Con la expansión de la pandemia y la extensión de la cuarentena obligatoria, el colectivo travesti trans está siendo uno de los sectores más golpeados. A la exclusión social, educativa, familiar y laboral a las que están sometidas las personas trans cotidianamente, se suma ahora la extrema precariedad en que deben sobrellevar el confinamiento obligatorio. Sin ingresos, en viviendas precarias de barrios periféricos, sin acceso a tratamientos y atención sanitaria de ningún tipo, y excluidas de toda asistencia social específica, este colectivo no sólo se encuentra aún más expuesto a la violencia física que ya se ha cobrado la vida de 22 mujeres trans travesti transgénero en lo que va del año, sino que las transforma en uno de los principales grupos de riesgo ante el Covid-19.

La situación de exclusión y violencia no es nueva para este colectivo. Es por esto que desde hace años se viene reclamando la aprobación del Cupo Laboral Trans, tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante, para garantizar una inclusión laboral genuina e integral. La respuesta del ejecutivo municipal a esta demanda ha sido la de incorporar en el programa “Servidores Urbanos” aun grupo de mujeres trans, para desarrollar tareas varias a cambio de una beca de $10.000, es decir, cambia trabajo genuino por precarización laboral.

Aunque Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia afirme que desde la municipalidad se quiere “trabajar en una política para incluir a los sectores de la diversidad, ya que tienen una doble vulneración a sus derechos (por la discriminación y por la pandemia)”, lo cierto es que las condiciones en que las y los trabajadores precarizados deben cumplimentar con sus labores, expone aún más su salud. Es por medio de este programa que tiene vigencia sólo hasta fin de año, que desde el municipio se ha enviado a decenas de trabajadores a las barriadas más humildes a desempeñar tareas de limpieza y desmalezado para combatir el dengue, sin reparar en los más básicos elementos de protección personal. Hace pocos días cobró estado público una fuerte denuncia por el estado de desprotección en que jóvenes precarizados desempeñaban tareas en Hogar III, uno de los barrios periféricos más afectados por la circulación comunitaria del Covid- 19.

La impostura es total. El funcionario afirma que en necesario “tomar con más naturalidad la inclusión de las personas trans”, sin embargo, basta con recordar que fue el bloque del PJ, actualmente oficialismo en la ciudad, el que rechazó el año pasado en dos oportunidades la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto que fija un cupo laboral trans del 3%, bloqueando luego su tratamiento durante el resto del 2019.

La lucha por el cupo laboral trans en nuestra provincia lleva años. En 2019, ante el agravamiento de la crisis económica y los transfemisidios, tomó un nuevo impulso conformándose la Asamblea Travesti Trans que agrupa a varias organizaciones del colectivo. Su lucha tenaz,  de la cual formó parte la 1969 impulsando un empadronamiento en las zonas rojas que fue presentado ante concejales de diferentes bloques y funcionarios municipales, puso al desnudo la total ausencias de políticas estatales relativas una verdadera inclusión del colectivo LGTBI, la lucha contra la violencia y los crímenes de odio.

La inclusión de un grupo de mujeres trans en el programa “Servidores Urbanos” es el reflejo de la fuerte lucha sostenida por este colectivo, por un lado, y los intentos de Llaryora y su equipo de funcionarios políticos por enterrar definitivamente el reclamo por el cupo laboral trans, por el otro. Con la aprobación del proyecto que el PJ rechazó en el Concejo Deliberante, las tareas que hoy desempeñan las “servidoras urbanas” deberían encuadrarse bajo el convenio colectivo de trabajo municipal, con capacitación, equipamiento e insumos adecuados para desempeñar el trabajo, con jornadas laborales reguladas, estabilidad, un salario acorde a las funciones desarrolladas, en blanco y con aportes.

Así las cosas, Llaryora no sólo se ahorra el pago correspondiente por el trabajo, reemplazando tareas que debieran desarrollar empleados de la municipalidad por trabajo precario, sino que despliega una fuerte demagogia para enterrar la lucha por el cupo laboral trans.

En medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, se vuelve más necesario que nunca disponer de medidas de emergencia y políticas de fondo para atender la realidad de uno de los colectivos más vulnerables. Desde el Frente de Izquierda defendemos incansablemente la lucha por la aprobación del cupo laboral travesti trans. El acceso a un trabajo genuino para este colectivo fuertemente excluido es un deber del Estado; por esto planteamos que las personas que ingresan por medio del programa “Servidores Urbanos” deben ser  incorporadas a la planta municipal. Asimismo, exigimos un inmediato relevamiento del estado de situación del colectivo, para que se disponga de un exigimos subsidio de $30.000 inmediato a todas aquellas personas travesti trans que no perciban ingresos, o perciban un ingreso inferior a $35.000, como así también alojamientos transitorios en caso de que así se requiera. En este sentido, impulsaremos un empadronamiento para desarrollar la organización de todas las personas afectadas por la situación y demandar al ejecutivo municipal se dispongan los recursos necesarios para atenderlas.