El domingo 3 de diciembre se realizó en la ciudad de Santa Fe la Marcha del Orgullo, que reunió a unas 2.000 personas. A la marcha, al documento único y al festival suscribieron una veintena de organizaciones sociales, agrupaciones y los partidos políticos de gobierno. 

La marcha se dio en el marco de un verdadero plan de guerra contra la clase trabajadora y los sectores más vulnerables, como lo es la comunidad LGBTI, en un año que comenzó con la fuerte lucha por la liberación de Higui.

Ajuste, nuevos tarifazos y reformas antiobreras, que están siendo aprobadas sin vacilamiento en el Congreso por la mayoría del conjunto de los bandos políticos; crímenes de Estado, como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en una escalada represiva que no deja de crecer. Mientras tanto, se siguen cajoneando el Cupo Laboral Trans y su tratamiento a nivel nacional, y se implementa un Protocolo de Detención LGBTI que naturaliza y le da forma a la represión contra nuestra comunidad por parte de las mismas fuerzas que nos persiguen y detienen, que torturan y violentan a las compañeras trans en las comisarías, y que incluso están involucradas en casos de travesticidios y de narcotráfico.

La situación en Santa Fe

El gobierno de Miguel Lifschitz viene aplicando un ajuste contra los trabajadores, y la dura derrota electoral de su comitiva en la provincia ha sido la excusa perfecta para profundizarlo con la aceptación de las reformas antiobreras nacionales, con más tarifazos y recortes de los presupuestos provinciales. Estos ataques contra la clase obrera agravan la situación del colectivo LGBTI, que continúa estando en absoluta desventaja, como se ve particularmente en la extrema vulnerabilidad del colectivo trans. El "progresismo" que gobierna la provincia es el principal responsable de la impunidad del travesticidio de Vanesa Zabala, asesinada con brutalidad en Reconquista en 2013; a Pamela Tabares la Subsecretaría de Diversidad Sexual provincial le negó una ayuda que tanto les solicitaba, y terminó fatalmente fusilada en Pérez; en la ciudad de Santa Fe, la justicia sigue sin investigar los travesticidios de Fernanda “Coty” Olmos (asesinada en 2015) y de Chiche Castañeda (asesinada en 2016).

Los poderes ejecutivos provincial y municipal –este último a cargo de Cambiemos– no destinan presupuesto alguno para el colectivo y perpetúan el funcionamiento de las redes de trata y las situaciones de violencia y discriminación; no cumplen con la ley de Identidad de Género; no inician ninguna educación sexual en las escuelas por la connivencia que tienen con la curia, usina de homolesbotransfobia; no generan políticas que favorezcan las condiciones materiales ni trabajo para la diversidad. El Frente Progresista, el PRO, el FpV y el PJ se encargaron de que en el Congreso perdiera estado parlamentario la ley de VIH-Sida y ETS; los femicidios, travesticidios y crímenes de odio son amparados por las fuerzas públicas; posibilitan que sigan desapareciendo mujeres, en la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios según la cantidad de población; es decir, incrementan la violencia estatal en línea con el Gobierno nacional.

La Comisión Organizadora de la Marcha

Pese a que fuimos convocantes en la marcha del 2016, este año no fuimos invitados a la Comisión Organizadora. Sin embargo, asistimos a varias reuniones e intervinimos en los grupos de redes sociales, dando una discusión sobre las consignas y la necesidad de que haya un micrófono abierto que permita la libre expresión de las agrupaciones. En todas las ocasiones se manifestó completa hostilidad hacia cualquier planteo de abrir la deliberación política, porque estaba todo ya guionado previamente y la mayoría de las organizaciones no quería acceder a un debate sobre la interpelación al poder político. 

Había un palpable acuerdo cerrado del conjunto de la CO en no abrir la discusión sobre las consignas y el documento y, sobre todo, en operar en un bloqueo a cualquier crítica al Gobierno, al Estado y a la responsabilidad política del poder. Con métodos casi policiales, nos censuraron agresivamente la posibilidad de convocar a la marcha cuando fuimos invitados por un programa de una radio comunitaria local, y hasta amenazaron con expulsarnos de los grupos de redes sociales por no ser organizadores.

Más grave aún: la conclusión del hermético documento único fue la de deslindar la responsabilidad política del Estado y cargar esa culpa a la sociedad; una ruinosa inversión que va en línea con un discurso gubernamental, estatista y en favor del poder establecido, intentando transportar esa responsabilidad a “Una familia y una escuela que expulsan, una salud que desconoce, una sociedad que discrimina y una justicia que ignora”… Todo, menos el Estado y el Gobierno.

La fecha de la marcha respondía a una agenda de gobierno: el día previo (¡a un domingo!), los funcionarios progresistas inaugurarían en la ciudad una casa trans; la cosmética política no se llegó a dar y ya no se podía dar vuelta atrás al calendario oficial. El lugar de la movilización, nuevamente lejos de los centros de poder político, era una vista típica santafesina que activaría el mercado rosa del comercio y el transporte, en la zona residencial de la Costanera. Pero lo más importante para la CO era el festival: se priorizaban los espectáculos y las inversiones municipales en el acto de dispersión por sobre los reclamos de la comunidad invisibilizada y oprimida. A todas luces, entonces, se blanqueó el verdadero carácter oficialista de una marcha totalmente institucionalizada.

Nuestra participación

Desde la 1969 y el PdT participamos en una columna independiente, ya que esta tiene como objetivo impulsar la organización del colectivo de manera independiente del Estado, los gobiernos, las patronales y la Iglesia, por medio de una denuncia consecuente y en apoyo a una marcha que tiene expresión en todo el país y que se viene realizando desde hace muchos años, lo que muestra cómo ha crecido la lucha, para romper con el inmovilismo y por todas nuestras reivindicaciones.

No cedimos ante las maniobras descalificadoras de voceros integrados que buscaron disfrazar de 'unidad' la ausencia de un programa contra los ataques del Estado. Las expectativas en el Gobierno y su política de cooptación desvirtúan el contenido de una marcha que debe levantar nuestros reclamos.

El ataque de los gobiernos patronales nos exige preservar la independencia política de nuestro movimiento para defender las conquistas logradas y pelear por las reivindicaciones pendientes. Sigamos organizándonos contra el Estado y el régimen social responsables de la violencia hacia nuestro colectivo. Defendamos nuestra independencia política de los Gobiernos de turno y sus opositores patronales.

Cupo laboral trans ya. Educación Sexual laica y científica. Cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y acceso integral a la salud. Aborto legal, seguro y gratuito. Abajo el ajuste y la represión a la protesta social. Abajo el protocolo represivo LGBT de Bullrich. Separación de la Iglesia del Estado. Abajo las reformas antiobreras del pacto de Macri, la CGT y los gobernadores. Basta de travesticidios, femicidios y crímenes de odio: Justicia por todas las compañeras asesinadas y violentadas. El Estado y los Gobiernos son responsables.

 

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