Amalia Granata, diputada por la provincia de Santa Fe y reconocida antiderechos de las mujeres y diversidades, generó controversia por sus declaraciones respecto al colectivo travesti-trans y las condiciones de vida que afrontan, en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, el miércoles por la noche. La diputada comenzó por afirmar que “los trans tienen privilegios”. Más allá de que su referencia a “los” trans refuerza un imaginario donde a las personas trans se les niega su género autopercibido, los dichos de la diputada refuerzan una línea de ajuste que va a afectar de lleno a las diversidades sexuales y de género.

En primer plano lo que se pone en debate es la cuestión del presupuesto, donde para la diputada disponer de dinero para cubrir los tratamientos hormonales y las operaciones está en contraposición con la pobreza que azota al país y como es sufrida por las infancias. Lo que oculta es que ambas suponen un gasto público y lo que intenta hacer Granata es poner a pobres contra pobres.

Tanto el movimiento piquetero que se organiza en las barriadas como el conjunto del movimiento LGBTI+ ha salido a las calles por la falta de alimentos, de acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo genuino y por la insuficiencia de los pocos planes sociales otorgados por el gobierno, que se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Y haciendo este movimiento, apuntando contra la población travesti-trans, que el año pasado conquistó el cupo laboral trans a nivel nacional, se pretende descargar la responsabilidad del ajuste en las diversidades sexuales y de género.

Corriéndose por derecha del gobierno que se apropia y se adjudica las conquistas y las luchas de la comunidad LGBTI+, Amalia Granata se lava las manos sobre la responsabilidad de su arco político que pacta con el Fondo Monetario, provocando más pobreza y ajuste que será descargado sobre la clase trabajadora. Por más preocupación que muestre sobre las infancias pobres, su agenda política no responde a los intereses de lxs desocupadxs sino al de las empresas privadas y el clero, punto en el que no discierne del kirchnerismo, que necesita la contención social de las iglesias para implementar y desarrollar su plan de ajuste.

Las diversidades sexuales y de género no son un gasto para el Estado, cuando el Estado prácticamente no invierte ni un peso en financiar las leyes que existen. El presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue subejecutado, y es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades imperantes de las mujeres y las identidades y sexualidades diversas. El pacto con el Fondo Monetario pone en riesgo no solo la implementación de las leyes conquistadas sino que plantean un retroceso en derechos para la clase trabajadora y este retroceso contará con la aprobación y la ayuda de las iglesias.

“El trans no es incapacitado por ser trans. Tiene manos, pies, cerebro…”, argumenta la diputada, claramente desconociendo la realidad que atraviesa el colectivo LGBTI+ y aún más la comunidad travesti-trans no binarie donde el acceso al trabajo es nulo y donde la deserción estudiantil producto de la discriminación en los ámbitos educativos es moneda corriente.

La problemática que está detrás es la pobreza en la que estamos sumidas las diversidades sexuales y de género persiste, a pesar de haber conquistado leyes como el cupo laboral trans. Hoy en día una persona trans puede desaparecer yendo a una propuesta laboral, como le pasó a Tehuel de la Torre y hace un año estamos reclamando su aparición con vida. A su vez, la falta de una educación sexual laica y científica que contemple a las diversidades sexuales y de género le da carta libre al clero para difundir su contenido oscurantista, antiderechos y LGBTIodiante, promoviendo la exclusión que sufre la comunidad LGBTI+ a nivel social.

Es contradictorio que un gobierno que se proclama progresista, que se adjudique la conquista histórica de la ley de identidad de género y de cupo laboral trans, no haya dispuesto un presupuesto acorde para el cumplimiento de ambas leyes. Dicha contradicción se esclarece al tener en cuenta que el presupuesto que falta es destinado a pagar la deuda usuraria con el fondo monetario. El recorte del gasto público para cumplir con las condiciones planteadas por el FMI va a plantear un recorte en el presupuesto destinado al cumplimiento de ambas leyes.

El derecho a la identidad y al acceso al trabajo no son derechos diferenciales como lo plantea la diputada. Son leyes que son necesarias porque el Estado capitalista y clerical atenta contra toda persona o colectivo que se ubique por fuera de la cisheteronorma capitalista y de la familia tradicional, básica para la reproducción de la clase obrera. Aunque haya un gobierno más o menos progresista todos están de acuerdo en el amedrentamiento y la exclusión hacia las diversidades sexuales y de género.

El discurso de Amalia Granata apunta a conformar un enemigo interno para utilizar como chivo expiatorio para militar el ajuste que se viene. Como agente del clero encarna un discurso que la ultraderecha clerical reproduce en todo el mundo para arremeter contra las minorías, las diversidades sexuales y de género y las mujeres. El espacio político de Granata, Frente Unite por la Vida y la Familia, surgió de la organización “Con mis hijos no te metas” compuesta por las iglesias católicas y evangélicas en contra de los derechos de las diversidades y de las mujeres.

En defensa de nuestros derechos y por la mejora de nuestra calidad de vida debemos salir a las calles por la separación de la Iglesia y el Estado, la implementación y financiación del cupo laboral trans y la ley de identidad de género, por una ESI que contemple a las diversidades sexuales y de género, contra el amedrentamiento estatal ya sea a través de las fuerzas represivas o por la Justicia y contra el ajuste que vendrá de la mano con el pacto del gobierno contra el FMI.