LGBTI

4/12/2014|1343

Las migajas del Estado frente al genocidio trans


El Estado Nacional accionó nuevamente su mecanismo de cooptación del movimiento LGTBIQ y particularmente del movimiento trans de la mano de un proyecto de ley presentado por la diputada kirchnerista María Rachid.


El proyecto propone una medida de “resarcimiento histórico” para las personas trans mayores de 40 domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires que tengan DNI rectificado de acuerdo con la ley de Identidad de Género.


Si bien en un primer momento se habló de 8.000 pesos, Rachid lo desmintió y culpó a Macri por el aumento de los parámetros de medición. La cifra real del subsidio no supera los 2.400 pesos.


La situación del colectivo trans en nuestro país es crítica. En un marco de crisis, a una persona trans se le hace muy difícil, si no imposible, conseguir un trabajo estable, acceder a la salud integral, al esparcimiento y poder emprender estudios.


El VIH y las enfermedades de transmisión sexual, la violencia policial, los crímenes de odio, las intervenciones quirúrgicas clandestinas, la prostitución y la vida en la calle, producto de una expulsión temprana de la vida familiar y el sistema escolar, nos coloca en una condición de extrema vulnerabilidad. La ignorancia, la violencia y la transfobia que permean a nuestra sociedad, nos empujan a un promedio de vida que no supera los 35 años.


En este panorama se posiciona Rachid cuando sostiene que las personas trans mayores de 40 son sobrevivientes. Sin embargo, no apunta a modificar las causas de nuestro flagelo. No proponen una salida de conjunto fuera de un subsidio miserable para quienes tengan la suerte de no perecer bajo las condiciones de vida a las que nos somete este sistema.


La ley nacional de Identidad de Género sigue sin reglamentación por el Ministerio de Salud, a casi tres años de su sanción. Esa reglamentación es fundamental para el acceso gratuito a la salud integral de las personas trans, y constituye uno de los pilares para garantizar la libre expresión de la identidad autopercibida.


Un subsidio “reparador” no es la respuesta ante la desigualdad y la violencia que atraviesan nuestras vidas. La forma de resarcirnos es a través de la inclusión social, laboral y educativa, la atención sanitaria y la reglamentación efectiva de la ley de Identidad de Género. Si el Estado no da respuesta, la movilización conquistará estos derechos.


Convoquemos a la organización y la movilización para dar una salida de conjunto al movimiento LGBTIQ, las mujeres y los trabajadores, y para que se trate y apruebe en el Congreso Nacional y en todas las provincias el proyecto de cupo laboral trans del 3% en el Estado y sus dependencias, ya presentado en Córdoba por la bancada del Frente de Izquierda.


Despleguemos una gran campaña y avancemos por la conquista de nuestros derechos.