Este miércoles 30 de agosto estaba previsto en el temario de la sesión legislativa tucumana el tratamiento del cupo laboral trans.  La propuesta establece un cupo de un 1% en la administración pública provincial, a partir de la unificación de dos proyectos presentados. 

 

Luego de la enorme marcha por el transfemicidio de Ayelén, joven encontrada brutalmente asesinada en las inmediaciones del parque 9 de julio, se había logrado el compromiso de su tratamiento ya que contaba con dictamen favorable de la comisión de legislación social desde el 30 de junio al que se plegó también el de la comisión de derechos humanos.  

 

Sabiendo de las maniobras que podían presentarse, como resultado de la ligazón que tienen distintos legisladores con la Iglesia, se había resuelto realizar una concentración y que un grupo numeroso entrase a presenciar la sesión. 

 

Las sospechas y previsiones no tardaron en demostrarse fundadas, ya que desde las primeras horas de la mañana se supo que aquellos iban a plantear que volviera a comisión el tema. El representante de esta operación fue el legislador radical Raúl Albarracín, quien dijo que la ley iba vulnerar el principio constitucional de igualdad al no plantearse la idoneidad como requisito para acceder a los empleos.

 

Invierte los argumentos: el Estado, que no es de ningún modo el garante de los derechos individuales sino un órgano de dominación de clase, es el verdadero promotor de la desigualdad cuando fomenta la discriminación contra el colectivo LGTBI  y lo condena a la miseria, la descalificación laboral y educativa. Lo que el movimiento de lucha pretende, con estas leyes, es precisamente reparar en forma parcial esta injusticia.

 

Claramente, el legislador pretende que las personas trans sigan teniendo una expectativa de vida de 40 años y que sigan siendo arrojadas a la prostitución y captadas por las redes de trata. 

 

Detrás de la posición de este legislador se esconde la completa postración del resto de los legisladores a la Iglesia y a sectores reaccionarios que pretenden mantener la discriminación y la heteronorma como forma de disciplinamiento. Ninguno de los legisladores oficialistas (PJ) o del resto de los bloques dio una pelea sostener el tratamiento. Se escudaron en que es un derecho de cualquier legislador que no pudo debatir en comisión pedir que se retire el tratamiento de un tema. Solo un pequeño sector de legisladores se retiró de la sesión.

 

Vamos a responder como organización y movilización a este ataque y ya está convocada una reunión de la Mesa por Ayelén junto al Ni una Menos para debatir un plan de lucha.

 

 

 

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