LGBTI

18/8/2005|913

Persecución contra homosexuales

Unas treinta asociaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos —entre ellos Internacional Lesbian & Gay Association (Ilga), Act Up, Francia Tierra de Asilo y el Sindicato de la Magistratura— denunciaron en París que “las prácticas homosexuales son condenadas por la ley en al menos 80 estados”, como Argelia, Senegal, Camerún, Puerto Rico, Nicaragua, Líbano o Jordania. En algunos casos, la homosexualidad se castiga con la pena de muerte (Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Mauritania, Emiratos Arabes, Pakistán, Sudán o Yemen), y en otros con cadena perpetua (Uganda). Más allá de las sanciones previstas por la ley, “la violencia policial o social somete a menudo a los homosexuales de esos países a la estigmatización, a la intimidación, al acoso y hasta a la tortura”, señalaron. “Sus prácticas son consideradas contrarias a la naturaleza, a la cultura, al cristianismo, al islam, etc. En las zonas urbanas prevalece la clandestinidad y en las rurales, el aislamiento. La homosexualidad es un tabú por excelencia”, añade el manifiesto, titulado “La homosexualidad no es un crimen”.


El informe sólo recoge las penas legales, “por lo que no se incluyen países que persiguen las relaciones homosexuales sólo en algunas zonas (por ejemplo, regiones musulmanas de países africanos y asiáticos donde se aplica la sharía o los estados de Estados Unidos donde la sodomía está castigada). (…) Tampoco se consideran países donde la homosexualidad y la transexualidad no son delito, pero en los que las acciones de grupos paramilitares o de bandas contra ellos quedan casi siempre impunes, como México o Brasil” (El País, Madrid, 23/5).


Según el listado de la Ilga, en la mitad de los países la ley se refiere solamente a los homosexuales masculinos. Las relaciones lésbicas no están ni permitidas ni prohibidas, “simplemente porque las relaciones entre dos mujeres siguen siendo algo impensable para muchos legisladores”.


La situación en la Argentina es conocida: aunque la ley no “castiga” la homosexualidad, las parejas del mismo sexo no tienen los derechos civiles de las parejas heterosexuales. Tampoco se castigan los actos de odio hacia gays y lesbianas —por eso no son punibles las declaraciones homofóbicas permanentes de la Iglesia y de algunos medios de comunicación—. La policía, además, persigue implacablemente a las travestis, hecho “legalizado” por el Código Contravencional porteño.


Los firmantes de París han hecho “un llamamiento público” a los gobiernos de todos esos países para despenalizar la homosexualidad. Y aquí queda en evidencia el límite flagrante de la política “institucional” por los derechos de las “minorías sexuales”. La opresión sexual forma parte del interminable abanico de opresiones del capitalismo. Ningún llamamiento desvinculado de la lucha general de los oprimidos tiene mayor destino que el del papel mojado. Los gays y lesbianas de Estados Unidos comenzaron a conquistar ciertos derechos democráticos después de “la batalla de Stonewell”, del 28 al 29 de junio del ’69, cuando centenares de gays y lesbianas de Nueva York se enfrentaron toda la noche en las calles con la policía, después de que algunos fueran detenidos en una redada. La elección —como herramienta exclusiva de lucha— del “lobby” y la negociación parlamentaria o ante los organismos internacionales (la Ilga es consultora de la ONU 1) demuestra que muchas organizaciones de gays y lesbianas han olvidado su propia historia.


Otro camino han elegido las organizaciones de la diversidad sexual que participan de la ANT. Unidas al movimiento piquetero, han unido la lucha por sus reivindicaciones a la lucha por la independencia política de la clase obrera y los explotados. Y las organizaciones piqueteras han hecho suyas estas demandas.


Entre las reivindicaciones votadas por unanimidad en la V ANT se incluyen:


Investigación, juicio y castigo de los responsables de las 110 travestis asesinadas y de los crímenes de odio contra gays y lesbianas. Inclusión de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales en los planes de empleo, vivienda, salud y educación, y su reconocimiento como jefes de familia. Cambio de identidad de género en el DNI sin necesidad de intervención quirúrgica. Libertad y gratuidad para las operaciones de adecuación. Trabajo sobre la homofobia, lesbofobia, travestofobia al interior de las organizaciones del campo popular. Efectiva separación de la Iglesia del Estado.