Las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, que fueron conquistadas luego de una fuerte lucha contra la reacción clerical y pro familia, no significaron una transformación de la vida material y cotidiana de la mayoría de las personas LGBTI. A las condiciones de vida del conjunto de la clase social que trabaja -esto es precarización, hambre y represión- se le suman las circunstancias particulares que vive la diversidad: discriminación, violencia y marginación.

 

Los travesticidios y los crímenes de odio son noticia cotidiana y la impunidad es garantizada por el Estado como en el caso de Higui, que pudo defenderse pero cuyos agresores siguen libres. Casos como Laura Moyano en Córdoba, Pamela Moreno en Santiago del Estero y de Marcela Chocobar en Santa Cruz muestran esta situación que se repite.

 

Las grandes organizaciones de la diversidad que se autodenominan la conducción cada año en la marcha del Orgullo han mostrado su total adaptación y cooptación al Estado. ATTTA (asociación de travestis, transexuales y transgénero de Argentina) ha acordado con Rodríguez Larreta la creación de una Casa Trans en la ciudad que acaba siendo no un impulso a la lucha por los derechos elementales de las personas trans y travestis, sino una integración de una burocracia trans con el Estado y su policía que persigue y amedrenta a las compañeras en situación de prostitución.

 

Las leyes mencionadas no han elevado la vida de las personas LGBTI ni siquiera al nivel del conjunto de la clase trabajadora: muestra de ello son los crímenes de odio, el callejón de la prostitución para trans y travestis y la expectativa de vida de 35 años del colectivo trans. El ajuste de Macri y los gobernadores de todos los bloques políticos busca quebrar al conjunto de los trabajadores y pasarle la factura de una nueva quiebra nacional.

 

La coalición del ajuste se alinea además tras la figura del Papa Francisco, enemigo declarado del colectivo LGBTI. Prosigue la injerencia de la Iglesia en la educación y la salud, y su correlato en el recrudecimiento de la violencia hacia las personas LGBTI. Las declaraciones recientes de Monseñor Aguer han mostrado como el nuevo Papa no ha traído ninguna reforma progresiva a la institución inquisidora.

 

La lucha por la libertad para Higui mostró un método para encarar la lucha, el frente único de lucha para visibilizar el caso: que Higui estaba presa por mujer, lesbiana, pobre y por seguir viva. Nuestras fuerzas se dispusieron en ese sentido, y como con el caso de Belén, conquistamos la libertad.

 

La diversidad sexual debe participar de las elecciones con una política independiente. El Frente de Izquierda se posiciona consecuentemente en defensa de estos reclamos. En ese sentido fue que presentó proyectos de ley en el Congreso nacional y en las legislaturas, declaraciones como la de Soledad Sosa por la libertad para Higui y participó de las grandes movilizaciones de los últimos meses contra los travesticidios, por Higui y por #NiUnaMenos. Marcelo Ramal, actual candidato a diputado nacional por la Ciudad, presentó en 2016 el proyecto cupo laboral trans en la Legislatura porteña.

 

El Frente de Izquierda construye a diario una alternativa política en defensa de los trabajadores. Por educación sexual laica y científica, por la inclusión laboral trans, por la implementación del plan de salud trans, por el cese de la persecución y la violencia. Las personas LGBTI que vivimos de nuestro trabajo, tenemos en el Frente de Izquierda una herramienta para luchar por todos nuestros reclamos.