La diputada nacional Soledad Sosa presentó un proyecto de declaración del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para que la Cámara de Diputados se pronuncie por la libertad para Higui, presa por ser lesbiana y defenderse de un ataque sexual en banda. El proyecto también repudia el accionar de la Comisaría 2° de San Miguel, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 25 de Malvinas Argentinas, y del Juzgado de Garantías en lo Penal N° 6 de San Martín, provincia de Buenos Aires, por el trato discriminatorio contra la mujer.

 

El 16 de octubre de 2016, en el partido de San Miguel, Eva Analía de Jesús (Higui) fue atacada por diez hombres que intentaron violarla como castigo por ser lesbiana, amenazándola de “empalarla”. No pudieron lograrlo porque ella -que fue golpeada hasta quedar casi inconsciente- se defendió y, en resguardo de su propia vida, le ocasionó una herida mortal a uno de sus atacantes con un elemento punzante que tenía a mano.

 

Higui, una mujer trabajadora y lesbiana que hoy tiene 42 años, era constantemente hostigada por este grupo de atacantes, que pretendían aplicarle una “violación correctiva” sobre su orientación sexual.

 

A ella no se le ha reconocido la legítima defensa en que actuó, ni el beneficio de la duda con prisión domiciliaria hasta que se esclarezca el caso. Sufrió violencia institucional desde el momento de la detención, en un proceso plagado de irregularidades. El Estado y sus instituciones que criminalizan a la víctima, protegen a los atacantes, una banda de criminales lesbofóbicos sueltos en San Miguel.

 

Mientras tanto, Higui se encuentra detenida en una cárcel de Bellavista. Su familia, padres y hermanos, denuncian amenazas por parte de los atacantes y familiares del atacante fallecido.

 

El proyecto presentado por Sosa denuncia que “la situación que está viviendo Higui es un caso concentrado de violencia social e institucional, que refleja la responsabilidad del Estado en la promoción de los prejuicios más retrógrados contra la población LGTBI. El Estado no solo desampara a la víctima, sino que la criminaliza en lo que pretende ser un mensaje aleccionador sobre toda la comunidad LGTBI”.

 

Las masivas movilizaciones de las mujeres contra la violencia de género en nuestro país apuntan a las responsabilidades estatales en la desprotección de las víctimas y en las condiciones materiales precarias de existencia a las que los distintos gobiernos someten a las mujeres trabajadoras y a la enorme mayoría del colectivo LGBTI, que se ve azotado por los crímenes de odio y femicidios.

 

En todo el país se están conformando coordinadoras de organizaciones y mujeres para llevar adelante acciones que vi-sibilicen la situación de Higui, que es un reflejo de lo que padece el colectivo de gays, lesbianas, trans, travestis, bisexuales. El proyecto presentado por nuestra bancada en el Congreso es un aporte a esta lucha.