Luego de una larga lucha del colectivo trans, el pasado 31 de octubre la Legislatura de la provincia de Santa Fe aprobó la ley de cupo laboral que pretende incluir a personas transgénero, transexuales y travestis.

Acorde a la norma, se requiere que su identidad esté rectificada en el territorio provincial y se reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo "en el Estado provincial (con sus tres poderes), sus órganos descentralizados y autárquicos, las empresas del Estado y con capital mayoritariamente estatal". De ese registro, el 5% podría ocupar espacios en sectores estatales de manera permanente, contratada o transitoria. 

El proyecto original planteaba un cupo del 10% en el Estado, para una población que no supera las mil personas, según informó el funcionario de la Secretaría de Género de la provincia.

Pamela, Vanesa y todxs, ¡presentes! 

Entendemos este paso como una conquista de la lucha consecuente y permanente del sector LGBTI. Teniendo en cuenta que ya en diez localidades de nuestra provincia está sancionado el cupo, han redoblado la apuesta y conseguido presionar al Senado provincial para que en todo el territorio se avance en materia de inclusión y protección de la comunidad trans. La real implementación de la ley significará un avance en las condiciones materiales de toda la comunidad trans, que hoy tiene una expectativa de vida menor a los 40 años producto de que son empujadxs a ejercer la prostitución como único medio de vida y no gozan de educación, salud y vivienda dignas. 

Lograr tal aplicación será un enorme desafío, si miramos la situación crítica que están atravesando los trabajadores municipales y estatales de  la provincia, con dificultades en el cobro de los sueldos y amenazas de recortes en distintas áreas, en medio de una transición de crisis entre la salida del Frente Progresista y la asunción de Perotti. Hasta ahora, solo cinco provincias -Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Chaco- aprobaron legislaciones de este tipo, pero ninguna lo cumple todavía (Ojo de Prensa, 1/11).

La provincia que gobierna el Frente Progresista no está exenta de la desigualdad, la discriminación y persecución a personas trans. Hasta 2010 rigieron contravenciones que las mantenían en la ilegalidad. En 2017, cuando fue asesinada Pamela Tabares, sus compañeras declararon que había pedido asistencia al Estado reiteradas oportunidades, ya que no tenía acceso a una vivienda o un salario, recibiendo como respuesta del gobierno cursos de capacitación con un alcance nulo en lo laboral. Hoy su asesinato sigue sin esclarecerse. Otros casos emblemáticos, como el travesticidio brutal de Vanesa Zabala -a quien como tantas otras el régimen había condenado a la prostitución- conmovieron a la comunidad.

La batalla que emprendemos desde el movimiento de mujeres junto al movimiento LGBTI tiene también como objetivo la real aplicación de la educación sexual laica y científica, que las Iglesias y los gobiernos de distintos colores políticos han bloqueado, como sucedió con la ley provincial de ESI.

Viva la lucha del colectivo LGBTI. Continuemos la pelea por un movimiento independiente de los gobiernos del régimen y por la sanción e implementación del cupo laboral travesti trans en todo el país.