.