La dictadura militar de 1976 tuvo como principal objetivo el exterminio de la vanguardia obrera más avanzada y combativa que había gestado procesos como el Cordobazo, es decir, lograr lo que no había podido Perón luego de su vuelta, la “normalización” del país, la eliminación de “la guerrilla fabril”. Sin embargo, uno de los focos de persecución, y de los menos hablados, fue la población LGBT+ y su naciente activismo, pionero en toda América Latina.

Argentina: cuna del movimiento LGBT+ en América Latina

Ya en 1967 (en medio de la dictadura de Onganía) se organizó el primer agrupamiento LGBT+ “Grupo Nuestro Mundo” en Lomas de Zamora, municipio del Gran Buenos Aires. Uno de sus fundadores había sido Héctor Anabitarte, exmilitante del Partido Comunista, separado de su organización y enviado al psiquiatra por pedir que se tratara el tema de la homosexualidad, y delegado sindical del Correo. El origen de Nuestro Mundo marcó desde entonces las características “peligrosas” del activismo LGBT+. Luego esta agrupación devendría en el Frente de Liberación Homosexual (FLH) junto con otras 10 organizaciones en 1971.

El peronismo y sus satélites, como el PC y el PCR, profundamente ligado -por izquierda o por derecha- a las Iglesias, rechazaba cualquier tipo de incorporación de personas homosexuales a sus filas, lo que se expresó en su famoso canto “no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FAR y Montoneros”. Anabitante llegó a contar que “con otros activistas del FLH fueron a conversar con asesores de Cámpora, muy solidarios ellos, que le aseguraron que cuando tomasen el poder, los homosexuales tendrían la posibilidad de curarse en campos de rehabilitación”.

Ya desde el 73, el gobierno de Perón había lanzado una campaña de moralidad a través de la policía federal en la que los agentes tenían vía libre para cortar cabello, vello facial y vestimenta de cualquier persona que expresara cualquier manifestación sexual fuera de la cisheteronorma capitalista y católica. Este desprecio se profundizó ya llegando al 76, cuando las razzias en boliches gays se volvían más y más habituales, de la mano de la detención de cualquier persona que se involucrara en actividades de ese tipo. Fue el mismo Ministerio de Bienestar en 1975 que a través de su revista “El Caudillo” llamó a sus lectores a “acabar con la homosexualidad” asociándola con el marxismo internacional.

Finalmente, la dictadura acabó con las agrupaciones de activistas que existían a principios de la década del 70. El FLH se desmembró y algunos de sus integrantes, como Nestor Perlongher (quien en su trayectoria militante tuvo una experiencia junto a la TERS / Política Obrera) terminaron en el exilio.

Durante el llamado “Proceso de reorganización nacional” cobraron más fuerza los edictos policiales que habilitaban sobre todo a la División de Moralidad de la policía federal a perseguir a las diversidades sexuales y de género, quienes eran encarceladas y muchas, además, torturadas bajo la excusa de la infracción de los artículos 2F (vestir prendas del sexo opuesto) y 2H (Escandalo publico) o el ejercicio de la prostitución. Durante el mundial de 1978 las brigadas de moralidad ordenaron “espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente” y detuvieron a más de 1400 personas en diversos operativos.

La lucha contra la invisibilización y persecución en democracia

En el informe Nunca más que elaboró la CoNaDep no se nombra ninguna persona detenida o desaparecida por su orientación sexual o identidad de género. De los pocos datos y documentaciones sobre estos atropellos resalta el aporte de Carlos Jauregui quien en su libro “La homosexualidad en Argentina” denuncia que 400 casos no fueron incluidos en el “Nunca Más” debido a las presiones de la iglesia católica.

Existen testimonios de personas que sufrieron esta persecución en primera persona, tales como el de Valeria Del Mar Ramírez que fue detenida y torturada en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield” durante septiembre de 1977, debido a su identidad travesti.

Su testimonio forma parte de los previstos en el juicio por los hechos ocurridos en este centro, que se desarrolla desde el 27 de octubre del año pasado – primero de una persona trans travesti víctima de las torturas durante la dictadura. También Ivanna Aguilera, secuestrada en el batallón 121 de Rosario, raptada junto a otras compañeras por camiones del ejército a cinco cuadras de su casa. Durante su detención sufrió violencia sexual y tortura, además de insultos hacia su identidad y su orientación sexual.

Luego de concluida la dictadura la persecución a las diversidades sexuales y de género no mermó, como tampoco los casos de gatillo fácil, y se sostuvieron los códigos contravencionales, algunos de ellos continúan hasta hoy. No podemos dejar de señalar el rol de los gobiernos democráticos posteriores al proceso dictatorial que poco y nada hicieron para terminar con esta violencia hacia las identidades y sexualidades diversas.

Fue esta continuación de las mismas prácticas violentas y represivas que empujó nuevamente al activismo a reagruparse en defensa de sus vidas, contra los edictos policiales, en nuevos grupos como la CHA, y a buscar generar lazos con organismos de DD.HH. como Madres de Plaza de Mayo, movimiento que impulsaba una lucha feroz contra el Estado y los gobiernos encubridores.

Contra la represión de ayer y de hoy: nosotres SI marchamos

A pesar de que Argentina aparece como el país más avanzado en legislaciones progresivas para la población LGBT+, nuestra situación material no ha mejorado y tampoco han desaparecido las expresiones de violencia y represión por parte de los gobiernos. Sin ir más lejos, ni el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, ni el peronismo a nivel nacional o en la Provincia de Buenos Aires han aplicado el Cupo Laboral travesti trans, dejando a miles de personas trans, travestis y no binaries a la deriva. Dentro del recinto de Diputados, ni JxC ni el Frente de Todos han puesto una fecha para tratar el dictamen que supuestamente habría de tratarse en las Sesiones Extraordinarias del verano pasado.

Por otro lado, el envalentonamiento de la policía y el aumento de efectivos en todo el país, dejaron como saldo una mayor persecución, en particular, a personas travestis y trans, y, según informes, 152 crímenes de odio registrados en 2020, 11% llevados adelante directamente por las Fuerzas de Seguridad. Este dato no es sorprendente teniendo en cuenta que solo en la Policía Bonaerense hay más de 6mil denunciados por violencia de género, y más del 80% sigue en funciones.

El Gobierno “gay friendly” de Alberto Fernández y su Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lejos de traer soluciones para el colectivo, han dibujado “políticas de género” como el “listado online” para la inscripción al cupo laboral travesti trans, mientras que vacían cualquier programa y dispositivo LGBT en el ámbito de la salud, trabajo, vivienda, y educación de presupuesto, destinando sus recursos a la policía, y el pago de la deuda externa.

Los que salieron con bombos y platillos a anunciar la derogación del Protocolo Represivo de Bullrich son herederos de los mismos vicios y prácticas que han tenido históricamente, como brazo ejecutor de un Estado cuyos intereses no se corresponden con los nuestros.

Desde la Agrupación LGBTI+ 1969 entendemos que debemos marchar este 24 de Marzo, ocupando las calles, contra la represión e impunidad de ayer y de hoy.

Exigimos cárcel efectiva a los genocidas y la apertura de los archivos. Denunciamos que la persecución a las diversidades sexuales y de género permanece vigente gracias a la complicidad de los gobiernos capitalistas y las Iglesias. ¡Fuera Berni! Derogación de los códigos contravencionales y desmantelamiento del aparato represivo.

¡30.400 compañeres detenides desaparecides, presentes!